Complicaciones para obtener compensación por lesiones tras vacunas COVID-19

La compensación por lesiones causadas por vacunas se presenta como un espejismo. Resulta casi imposible obtener siquiera una pequeña suma de dinero del vasto bolsillo del complejo industrial de vacunas, que cuenta con miles de millones de dólares provenientes de una industria cuestionable y ha creado una abrumadora burocracia que frustra a quienes intentan demandarlos.

Un programa federal poco conocido, destinado a indemnizar a las personas lesionadas por las vacunas contra la COVID-19, ha sido objeto de críticas debido a su limitada elegibilidad, su lento proceso y sus escasos pagos. El Programa de Compensación por Lesiones por Contramedidas (CICP), que opera bajo el Acta de Preparación Pública y Emergencia (PREP), solo cubre muertes o “lesiones físicas graves” relacionadas con las vacunas contra la COVID-19, dejando a cientos de miles de individuos lesionados sin opciones legales.

Exclusión de la mayoría de los lesionados por vacunas

Más de 1.5 millones de personas han reportado lesiones relacionadas con las vacunas contra la COVID-19 al sistema federal VAERS. Sin embargo, la gran mayoría no puede solicitar compensación porque sus condiciones, aunque discapacitantes o crónicas, no cumplen con la estricta definición gubernamental de “lesión grave”. Para calificar, una lesión debe ser potencialmente mortal, causar discapacidad permanente o requerir intervención médica mayor para evitar daños permanentes. Esto excluye problemas de salud comunes post-vacunación como dolores de cabeza crónicos, dolor en el pecho, fatiga o mareos.

Dado que las vacunas contra la COVID-19 fueron clasificadas como “contramedidas” durante la pandemia, están protegidas bajo el Acta PREP, que exime a los fabricantes de responsabilidad civil. Así, el peso recae sobre el CICP, que exige a los individuos presentar reclamaciones dentro del año posterior a la lesión.

Pocos reclamos aprobados y pagos mínimos

Aquellos que logran cumplir con los requisitos enfrentan difíciles probabilidades para recibir compensación. Hasta el 1 de junio de 2024, el CICP había recibido cerca de 14,000 reclamaciones relacionadas con las vacunas contra la COVID-19 pero solo aprobó compensaciones para 39—menos del 0.3%. La gran mayoría permanece en revisión.

Un caso notable es el de Doug Cameron, un hombre de Idaho quien quedó paralizado tras desarrollar un coágulo sanguíneo diez días después de ser vacunado. Ha esperado más de dos años sin recibir una decisión sobre su caso. Sus gastos médicos superan los 2 millones de dólares; sin embargo, la compensación media del CICP es apenas $4,182. Aunque algunos pagos excepcionales han elevado el promedio a poco más de $80,000, estas cifras aún son insuficientes para cubrir costos reales.

Llamados a la reforma

Los críticos sostienen que el sistema es intrínsecamente defectuoso. A diferencia del Programa Nacional de Compensación por Lesiones Vacunales (VICP)—establecido en 1986 para las vacunas administradas rutinariamente a niños—el CICP carece de transparencia y procesos significativos para asegurar indemnizaciones adecuadas. El Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. ha sugerido ampliar el VICP para incluir lesiones por vacunas contra la COVID-19 y extender los plazos para presentar reclamaciones.

No obstante, tal cambio requeriría modificaciones legales y estructurales significativas. Las vacunas contra la COVID-19 actualmente no están cubiertas por el mecanismo financiero del VICP, que depende de un impuesto especial aplicado por cada dosis administrada a niños.

Desafíos legislativos y legales

Grupos defensores están presionando por la derogación del Acta PREP, que actualmente protege a los fabricantes y limita las compensaciones al CICP. El representante Thomas Massie introdujo un proyecto de ley en julio de 2024 para eliminar estas protecciones legales, restaurar recursos legales civiles y redirigir fondos federales no utilizados. También se han presentado demandas desafiando la constitucionalidad del Acta PREP.

La situación general

Determinar el número exacto de personas lesionadas por vacunas sigue siendo complicado. VAERS es un sistema pasivo que incluye más de un millón de reportes en Estados Unidos sobre eventos adversos posteriores a las inyecciones contra la COVID-19. Dado que se sabe que VAERS captura solo una fracción real de los casos existentes, es probable que el verdadero alcance sea mucho mayor.

Por ahora, muchos individuos afectados permanecen sin una compensación adecuada mientras continúa el debate sobre si será el Congreso, HHS o los tribunales quienes finalmente resolverán este problema.

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