La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su postura contra las ciudades y estados que actúan como «ciudades santuario», es decir, aquellos que no colaboran con las autoridades federales de inmigración. A través de una orden ejecutiva, se ha instruido al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a retener fondos federales destinados a estas localidades que se niegan a cooperar.
El mandato establece que se cortarán los recursos financieros a aquellas ciudades y condados que obstaculicen el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), liberen a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales o ignoren solicitudes de detención. Ejemplos citados incluyen casos en Massachusetts, donde se liberaron sospechosos de abuso infantil, y en Filadelfia, donde un delincuente deportado fue puesto en libertad.
Argumentos sobre la seguridad nacional
Trump sostiene que las políticas de refugio ponen en riesgo la seguridad nacional y violan leyes federales, argumentando que están protegiendo a inmigrantes ilegales con antecedentes delictivos. Mientras tanto, críticos advierten que esta medida podría dañar la confianza entre las comunidades y la policía local. Sin embargo, el presidente y sus partidarios defienden la orden como un cumplimiento de sus promesas electorales para garantizar la seguridad pública.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt presentó la política como clara: las jurisdicciones deben acatar la ley federal y dejar de obstruir las acciones del ICE para eliminar amenazas a la seguridad pública.
En este contexto, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a los funcionarios del DOJ y DHS a identificar y publicar las jurisdicciones santuario. Esta medida incluye recortes en financiamiento para aquellos que no cumplan con las solicitudes de detención o interfieran con el trabajo del ICE. Además, se prevé el inicio de demandas contra aquellas localidades que desafíen esta normativa.
Reacciones locales y apoyo político
A pesar de las críticas, varios líderes locales han expresado su intención de resistir la implementación de esta orden, argumentando que infringe los derechos estatales y puede perjudicar los esfuerzos comunitarios por mantener la paz. El senador Dave McCormick ha manifestado su apoyo a la iniciativa durante una conferencia de prensa en Filadelfia, calificándola como una decisión acertada.
McCormick afirmó: «No es una idea nueva; es lo que el presidente prometió durante su campaña». Por otro lado, funcionarios de la Casa Blanca han reafirmado su posición, instando a todos los niveles gubernamentales a cumplir con la ley federal sin obstrucciones.
Este enfoque refleja una clara estrategia por parte del gobierno para abordar lo que consideran una crisis en torno a la inmigración ilegal, enfatizando la necesidad urgente de hacer cumplir las leyes migratorias para proteger la soberanía nacional.
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