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Justicia

19/10/2020@18:28:55
El tribunal de la Sala Civil y Penal impone a Corominas, Simó, Barrufet y Guinó penas de un año y ocho meses de inhabilitación especial para cargo público electo y multas de 30.000 euros. Mireia Boya queda exonerada al entenderse que no fue nominalmente advertida por el Tribunal Constitucional y no ostentaba condición representativa de acuerdo con las exigencias del tipo penal.

Vox ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid que se amplíe la investigación financiera de Podemos después de la denuncia de la exsenadora de la formación que lidera Pablo Iglesias, Celia Casanovas, en la que solicita la personación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación y que le sitúan en una situación de indefensión y de descrédito profesional.

Los magistrados de la Audiencia Provincial ratifican el sobreseimiento de las actuaciones al entender, entre otros razonamientos jurídicos, que los hechos carecen de relevancia penal.

Tras archivarla a toda prisa hace un año, la Sala Segunda informa ahora a los querellantes que da por ‘recibido’ el escrito donde piden reabrir esta causa especial 21092/2018 y que ha reclamado ya la querella y las actuaciones practicadas al Archivo General del Tribunal Supremo para volver a resolver sobre este asunto.

Vox ha enviado un escrito al Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional para personarse como acusación popular en el caso del incidente ocurrido en la Embajada de México en Bolivia, el pasado mes de diciembre, cuando intentaron acceder la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, acompañada por el cónsul español, Álvaro Fernández, protegidos por cuatro miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional de España, donde se encontraban varios exministros del Gobierno de Evo Morales.

La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado la adopción de medidas cautelares solicitadas por la entidad Òmnium Cultural contra el Rey emérito. En una providencia se recuerda que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos l.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución del Partido Popular de un delito de daños informáticos por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero del PP Luis Bárcenas en la sede del partido de la calle Génova de la capital.

La Sala Segunda ratifica con ligeros ajustes las condenas para 29 acusados fijadas por la Audiencia Nacional y la responsabilidad civil a título lucrativo del PP. El tribunal considera excesivas las menciones a la ‘caja B’ porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa.

La sentencia relata que los escritos "crearon alarma y temor en las personas integrantes de la mesa informativa" y en las que estaban en la sede del partido.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este miércoles que su departamento comenzará a tramitar la semana que viene los indultos a los condenados del 'procés', entre los que están destacados dirigentes independentistas, como el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El Tribunal Constitucional examinará que diputados y senadores de formaciones nacionalistas y de Podemos asuman el cargo prometiendo lealtad al referéndum ilegal del 1-O, a la “república vasca” o a "la democracia y los derechos sociales”.

Vox se ha dirigido al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para solicitar que se acuerden diligencias con el objetivo de que se aclaren las cuentas de Podemos y las empresas vinculadas a la formación, después de que algunas publicaciones hayan indicado que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha remitido un escrito por el que vería en las cuentas de Podemos “indicios sugerentes de responsabilidad penal”.

La consultora de Monedero, Neurona, hizo vídeos e incluso el spot electoral de Isa Serra para las elecciones autonómicas de 2019. No fue su único trabajo, algo que ya investiga la justicia, para determinar si ha habido financiación ilegal o malversación.

La Consejería de Justicia de la Generalitat ha informado este martes del tercer grado concedido a los presos independentistas tras aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles en las que los nueve presos cumplen condenas de hasta 13 años. Cabe recordar que llevan en prisión solo nueve meses.