Un tribunal canadiense ha dictado que la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el TD Bank deben divulgar los registros relacionados con el congelamiento de las cuentas bancarias de Evan Blackman, un manifestante del Convoy de la Libertad, a pesar de que nunca ha sido condenado por un delito. Este caso pone a prueba el uso de poderes de emergencia por parte del gobierno federal en 2022, cuando el entonces primer ministro Justin Trudeau invocó la Ley de Emergencias para reprimir las protestas en Ottawa.
La decisión del tribunal se produce en el contexto de una impugnación legal presentada por Blackman, quien argumenta que las acciones del gobierno constituyen un exceso de poder. La Ley de Emergencias otorgó a las autoridades facultades amplias, incluyendo la capacidad sin precedentes de congelar activos financieros y realizar arrestos durante las manifestaciones consideradas ilegales.
Desafíos legales y derechos fundamentales
A pesar de haber sido arrestado en 2022 bajo cargos de desorden y obstrucción, estos fueron desestimados en octubre de 2023 por falta de pruebas. Sin embargo, los fiscales han apelado esta decisión y un nuevo juicio está programado para agosto de 2024. En este contexto, Blackman busca obtener registros que respalden su desafío constitucional basado en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
El equipo legal de Blackman, respaldado por el Centro Canadiense para las Libertades Constitucionales (JCCF), sostiene que el congelamiento de sus cuentas violó sus derechos y establece un peligroso precedente para la disidencia. Este caso es considerado pionero en Canadá al combinar un juicio penal con un desafío a la Carta sobre sanciones financieras emergentes.
Implicaciones para futuras protestas
El resultado del caso podría revelar posibles coordinaciones entre las autoridades y las instituciones bancarias, lo cual influiría en futuros desafíos a los poderes de emergencia. La situación resalta debates globales sobre cómo equilibrar la seguridad estatal con las libertades individuales durante crisis sociales.
A medida que se aproxima el juicio programado para agosto, la orden judicial que exige la liberación de registros podría arrojar luz sobre la interacción entre los cuerpos policiales y las entidades financieras. Este desarrollo no solo impacta a Canadá, sino que también resuena en discusiones más amplias sobre derechos civiles y medidas gubernamentales durante períodos críticos.
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