Justicia

México ha detenido a uno de los líderes de un grupo considerado terrorista por Estados Unidos. Esta acción se enmarca en un contexto de cooperación entre México y EE.UU. en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. La detención es parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para desmantelar organizaciones criminales que operan en la región.

El 8 de octubre de 2026, la Cámara de Juicios III de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que Rodrigo Roa Duterte es apto para enfrentar juicio. Esta decisión, basada en un informe de un panel de expertos, confirma que Duterte puede comprender los cargos y participar efectivamente en su defensa. El juicio está programado para comenzar el 30 de noviembre de 2026. La Cámara también ha establecido medidas para asegurar la salud del acusado durante el proceso judicial.

El Pentágono ha anunciado la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, un ex mayor del Ejército de EE. UU., marcando la primera ejecución militar de este tipo en más de 60 años. Hasan fue responsable del tiroteo en Fort Hood en 2009, donde mató a 13 soldados e hirió a 32. La decisión fue comunicada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien indicó que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución y fue aprobada por el presidente Donald Trump. Esta medida se considera significativa ya que representa un retorno a métodos de ejecución menos comunes en el ámbito militar desde la Segunda Guerra Mundial. Hasan es uno de los cuatro prisioneros en el corredor de la muerte militar y su ejecución requerirá una revisión legal y aprobación presidencial.

El Partido Popular ha solicitado la imputación del PSOE en la Audiencia Nacional por delitos como cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal. Según el PP, esta organización criminal, liderada por Santos Cerdán, utilizó recursos del partido para protegerse de investigaciones judiciales. Se alega que el PSOE financió actividades ilegales y trató de influir en fiscales y autoridades para desviar las investigaciones. El PP destaca la falta de controles internos en el PSOE y menciona varios casos de corrupción relacionados con la formación política, incluyendo la implicación de miembros cercanos al presidente Pedro Sánchez.

La acusadora de violación en una fraternidad de Cornell se encuentra "bajo asedio" en línea, según su abogado. Durante una entrevista, el abogado Giuffra afirmó que su clienta, de 20 años en ese momento, no podía dar su consentimiento debido a la intoxicación y a la presión para consumir ketamina antes del presunto ataque. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha nombrado a la fiscal general Letitia James para liderar la investigación tras expresar su falta de confianza en el fiscal del condado. Hochul destacó que la joven ha sido fallada por las instituciones encargadas de protegerla y se comprometió a cerrar un vacío legal que dificulta presentar cargos por violación si la víctima consume voluntariamente alcohol o drogas.

Luis Montaño ha sido nombrado fiscal general interino de Bolivia tras la aprehensión de Roger Mariaca, un hecho que el Gobierno de Rodrigo Paz ha calificado como una "usurpación de funciones". Montaño, quien se presentó como el "fiscal más antiguo", afirmó que su objetivo es cumplir con la ley. Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que su nombramiento es ilegal y amenazó con acciones legales en su contra. Este conflicto surge en medio de una compleja trama relacionada con narcotráfico y política en el país.

La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma ha expresado su preocupación por la decisión del Gobierno de Naoero de retirarse del tratado que establece la Corte Penal Internacional (CPI). La Asamblea lamenta esta medida, advirtiendo que puede debilitar los esfuerzos globales para combatir la impunidad y socavar la búsqueda de justicia. Se insta a Naoero a mantener su compromiso con el Estatuto y participar constructivamente en la Asamblea. Además, se recuerda que la retirada no exime al país de las obligaciones contraídas mientras fue parte del Estatuto. La CPI es esencial para el sistema internacional de rendición de cuentas y su eficacia depende del apoyo continuo de la comunidad internacional.

