Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la "lamentable" imagen del Gobierno en Ceuta, afirmando que hasta sus propios seguidores tienen dificultades para defenderlo. Durante una entrevista en Onda Cero, Muñoz cuestionó la ausencia de Pedro Sánchez en un pleno monográfico para explicar la situación actual. La portavoz destacó que el Gobierno es responsable de no haber tomado las medidas necesarias ante la crisis y acusó a Sánchez de falta de coordinación y planificación. Además, subrayó que el Ejecutivo ha tardado en reconocer la gravedad de la situación sanitaria en Ceuta, donde se han solicitado miles de vacunas.

El portavoz nacional del Partido Popular, Sémper, ha exigido el traslado de unidades de extranjería a Ceuta para agilizar los expedientes de repatriación, subrayando la necesidad de actuar con urgencia debido a la situación extraordinaria que enfrenta la ciudad. Con cerca de 10,000 personas en la calle, Sémper destacó problemas de orden público y sanitario, instando a que todos los inmigrantes irregulares sean devueltos lo antes posible. También anunció preguntas sobre brotes de enfermedades contagiosas en la región y criticó al Gobierno por su inacción ante esta crisis. Además, reafirmó el compromiso del PP para revertir la situación en Ceuta y en toda España.

El Tribunal Supremo ha decidido tramitar como medida cautelar la solicitud de los senadores del Grupo Parlamentario Popular (GPP), otorgando al Gobierno un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones. Aunque el PP respeta esta decisión, enfatiza que no aborda el fondo del asunto, que es la obligación del Gobierno de comparecer ante el Senado. El tribunal también ha dejado abierta la vía cautelar ordinaria y ha subrayado que el control parlamentario es un derecho fundamental de los senadores. La situación plantea un debate jurídico sobre la relación entre el Gobierno y las Cámaras legislativas.

Estados Unidos habría comenzado a desviar a deportados mexicanos hacia otros países de la región, como Guatemala y Honduras. Esta medida se enmarca dentro de la política migratoria del país norteamericano y refleja cambios en el manejo de inmigrantes. La situación resalta las complejidades de la migración en América Latina y las relaciones entre los países involucrados.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, ha destacado el plan presentado por Alberto Núñez Feijóo para Ceuta, que aborda las necesidades de esta ciudad autónoma y Melilla. El plan incluye medidas económicas para mejorar la infraestructura fronteriza y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. Bravo criticó al Gobierno por no atender las demandas de renovación de comisarías y por la falta de soluciones a problemas de vivienda. También propuso extender bonificaciones a la Seguridad Social para activar el comercio local. Además, cuestionó la gestión del Gobierno respecto a la inmigración irregular en Ceuta y la falta de datos sobre la situación actual en la ciudad.

El Partido Popular ha calificado de "escandaloso y sangrante" que el presidente Sánchez continúe de vacaciones en medio de la crisis migratoria en Ceuta, que consideran de "extrema urgencia". Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, portavoz de Defensa del PP, criticó la ausencia de la ministra Margarita Robles en la Comisión de Defensa, donde se esperaba su comparecencia para abordar la situación. El senador destacó que el Gobierno ignora las advertencias sobre el aumento de cruces irregulares y acusó a Sánchez de actuar con soberbia y prepotencia. Además, hizo un llamado a los ceutíes asegurando que el PP no los ha abandonado y demandó una respuesta efectiva ante lo que calificó como una "verdadera invasión" en la frontera.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha anunciado una Proposición No de Ley (PNL) para una actuación inmediata en Ceuta, exigiendo al Gobierno español que se restablezca la normalidad y se proteja la integridad territorial del país. La PNL incluye el reconocimiento de la situación en Ceuta como una crisis de seguridad nacional y propone un plan de normalización con refuerzo de efectivos en las Fuerzas de Seguridad y Armadas. Gamarra también demanda el retorno inmediato de los inmigrantes que entraron ilegalmente y critica la política migratoria del Gobierno. Además, ha solicitado la comparecencia de Mónica García en el Congreso, tras su exclusión de una reunión con el presidente Sánchez. Gamarra destaca la necesidad de garantizar la soberanía y proteger los derechos de los ceutíes.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, criticó que el Gobierno haya tardado 26 días en comparecer desde el inicio de la crisis en Ceuta. En su declaración, Muñoz destacó que este es el primer día en que un miembro del Gobierno asiste al Congreso y cuestionó las prioridades del Ejecutivo, sugiriendo que primero fueron las vacaciones y luego España. Además, recordó que el Partido Popular había solicitado una comparecencia urgente de Pedro Sánchez desde el 31 de julio, tras un ataque a la integridad territorial de España. Muñoz también señaló la falta de explicaciones del Gobierno sobre la crisis y la necesidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, demandada por la Asamblea de Ceuta.

Estados Unidos ha realizado un segundo cambio en su principal diplomático en Ucrania durante este verano. Esta decisión refleja la dinámica de la política exterior estadounidense en relación con el conflicto ucraniano. La noticia destaca la importancia de estos movimientos en el contexto de las relaciones internacionales y la situación actual en Ucrania.

Chile ha anunciado el cierre de su embajada en Irán, una decisión que impacta las relaciones diplomáticas entre ambos países. Este movimiento se produce en un contexto de tensiones políticas en Oriente Medio y refleja la postura de Chile en asuntos internacionales. La noticia resalta la importancia de seguir de cerca los desarrollos políticos en América Latina y su influencia en el ámbito global.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha lanzado una ofensiva en el Senado para investigar el aumento del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA), que ha superado los 2,7 millones de electores, con un notable crecimiento en Madrid. El PP exige al Gobierno transparencia sobre las inscripciones, especialmente aquellas relacionadas con la adquisición de nacionalidad y otros cambios administrativos. Además, se cuestionan los criterios de inscripción y la gestión del censo por parte de la Administración. La iniciativa busca garantizar que el censo sea fiable y que todos los españoles en el exterior tengan las mismas garantías de voto que aquellos que residen en España.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, denuncia la "situación límite y desesperada" en Ceuta, donde entre 10.000 y 12.000 personas deambulan por las calles sin solución gubernamental. Critica que el presidente Sánchez esté de vacaciones mientras los profesionales en la ciudad enfrentan renuncias y sobreesfuerzos sin el apoyo adecuado del Gobierno. Bravo exige atención a las condiciones laborales de estos trabajadores y reclama la devolución de inmigrantes, incluidos menores, a sus países de origen. Además, critica las visitas ministeriales que solo buscan generar imagen sin aportar soluciones efectivas a la crisis en Ceuta.

Colombia ha actualizado la cifra de desaparecidos tras el reciente terremoto que afectó al país. Este evento sísmico ha generado preocupación a nivel nacional e internacional, y las autoridades están trabajando para localizar a las personas reportadas como desaparecidas. La situación sigue siendo crítica en algunas áreas afectadas, mientras se llevan a cabo esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha planteado la posibilidad de suspender el acuerdo bilateral de extradición con España debido a la falta de reciprocidad en las solicitudes. Desde 2018, España ha extraditado a 98 personas a Marruecos, mientras que ha rechazado 92 peticiones marroquíes. Estas cifras han generado tensiones entre ambos países, ya que Marruecos sostiene que cumple con sus compromisos y critica las negativas españolas por razones jurídicas. Aunque el convenio sigue vigente, su posible suspensión podría complicar la cooperación judicial y la entrega de fugitivos entre ambos estados.