La dolorosa muerte de Blessings Myrical Jean Simmons, una infante de seis meses hallada sin vida horas después de recibir seis vacunas rutinarias, ha encendido las demandas de justicia por parte de sus padres y ha suscitado un escrutinio sobre el calendario de vacunación infantil del CDC. Los progenitores rechazan la etiqueta de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SIDS) que figura en el informe de autopsia, considerándola un encubrimiento para una tragedia relacionada con la vacunación.
Durante una visita rutinaria para chequeo, Blessings, quien se encontraba en perfecto estado de salud, recibió seis vacunas. Más tarde ese mismo día fue encontrada inerte en su cuna. Sus padres, devastados por la pérdida, argumentan que el diagnóstico vago de SIDS por parte del sistema médico desestima los peligros potenciales de los protocolos agresivos de vacunación, acusando a este sistema de priorizar los intereses farmacéuticos sobre la seguridad infantil.
Demandas por respuestas y justicia
De acuerdo con Naturalnews.com, mientras los padres Brishe McKinley y Elijah Simmons luchan por respuestas, su historia revela un patrón perturbador de negligencia y engaño por parte de las autoridades sanitarias. Desde forenses que se niegan a incluir las vacunas como causa de muerte hasta pediatras que promueven inyecciones tóxicas sin consentimiento informado, el complejo médico-industrial continúa sacrificando a los niños en el altar de la inmunización obligatoria, silenciando a quienes se atreven a alzar la voz.
Blessings recibió durante su visita pediátrica una segunda dosis de DTaP (difteria, tétanos y tos ferina), poliovirus inactivado, Hib (Haemophilus influenzae tipo b), rotavirus, neumocócica y una tercera dosis de hepatitis B. Se le administraron dos inyecciones en cada pierna junto con dos vacunas orales. Su madre recordó que la bebé estaba alegre y activa antes del procedimiento.
Cuestionamientos sobre la seguridad vacunal
Tras recibir las vacunas, Blessings comenzó a mostrarse inusualmente irritable y lloró más de lo habitual. Sus padres asumieron que era consecuencia del dolor en el lugar de las inyecciones y le dieron paracetamol como recomendó el pediatra. Sin embargo, la tragedia ocurrió al día siguiente cuando encontraron a su hija sin vida; su madre describió: “Cuando despertamos, la encontramos sin vida. Su cuerpo estaba frío.”
A pesar de que no se ha divulgado oficialmente la causa del fallecimiento, este caso ha intensificado las preocupaciones entre algunos padres sobre las posibles reacciones adversas a las inmunizaciones rutinarias. Las autoridades médicas sostienen que estas inyecciones son “seguras y efectivas”, pero no existen estudios que demuestren los efectos acumulativos a largo plazo en los infantes.
McKinley y su familia ahora abogan por una mayor conciencia sobre los riesgos potenciales asociados con las vacunas. “Solo queremos respuestas,” expresó McKinley. “Ningún padre debería pasar por esto.”
La manipulación del diagnóstico SIDS
Cuando los infantes fallecen poco después de ser vacunados, el sistema rápidamente clasifica sus muertes como SIDS—un diagnóstico que no requiere evidencia ni responsabilidad alguna. Como descubrieron los padres de Blessings, incluso cuando las muestras autópsicas muestran signos claros de una reacción adversa, los médicos forenses son instruidos para ignorar lo evidente.
Una exdetective policial confirmó esta fraude sistémico al investigador Steve Kirsch: la mitad de los casos clasificados como SIDS que examinó estaban relacionados con vacunaciones recientes; sin embargo, nunca se incluyeron las vacunas en los certificados de defunción. Esta omisión deliberada protege a la industria farmacéutica mientras deja a familias como McKinley y Simmons sufriendo en silencio.
Finalmente, cuando la clínica admitió que es probable que la muerte estuviera relacionada con la vacuna, dirigieron a sus padres hacia el Programa Nacional para Compensar Lesiones Vacunales (VICP), un sistema donde solo se paga una fracción de las reclamaciones presentadas. Creado en 1986 tras amenazas por parte de fabricantes ante posibles demandas legales, el VICP ha pagado más de 5 mil millones a víctimas; no obstante, muchas familias enfrentan años de retrasos y obstáculos legales.
Llamado a la acción
El intento de McKinley por encontrar representación legal fue frustrado: un abogado inicialmente dispuesto a solicitar evidencia autópsica posteriormente retrocedió alegando insuficiencia en las muestras. El mensaje es claro: el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo y no para salvaguardar a los niños afectados.
El llamado público realizado por McKinley es sencillo: “No permitan que sus seres queridos se conviertan en una estadística más del sector farmacéutico.” A medida que más padres toman conciencia sobre los peligros asociados con la vacunación coercitiva, crece también la lucha por la libertad médica—y por justicia para niños como Blessings. La pregunta persiste: ¿cuántos más deben morir antes de que el mundo escuche y proteja a estos bebés vulnerables?
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