El 9 de octubre de 2026, la Corte Penal Internacional (CPI) condenó las sanciones impuestas por Estados Unidos, que afectan a la institución y a trece jueces y fiscales independientes. Estas medidas son vistas como un intento de obstaculizar la labor judicial de la CPI, creada para investigar y enjuiciar crímenes graves como genocidio y crímenes de guerra. La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, reafirmó el compromiso del tribunal de actuar con independencia y seguir cumpliendo su mandato a pesar de las presiones externas. La CPI hizo un llamado a los Estados Partes para que apoyen su trabajo y defiendan el orden internacional basado en el estado de derecho.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció amenazas de muerte dirigidas a ministros y asambleístas de su Gobierno tras decisiones difíciles tomadas recientemente. Durante un acto en Trinidad, Paz expresó su compromiso con la patria, afirmando que no teme a la muerte y que está dispuesto a enfrentar los sacrificios necesarios para construir una mejor Bolivia. Además, destacó que su administración está enfocada en combatir la corrupción y ha llevado a prisión a varios funcionarios, incluyendo al exfiscal general del Estado.

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha acogido con satisfacción la decisión de la Cámara Preliminar II de desclasificar cuatro órdenes de arresto en relación con la situación en Afganistán, emitidas el 8 de julio y el 9 de septiembre de 2025. Estas órdenes se refieren a crímenes contra la humanidad por persecución basada en género y motivos políticos, destacando la grave discriminación que enfrentan las mujeres y niñas afganas. La CPI busca responsabilizar a líderes talibanes por violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación. Además, se reconoce el sufrimiento de aquellos que no cumplen con las expectativas ideológicas del régimen talibán, como miembros de la comunidad LGBTQI+. La Oficina continúa investigando alegaciones de persecución en Afganistán, reafirmando su compromiso con la justicia para las víctimas de persecución por motivos de género.

El 5 de octubre de 2026, la Cámara Preliminar II de la Corte Penal Internacional (CPI) desveló cuatro órdenes de arresto relacionadas con la situación en Afganistán, emitidas el 8 de julio y el 9 de septiembre de 2025. Los acusados son Haibatullah Akhundzada, Abdul Hakim Haqqani, Habibullah Agha y Neda Mohammad Nadim. La decisión destaca que los sospechosos son responsables de persecuciones basadas en género contra mujeres y personas no conformes a las políticas del Taliban desde que este tomó el poder el 15 de agosto de 2021. La Cámara subrayó que estas acciones constituyen crímenes contra la humanidad, incluida la privación de derechos fundamentales como la educación y la libertad de movimiento, y afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas.

La ejecución de Christa Pike ha generado una reflexión sobre la cobertura mediática de estos eventos, donde se tiende a olvidar a las víctimas. Pike, condenada por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, fue objeto de un intento de ejecución en Tennessee. La madre de Slemmer estuvo presente y describió el proceso como un "desastre". A pesar de haber presenciado casi 500 ejecuciones, el periodista que cubrió el evento destacó la falta de atención hacia las víctimas, sugiriendo que el enfoque actual se centra más en los reos que en quienes sufrieron sus crímenes.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, criticó duramente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria. Lo acusó de alinearse con delincuentes en lugar de defender a los jueces y lo calificó como un "ministro atípico". Muñoz cuestionó la integridad del gobierno del PSOE, sugiriendo que altos cargos podrían estar involucrados en prácticas corruptas para influir en la justicia. También destacó casos específicos donde Bolaños defendió a miembros del partido implicados en delitos. La portavoz concluyó su intervención señalando el descontento general de la ciudadanía hacia el gobierno actual por no abordar sus problemas económicos.

El 28 de septiembre de 2026, la Corte Penal Internacional (CPI) lanzó una versión actualizada del Curso Modelo sobre Derecho Internacional Penal y la CPI en español. Este curso, que comenzó en 2020, está diseñado para ayudar a profesores y académicos hispanohablantes a desarrollar programas sobre Derecho Internacional Penal a nivel universitario. Estructurado en 16 sesiones semanales, incluye lecturas académicas de acceso abierto en español y puede servir como material complementario para módulos de posgrado. La actualización fue dirigida por el profesor Héctor Olasolo, presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional. Esta iniciativa forma parte del programa académico de la CPI, promoviendo el interés en su labor dentro de las comunidades académicas y fomentando la justicia internacional.