Gobierno

El primer ministro español, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre tras una derrota parlamentaria. Su propuesta de medidas para mejorar las condiciones de los inquilinos y abordar el aumento de los alquileres fue rechazada por la oposición. Esta situación refleja que su coalición ya no tiene mayoría en el parlamento. Además, Sánchez enfrenta problemas internos relacionados con acusaciones de corrupción que afectan a miembros de su partido y a su esposa, quien se enfrentará a un juicio por malversación de fondos. Su administración también ha lidiado con una crisis migratoria en Ceuta, complicando aún más su gestión.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirma que el problema de la vivienda en España no se resolverá con pancartas, sino "desahuciando a este Gobierno de La Moncloa". Exige elecciones anticipadas, argumentando que los ciudadanos "merecen votar" para poner fin a lo que considera una gestión incompetente del Ejecutivo. Critica el aumento del precio del metro cuadrado y la falta de construcción de viviendas, proponiendo construir un millón de hogares y reducir impuestos para mejorar la oferta. También denuncia la política migratoria del Gobierno y llama a su partido a luchar por cada voto en las próximas elecciones.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Senado llevará a cabo una Comisión de Investigación sobre la invasión de Ceuta, que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y responsabilidades del asalto. En el próximo pleno, programado para el 7 de octubre, se aprobará la creación de esta comisión. La portavoz del GPP, Alicia García, criticó al Gobierno por su falta de respuesta y exigió transparencia sobre lo ocurrido. Además, tres ministros comparecerán en octubre: Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles, quienes deberán explicar las medidas adoptadas durante la crisis y la gestión de relaciones con Marruecos. García subrayó que la situación en Ceuta sigue siendo crítica y acusó al Ejecutivo de ocultar información sobre la invasión.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones de inmediato, afirmando que "la escapada debe terminar aquí" y que "España no aguanta más". En sus declaraciones tras la votación de los decretos de vivienda, Feijóo criticó la inestabilidad del Ejecutivo y lo acusó de utilizar el problema de la vivienda como una maniobra electoral. Además, destacó que el rechazo a los decretos garantiza que la situación no empeore para las personas vulnerables. Feijóo subrayó la necesidad de construir un millón de viviendas en cuatro años y promover políticas que faciliten el acceso a la vivienda para los jóvenes.

Luis Montaño ha sido nombrado fiscal general interino de Bolivia tras la aprehensión de Roger Mariaca, un hecho que el Gobierno de Rodrigo Paz ha calificado como una "usurpación de funciones". Montaño, quien se presentó como el "fiscal más antiguo", afirmó que su objetivo es cumplir con la ley. Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que su nombramiento es ilegal y amenazó con acciones legales en su contra. Este conflicto surge en medio de una compleja trama relacionada con narcotráfico y política en el país.

El portavoz del Partido Popular, Sémper, ha calificado de "despropósito en fondo y forma" los recientes decretos de vivienda del Gobierno, advirtiendo que son un "parche" que limitará el acceso a la vivienda para los más vulnerables. En una entrevista, destacó la complejidad del problema de la vivienda y criticó la falta de una política seria que aborde la raíz del asunto. Sémper subrayó la necesidad de construir un millón de viviendas en los próximos años y propuso medidas como agilizar trámites administrativos y fomentar la propiedad. Además, rechazó las medidas actuales del Gobierno, afirmando que perjudican especialmente a los jóvenes y a los desfavorecidos.

