Gobierno establece plazo para privatizar AySA

El Gobierno nacional ha dado un paso significativo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal empresa encargada de proporcionar agua potable y servicios de saneamiento en el país. La reciente Resolución 1198/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, marca el comienzo del proceso destinado a transferir la gestión de esta compañía al sector privado.

AySA, que cuenta con un 90% de su capital social en manos del Estado, opera principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El plan del Gobierno contempla la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante una licitación pública tanto nacional como internacional, mientras que el restante se colocará en los mercados bursátiles locales.

Marco legal y organismos responsables

La privatización de AySA se encuentra respaldada por lo estipulado en el Decreto 494/2025 y la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, que establece que la empresa es “sujeta a privatización”. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” ha sido designada para coordinar este procedimiento junto con la Secretaría de Obras Públicas.

Ambas entidades tendrán la responsabilidad de asegurar la continuidad del servicio público de agua potable y desagües cloacales durante y después del traspaso. El contrato de concesión será elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, contando con la participación activa de la Unidad Ejecutora.

Valuación y plazo para la venta

El Tribunal de Tasaciones de la Nación ha indicado que no puede realizar una valuación adecuada de la empresa dentro de un plazo razonable. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido contratar a una entidad bancaria pública para determinar el valor real de AySA.

La resolución establece un plazo máximo de ocho meses desde su entrada en vigencia para llevar a cabo la venta del paquete accionario. Durante este periodo, serán necesarios todos los pasos técnicos, legales y financieros para facilitar el traspaso.

Impacto en usuarios y política económica

El Ejecutivo ha asegurado que la privatización no interrumpirá la continuidad del servicio, que deberá mantenerse sin alteraciones en el AMBA. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir la participación estatal en empresas públicas e incentivar la inversión privada en servicios esenciales.

A través de esta medida, el Gobierno busca optimizar la eficiencia operativa de AySA, atraer inversiones y establecer un marco regulatorio que garantice un servicio adecuado para los millones de usuarios que dependen del suministro diario de agua y saneamiento.

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