El gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, ha emitido recientemente una guía destinada a los empleados estatales sobre cómo proceder en caso de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) u otros funcionarios federales se presenten en sus lugares de trabajo. Esta directriz, enviada el pasado viernes por la vicesecretaria del Departamento de Administración (DOA), Anne Hanson, ha suscitado críticas contundentes por parte de líderes republicanos, quienes la consideran un intento de obstruir la ley federal y socavar los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria.
La guía, que consta de cinco puntos, fue elaborada en respuesta a inquietudes manifestadas por empleados estatales. Entre sus recomendaciones, se aconseja a los trabajadores mantener la calma, informar a su supervisor, solicitar identificación del agente y documentación legal sobre su presencia, así como contactar inmediatamente al abogado correspondiente.
Recomendaciones y defensas legales
Asimismo, la guía aconseja no responder preguntas ni permitir el acceso a áreas no públicas o sistemas informáticos sin consultar previamente con un abogado. En caso de que un agente presente una orden, esta debe ser judicialmente válida y será el abogado quien determine qué áreas están cubiertas por ella.
Desde el DOA se aclaró que no hay constancia reciente de intentos de ICE por ingresar a oficinas estatales, y que esta medida responde a preocupaciones expresadas por los empleados públicos. La portavoz del DOA, Tatyana Warwick, defendió que el documento es coherente con pautas similares adoptadas en otros estados como Connecticut y que sigue las recomendaciones del National Immigration Law Center y otros grupos defensores de derechos civiles.
Crisis política y reacciones adversas
El contenido del memorando fue inicialmente divulgado por el locutor conservador Dan O’Donnell, lo que provocó una ola significativa de críticas desde el sector republicano. El congresista Tom Tiffany acusó a Evers de «ordenar a los empleados estatales bloquear el trabajo de ICE», mientras que el presidente del Partido Republicano en Wisconsin, Brian Schimming, calificó la medida como un impedimento para la justicia y un riesgo para la seguridad pública.
A su vez, el presidente de la Asamblea estatal, Robin Vos, criticó duramente a Evers al afirmar que está instando a los empleados a ignorar órdenes judiciales, describiendo la situación como «vergonzosa». En respuesta a estas acusaciones, Tim Muth, abogado senior de la ACLU en Wisconsin, defendió la legalidad y moderación del documento, enfatizando que simplemente aconseja precaución y respeto hacia la privacidad y derechos legales.
Contexto legislativo más amplio
Muth argumentó que consultar con un abogado ante la presencia de agentes federales es una acción prudente y subrayó que la guía no contradice la Constitución, especialmente en lo relacionado con la Cuarta Enmienda, que protege contra registros sin orden judicial válida. Este debate se desarrolla en un contexto político más amplio en Wisconsin, donde la legislatura controlada por los republicanos ha promovido un proyecto de ley para obligar a los alguaciles locales a colaborar con ICE. Evers ha manifestado su intención probable de vetar dicha medida.
A su vez, los demócratas han presentado una propuesta alternativa que impediría a funcionarios estatales y locales colaborar con deportaciones sin una orden judicial; sin embargo, esta iniciativa carece de posibilidades reales para avanzar en la actual legislatura. Además, este contexto nacional también influye: la guía emitida por Wisconsin surge tras la revocación por parte del gobierno Trump de políticas restrictivas implementadas durante la administración anterior que limitaban arrestos migratorios en lugares considerados «sensibles», tales como escuelas e iglesias.
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