Gobierno

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que "la foto de la España del sanchismo es la de la inflación galopante, la incompetencia y la corrupción insostenible". En sus declaraciones en Logroño, destaca que muchos españoles enfrentan dificultades económicas debido a un aumento significativo de la inflación, actualmente en el 3,3%. Gamarra califica las medidas gubernamentales como insuficientes y exige una reducción de impuestos y deflactación del IRPF. También menciona que la corrupción rodea al Gobierno y que los ciudadanos merecen un Ejecutivo responsable y libre de corrupción.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, critica al Gobierno por la presentación tardía y deficiente del decreto anticrisis, que según él encubre una reforma energética. Pregunta si se han introducido medidas para "inventarse subvenciones y comprar votos". Bravo argumenta que el decreto no es un verdadero apoyo a las familias, sino una forma de controlar proyectos estratégicos sin supervisión. Además, señala que el Gobierno ha recaudado 70 millones extra en IVA de carburantes y que si hubieran aplicado antes las propuestas del PP, las familias habrían ahorrado 190 millones. Exige la deflactación del IRPF y critica la falta de consulta con las comunidades autónomas sobre las medidas fiscales. Concluye que el decreto llega tarde y no incluye todas las medidas necesarias.

María Jesús Moro, portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno está "amordazando" y "anulando olímpicamente la soberanía popular" al vetar enmiendas del PP aprobadas en el Senado relacionadas con la multirreincidencia. En su intervención, Moro criticó el veto como antidemocrático y abusivo, argumentando que vulnera la Constitución y limita la capacidad de voto del Parlamento. Además, cuestionó la oposición del Gobierno a incrementar la plantilla de fiscales y a establecer controles para la regularización de extranjeros. Moro destacó la necesidad de reformas que fortalezcan las normas penales y los recursos en las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha instado al Gobierno a aumentar la inversión en Defensa y a reincorporar a militares de complemento debido a la falta de personal en las Fuerzas Armadas. Durante una Comisión de Defensa, el portavoz Carlos Rojas destacó la necesidad de reforzar las capacidades defensivas tanto a nivel nacional como en el marco de la OTAN, defendiendo la industria de defensa española. Además, se criticó al presidente del Gobierno por sus declaraciones que podrían debilitar la posición de España en alianzas estratégicas. Los diputados Agustín Conde y Javier Celaya también exigieron mejoras para los reservistas y la modernización del acuartelamiento en Sant Climent Sescebes, enfatizando la importancia de fortalecer las instituciones del Estado en Cataluña.

El Gobierno de Noboa ha emitido una respuesta a un artículo del New York Times que generó controversia sobre un ataque conjunto con Estados Unidos. Esta declaración busca aclarar los hechos y abordar las preocupaciones surgidas en torno a la colaboración militar entre ambos países. La polémica se centra en los detalles del ataque y su implicación en la política exterior ecuatoriana.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la negativa del Gobierno a permitir la votación de una enmienda del Partido Popular que exigiría verificar los antecedentes penales de inmigrantes a regularizar. Advierte que esta situación podría convertir a España en un "coladero de delincuentes", contraviniendo las leyes europeas. Además, Muñoz denuncia la parálisis legislativa y la falta de presupuestos tras casi tres años de gobierno, señalando a María Jesús Montero como responsable. También cuestiona las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre su relación con líderes venezolanos y exige al Gobierno una revisión del Real Decreto de medidas anticrisis.

Irene Garrido, diputada del GPP, critica al Gobierno por su tardía y dividida respuesta a la crisis, afirmando que los españoles ya están sufriendo sus efectos. En el debate sobre la Moción del GPP, señala que el decreto anticrisis del Ejecutivo es insuficiente, ya que no incluye medidas efectivas para aliviar la carga económica de las familias, como la adaptación del IRPF a la inflación. Además, lamenta la falta de coherencia en las decisiones del Consejo de Ministros y urge al Gobierno a implementar medidas urgentes para controlar los precios energéticos y mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Jaime de Olano, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha denunciado que el Gobierno ha dado un paso más en su sectarismo y deriva antidemocrática durante el trámite de comparecencias sobre el Proyecto de Ley de gobernanza y ordenación de medios de comunicación. Criticó que PSOE y Sumar vetaran a expertos sin tacha profesional mientras permitieron la comparecencia de Meritxell Borràs, condenada por desobediencia al Constitucional. De Olano calificó esta situación como una "broma de mal gusto" y una muestra del intento del Gobierno de silenciar voces críticas en el ámbito democrático.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, argumentando que es "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás criticó que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo que podría perjudicar a muchas cooperativas y ciudadanos. Además, denunció que el Gobierno prioriza la "aritmética parlamentaria" sobre el interés general, creando una norma incoherente que genera inseguridad jurídica. El PP aboga por una economía social basada en resultados y ha presentado propuestas para mejorar la ley, destacando la necesidad de reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica en el sector. También expresó su preocupación por el impacto negativo en cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha responsabilizado a la ministra María Jesús Montero de que los ayuntamientos no puedan utilizar sus remanentes para vivienda y exige el pago de 3.000 millones de euros que se les adeuda. Critica la falta de atención del Gobierno hacia los problemas municipales y denuncia que la Comisión Nacional de Administración Local solo se ha reunido por orden judicial tras más de un año sin convocatorias. Bendodo también subraya la necesidad de un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local para resolver las dificultades económicas que enfrentan los consistorios.

El diputado del GPP, Eduardo Carazo, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente en Adamuz que costó la vida a 47 personas. Durante la sesión de control al Gobierno, Carazo criticó la falta de responsabilidad y transparencia del ministro, acusándolo de mentir sobre las irregularidades en el mantenimiento ferroviario. Además, destacó que las víctimas merecen una investigación imparcial y que el caos en las infraestructuras ferroviarias persiste bajo su gestión.

Héctor Palencia, portavoz de Transportes del GPP, critica al presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, por tardar 65 días en comparecer ante la Comisión de Transportes y solo dedicar 10 minutos a explicar el accidente de Adamuz. Palencia califica esta breve intervención como un "escándalo" y un "insulto" a las víctimas y sus familias. Exige respuestas sobre la falta de información y responsabilidades políticas, cuestionando la gestión del Gobierno en materia ferroviaria. Además, denuncia la ocultación de datos relevantes y la falta de medidas para garantizar la seguridad en el sistema ferroviario español.

La aprobación del expresidente Donald Trump ha alcanzado un nuevo mínimo histórico, coincidiendo con el aumento de los precios de los combustibles. Este descenso en la popularidad se produce en un contexto económico complicado, donde el costo del combustible impacta directamente en la percepción pública y en la economía familiar.

En la reciente sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó la gestión del Gobierno de Sánchez, afirmando que "recauda más que nunca y España se cae a pedazos". Sugirió que el presidente debería nombrar a Puente como vicepresidente y ministro de Hacienda para igualar la incompetencia de Montero. Feijóo enumeró casos en los que no ha habido dimisiones por problemas como el apagón o la huelga de médicos, cuestionando el uso de los 179.000 millones recaudados en impuestos en los últimos ocho años. También criticó la falta de presentación de presupuestos mientras los ciudadanos deben afrontar el impuesto sobre la renta.