ACLU

Un juez federal en New Hampshire ha bloqueado una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intentaba restringir la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos para hijos de padres sin estatus migratorio legal. Esta decisión se produce tras un fallo reciente de la Corte Suprema que limitó el poder de los jueces federales para emitir medidas cautelares a nivel nacional, aunque permitió acciones colectivas. El juez Joseph Laplante argumentó que negar la ciudadanía a un niño causa daño irreparable y suspendió temporalmente la implementación de la medida, dando al gobierno una semana para apelar. La ACLU ha presentado demandas colectivas similares en respuesta a esta política, que podría afectar a más de 150,000 recién nacidos anualmente.

Montana ha aprobado dos leyes que prohíben la participación de atletas transgénero en deportes femeninos y restringen el acceso a baños y espacios públicos según el sexo biológico. El gobernador Greg Gianforte firmó estas medidas para proteger la privacidad y la equidad en el deporte, generando críticas de grupos progresistas como la ACLU, que las consideran discriminatorias. La Ley HB 121 exige instalaciones segregadas por sexo en escuelas y otros lugares públicos, mientras que la Ley HB 300 impide que hombres biológicos compitan en equipos deportivos femeninos. Montana se une a más de 20 estados con políticas similares, intensificando el debate nacional sobre identidad de género y derechos tradicionales.

El gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, ha emitido una guía para empleados estatales sobre cómo proceder ante la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta medida busca proteger los derechos de los inmigrantes ilegales y ha generado críticas por parte de líderes republicanos, quienes la consideran un intento de obstruir la ley federal. La guía aconseja a los trabajadores mantener la calma, solicitar identificación a los agentes y consultar con un abogado antes de permitir el acceso a áreas no públicas. Evers defiende que esta acción es coherente con pautas en otros estados y responde a inquietudes expresadas por empleados públicos. Este debate se desarrolla en un contexto político tenso en Wisconsin, donde se discuten proyectos de ley sobre la cooperación con ICE.