La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma ha expresado su preocupación por la decisión del Gobierno de Naoero de retirarse del tratado que establece la Corte Penal Internacional (CPI). La Asamblea lamenta esta medida, advirtiendo que puede debilitar los esfuerzos globales para combatir la impunidad y socavar la búsqueda de justicia. Se insta a Naoero a mantener su compromiso con el Estatuto y participar constructivamente en la Asamblea. Además, se recuerda que la retirada no exime al país de las obligaciones contraídas mientras fue parte del Estatuto. La CPI es esencial para el sistema internacional de rendición de cuentas y su eficacia depende del apoyo continuo de la comunidad internacional.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por su gestión en el área de vivienda, calificándola como un gran fracaso y proponiendo la construcción de 200.000 viviendas anuales. Durante su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Feijóo abogó por reducir impuestos y eliminar burocracia para facilitar el acceso a la vivienda. También cuestionó la paralización de leyes importantes por parte del PSOE y destacó la necesidad de recuperar la confianza en el país. Además, abordó problemas como la pobreza infantil en España y criticó la política exterior del gobierno actual.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha instado al presidente Sánchez a convocar elecciones, argumentando que la situación actual del país es insostenible. Durante su intervención en el Foro La Toja, Feijóo afirmó que no solicita elecciones por revanchismo, sino para abordar los problemas no resueltos y los que han surgido bajo el gobierno actual. Criticó la prolongación de lo que considera una "agonía" nacional y propuso un nuevo contrato social enfocado en la prosperidad y el crecimiento. También destacó la necesidad de un plan real para la vivienda y acusó al gobierno de haber socavado las bases democráticas y económicas del país.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, perdió una votación clave sobre la crisis de vivienda tras la reciente expulsión de una mujer de 87 años. La asociación Sindicato de Inquilinas anunció su decisión de abandonar las protestas en Madrid y llevar la lucha contra los aumentos de alquiler y desahucios a todos los barrios. El gobierno intentó mitigar el descontento social con dos decretos que suspenden desahucios hasta 2030 y proponen la renovación automática de contratos de alquiler, pero enfrentaron oposición del Partido Popular y Vox. La situación política se intensificó, con llamados a una huelga general por parte de los manifestantes.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, ha afirmado en el Congreso que su partido no fallará a los españoles en el acceso a la vivienda. Destacó que "la vivienda no se abarata con decretos, se abarata con más viviendas" y criticó al Gobierno por sus políticas que han afectado negativamente al mercado inmobiliario. Bravo subrayó que muchos ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a una casa y propuso un plan del PP que incluye la construcción de un millón de viviendas en 48 meses. También advirtió sobre el impacto negativo de las nuevas medidas gubernamentales en los inquilinos más vulnerables y abogó por ampliar la oferta de vivienda como solución.

El Partido Popular ha criticado duramente al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, por la gestión de los fondos europeos, señalando que 56.000 millones de euros permanecen sin ejecutar mientras las familias enfrentan dificultades económicas. Francisco Conde, portavoz de Industria del GPP, exigió claridad sobre el destino de estos fondos, advirtiendo que el Gobierno solo ha justificado la llegada de 45.000 millones a la economía. Además, lamentó la devolución de 61.000 millones del Plan de Recuperación y cuestionó la efectividad real de las ayudas, acusando al Gobierno de desconexión con la realidad económica del país.

Silvia Franco, diputada del GPP, critica al Gobierno por su falta de soluciones para Ceuta dos meses después de la invasión. Durante una sesión de control en el Congreso, denunció los cambios de criterio del Ejecutivo y subrayó que la situación en Ceuta es insostenible desde finales de julio. Franco cuestionó la respuesta del Gobierno ante lo que considera una crisis de Seguridad Nacional, señalando que han muerto más de 100 personas, incluidos 13 niños, sin que se haya pedido perdón. Además, destacó la instrumentalización de la inmigración y criticó la negativa del PSOE a reconocer esta situación.

El Partido Popular (PP) ha presentado una moción en el Senado que exige al Gobierno la creación de un Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) "plenamente fiable" y mayor transparencia en la aplicación de la Ley de Nietos. Los senadores Alfonso Serrano y Rosa Viera argumentan que es crucial garantizar criterios claros y procedimientos homogéneos para la nacionalidad española, advirtiendo sobre posibles manipulaciones electorales. La moción también solicita información detallada sobre las solicitudes y concesiones relacionadas con la ley, así como una revisión de los expedientes antes del cierre censal para las próximas elecciones autonómicas.