La Junta critica la reforma de Justicia como un "invitado que no paga" del Gobierno español

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha expuesto en una Comisión parlamentaria el “reto de primerísimo nivel” que enfrenta la Junta para adaptar los 85 partidos judiciales andaluces a la Ley de Eficiencia, publicada en el BOE el pasado 2 de enero. Este desafío conlleva un “coste importantísimo que no estaba previsto cuando se aprobaron los presupuestos de la Junta”, y las comunidades con competencias transferidas, como Andalucía, están asumiendo esta carga sin financiación estatal. “Es un yo invito y tú pagas llevado al máximo extremo”, ha denunciado.

Nieto ha señalado que los ajustados plazos impuestos por la ley para su implementación, junto con la falta de financiación estatal, están generando “no pocos problemas ni baratos ni fáciles de resolver”. Ha puesto como ejemplo una de las medidas que entró en vigor el 3 de abril, que exige intentar un acuerdo por medios alternativos de solución de controversias (MASC) antes de interponer una demanda civil o mercantil. “Este requisito ha multiplicado por diez las demandas en los juzgados civiles y mercantiles en marzo, ante la incertidumbre sobre cómo aplicar los MASC y acreditar que se ha intentado”, ha detallado.

Costos asociados a la nueva normativa

La implementación de esta medida representa un coste estimado de 8,3 millones de euros en Andalucía, debido a la necesidad de aumentar la retribución a los profesionales del turno de oficio que asesoren en estos procesos obligatorios para beneficiarios de la Justicia Gratuita. La Junta fue pionera al incluir la mediación en este sistema, permitiendo desde el 1 de enero de 2024 que los andaluces con derecho a un abogado puedan solicitarlo para un proceso de mediación. En caso de alcanzar un acuerdo, el profesional puede recibir hasta 400 euros; ahora también recibirán compensación en mediaciones civiles y mercantiles obligatorias, aunque concluyan sin acuerdo.

Nieto ha informado que solo la cantidad solicitada por los colegios de abogados andaluces para negociar el módulo destinado a sufragar la mediación obligatoria supera los 3,3 millones, cifra que contrasta con los “diez millones” que asegura el ministro de Justicia es el coste total para aplicar toda la ley en Andalucía según un estudio económico desconocido.

Nuevos servicios y retos estructurales

Además, la Junta está trabajando en la creación del Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA), que será gratuito para las partes si una cumple con los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita. Este nuevo servicio se sumará al Servicio de Mediación Penal (SEMPA), vigente desde hace un año.

Nieto recordó que Andalucía es la comunidad más poblada del país y ocupa el segundo lugar en extensión. El sistema judicial andaluz tiene un volumen comparable al conjunto de comunidades sin competencias transferidas, conocido como territorio Ministerio. Actualmente cuenta con 85 partidos judiciales y 744 órganos unipersonales que se transformarán en tribunales de instancia bajo esta nueva ley.

Cambios significativos en juzgados municipales

La reforma también contempla transformar 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia Municipales con distintas competencias. El Ministerio establece cuatro niveles (A, B, C y D), siendo A el más básico y D el más avanzado, abarcando hasta el 80% de procedimientos posibles en cualquier juzgado y el 95% de trámites comunes como inscripciones o consultas al Registro Civil.

La Junta ha iniciado ocho proyectos piloto (uno por provincia) con nivel D, lo cual implica conectar estas oficinas al sistema procesal @driano y equiparlas para permitir declaraciones por videoconferencia desde cualquier juzgado español. Esto también representará un coste significativo; Nieto ha solicitado financiación estatal, afirmando: “Me comprometo a que el 100% del aporte del Ministerio será transferido a los ayuntamientos”, reiterando así su reclamo por recursos económicos ante lo que considera “un invito y yo pago llevado al extremo”.

Afrontando desafíos temporales y financieros

Nieto enfatizó que cumplir con los plazos establecidos por la Ley de Eficiencia es “un auténtico reto”, pero aseguró: “Andalucía va a cumplir porque las leyes se cumplen”. El calendario obliga a implementar cambios radicales en el sistema judicial “en tiempo récord”; así, 70 partidos judiciales deben estar adaptados antes del 1 julio, tres más antes del 1 octubre y los doce restantes antes del 31 diciembre.

Es necesario adecuar espacios en muchas sedes judiciales con un coste estimado en obras superior a 9,6 millones. También se requiere adaptar el sistema @adriano (1,9 millones) y adquirir nuevos dispositivos digitales (19,5 millones) para equipar las Oficinas Municipales. Además, se debe reorganizar radicalmente al personal involucrado, lo cual implicará un esfuerzo considerable en negociación colectiva afectando a toda la plantilla.

Costo total e impacto económico

Nieto detalló que ya se han negociado las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) correspondientes a los 70 partidos judiciales incluidos en esta primera fase. Entre nuevas plazas creadas y estabilización laboral necesaria para refuerzo específico, el coste supera los 3,7 millones, cifra considerada solo una parte mínima del impacto económico general derivado por esta ley.

A pesar del reconocimiento hacia algunas reformas positivas propuestas por esta legislación —como pasar a órganos colegiados— Nieto criticó duramente la forma improvisada en que se ha implementado todo este proceso: “la falta de negociación y financiación estatal son inaceptables”. En este contexto, recordó que Andalucía junto con otras comunidades había solicitado formalmente al ministro abordar temas cruciales durante una Conferencia Sectorial programada para abril; sin embargo estos asuntos no fueron incluidos en el orden del día.

Sobrecarga judicial ante nuevos delitos

Dentro del marco legislativo discutido también se abordó cómo ampliar las competenciasde los Juzgadosde Violencia sobre la Mujer hacia delitos relacionados con violencia sexual. Los operadores jurídicos han expresado su preocupación ante la posible "sobrecarga" resultante; Nieto consideró insuficiente crear únicamente nueve nuevos órganos adicionales junto a uno transformado en Jerez para enfrentar esta reforma.

"El Ministerio nos aboca a comarcalizar estos asuntos", advirtió Nieto. Por ello hizo hincapié ante el Gobierno sobre considerar las distancias entre municipios si es necesario realizar dicha comarcalización respecto a juzgados especializados en Violencia de Género.

La noticia en cifras

Preguntas sobre la noticia