Pataz, un distrito ubicado en la sierra oriental de la región La Libertad, Perú, se encuentra sumido en una grave crisis de seguridad debido a la creciente influencia del crimen organizado, atraído por sus ricas reservas de oro. Este conflicto ha escalado recientemente tras el homicidio de 13 mineros, lo que ha colocado a Pataz en el centro del debate tanto a nivel nacional como internacional.
Un recorrido realizado por el diario local El Comercio revela que el procesamiento del oro ocurre tanto dentro como fuera de Pataz, donde únicamente hay dos comisarías menores encargadas de proteger más de diez anexos que conforman esta localidad. A pesar de que el Gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en 2024, los actos violentos no han cesado. En diciembre de 2023, un ataque perpetrado por delincuentes resultó en la muerte de diez agentes de seguridad y dejó a quince personas heridas debido al uso indiscriminado de explosivos.
La ley del revólver
Un trabajador anónimo de Poderosa, una de las empresas mineras más afectadas por la violencia, describió la situación en Pataz diciendo: «Acá rige la ley del revólver, es tierra de nadie». Los mineros ilegales están irrumpiendo en las operaciones de Poderosa al atravesar sus galerías subterráneas con el fin de robar mineral o tomar control sobre áreas estratégicas dentro de los extensos túneles construidos por la compañía minera.
El domingo pasado, Poderosa confirmó la tragedia y afirmó que «el espiral de violencia descontrolada que vive Pataz» persiste a pesar del estado de emergencia y la presencia significativa de fuerzas policiales que no han logrado detener el deterioro en las condiciones de seguridad en la zona.
Crecimiento del crimen organizado
La situación se agrava aún más con el auge del crimen organizado. Un gerente de la minera reveló que los mineros ilegales poseen recursos económicos y técnicos considerables, además de contar con un brazo criminal que les permite operar sin restricciones. Esta realidad pone en evidencia el avance imparable de la minería ilegal, que se ha convertido en una economía ilícita predominante en el país, acompañada por su estela de violencia y contaminación.
Poderosa resumió esta problemática al afirmar que lo ocurrido en Pataz refleja un avance innegable hacia una minería ilegal ya convertida en la principal economía ilícita del país.
Acciones gubernamentales y futuro incierto
A medida que los precios del oro continúan aumentando, se hace evidente que este fenómeno está beneficiando principalmente a las operaciones ilegales. Según Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), «el oro ilegal que exporta Perú supera al oro legal exportado por Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia juntos», lo cual resalta la magnitud del problema.
Afrontando esta crisis destructiva, Poderosa hizo un llamado urgente para que el Gobierno, las empresas privadas y la sociedad civil colaboren para enfrentar y derrotar esta situación antes de que sea demasiado tarde. En respuesta a estos acontecimientos alarmantes, Boluarte anunció recientemente un toque de queda en Pataz, junto con planes para establecer una base militar y permitir que las Fuerzas Armadas asuman el control total en la zona minera.
La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
13 |
Miners asesinados |
10 |
Agentes de seguridad muertos en un atentado |
15 |
Heridos por el uso de explosivos en el atentado |
10+ |
Anexos que conforman la localidad |