Una mujer en Sudamérica ha sido condenada severamente por entregar más de 200 dólares a cambio de una recién nacida. Este caso ha generado gran controversia y ha puesto de relieve temas relacionados con la trata de personas y el tráfico infantil en la región. La situación se desarrolla en Perú, donde las autoridades están tomando medidas para abordar estos delitos.

El ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha sido condenado a cinco años de prisión por corrupción tras ser hallado culpable de recibir sobornos relacionados con la construcción de una planta hidroeléctrica. A pesar de su insistencia en que no recibió dinero de la empresa china Sinohydro, el tribunal en Quito lo encontró culpable junto a otros 19 implicados. Debido a su edad y discapacidad, cumplirá su condena bajo arresto domiciliario y planea apelar la decisión. Esta sentencia convierte a Moreno en el tercer ex líder ecuatoriano condenado por corrupción, con miembros de su familia también entre los sentenciados.

Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha exigido al ministro Bolaños que garantice el retorno de los asaltantes de Ceuta y critica que 85.000 españoles estén confinados debido a la inacción del Gobierno. Durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Gamarra instó a Bolaños a comprometerse con la devolución de los asaltantes a Marruecos y cuestionó las negociaciones en curso con las autoridades marroquíes. Además, destacó la grave situación de inseguridad en Ceuta, donde los ciudadanos viven con miedo y limitaciones en sus libertades. Gamarra también acusó al Gobierno de falta de liderazgo y de no proporcionar la protección necesaria a las fuerzas armadas.

Un líder indígena en Perú fue asesinado mientras vigilaba su territorio, un acto que resalta la creciente violencia y delincuencia en la región. Este trágico incidente pone de manifiesto los peligros que enfrentan las comunidades indígenas en la defensa de sus tierras. La noticia ha generado preocupación sobre la seguridad y los derechos de los pueblos originarios en el país.

Una mujer fue hallada en un estado crítico tras haber estado varios días encadenada y amordazada por su expareja. Este brutal incidente ha generado conmoción y preocupación por la violencia de género. Las autoridades están investigando el caso para llevar al agresor ante la justicia.

Acusaciones contra un funcionario público francés revelan que presuntamente drogó a varias mujeres para hacerlas orinarse. Anaïs, una de las víctimas, ha expresado su frustración por la lentitud del proceso judicial, que ha tardado más de siete años en avanzar desde su primera denuncia. Las afectadas sienten que no son tomadas en serio y enfrentan lo que describen como "victimización secundaria" debido a las exigencias del sistema judicial. Expertos de ONU Mujeres han señalado la necesidad urgente de que las autoridades aborden los casos de agresión sexual facilitada por drogas, ya que las demoras están destruyendo vidas.

Catorce personas han sido acusadas en Estados Unidos por presunto tráfico de cocaína en una prestigiosa universidad. Esta operación, denominada "Drogas Ilimitadas", revela un preocupante vínculo entre la delincuencia y el entorno académico. Las autoridades están investigando a fondo este caso que pone de manifiesto los problemas de drogas en instituciones educativas.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado una demanda contra varios estados por sus programas de ayudas educativas dirigidos a migrantes. Esta acción legal se enmarca en un contexto de debate sobre la educación y los derechos de los inmigrantes en el país. La medida busca cuestionar la legalidad de las políticas estatales que ofrecen asistencia educativa a esta población.

Walmart enfrentará una multa multimillonaria en Estados Unidos por su participación en la distribución ilegal de opioides. Este fallo judicial resalta las implicaciones legales que enfrentan las compañías farmacéuticas y minoristas en el contexto de la crisis de opioides en el país. La decisión de los tribunales marca un paso significativo en la lucha contra la epidemia de adicciones y el uso indebido de medicamentos recetados.

La administración Trump ha amenazado con demoler el Kennedy Center si se bloquea su intento de añadir su nombre al icónico edificio. Esta polémica declaración resalta las tensiones en torno a la política cultural y los símbolos nacionales en Estados Unidos. La situación genera un debate sobre el papel del arte y la política en la sociedad contemporánea.

Un líder de una secta religiosa en Nueva Zelanda, Kaixiao Liu, ha sido condenado a más de 10 años de prisión por homicidio involuntario y secuestro tras la muerte de Shulai Wang, una seguidora de 70 años que había viajado desde China. Wang fue encontrada muerta en marzo de 2024, envuelta en bolsas de arroz cerca del puerto Gulf Harbour. Durante el juicio, se reveló que Wang vivía con Liu y su familia en condiciones controladas, donde se esperaba que sirviera a sus necesidades. Liu negó ser un líder de culto y argumentó que atraía seguidores a través de su música. Además, su esposa también fue condenada y otros miembros de la familia enfrentan cargos relacionados.

Lebanon ha extraditado a Siria al exgeneral Maj Gen Adel Issa, en la primera extradición de este tipo desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Issa, de 67 años, está acusado de múltiples crímenes cometidos durante la guerra civil siria, que concluyó en diciembre de 2024. Fue detenido el 8 de agosto tras visitar la embajada siria en Beirut y entregado a las autoridades sirias recientemente. Se le imputan cargos graves, incluyendo asesinato y tortura que resultó en muerte. Su caso será evaluado por un juez en Damasco para determinar si se procederá a un juicio penal. Esta extradición sigue una presión de las nuevas autoridades sirias sobre Líbano para actuar contra exfuncionarios militares que huyeron tras la caída de Assad.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha planteado la posibilidad de suspender el acuerdo bilateral de extradición con España debido a la falta de reciprocidad en las solicitudes. Desde 2018, España ha extraditado a 98 personas a Marruecos, mientras que ha rechazado 92 peticiones marroquíes. Estas cifras han generado tensiones entre ambos países, ya que Marruecos sostiene que cumple con sus compromisos y critica las negativas españolas por razones jurídicas. Aunque el convenio sigue vigente, su posible suspensión podría complicar la cooperación judicial y la entrega de fugitivos entre ambos estados.