El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado formalmente la movilización de más de 20,000 miembros de la Guardia Nacional para respaldar las operaciones de aplicación de la ley de inmigración que ha intensificado la administración del presidente Donald Trump. Este movimiento, sin precedentes si se aprueba, representa un cambio significativo en la estrategia del gobierno estadounidense.
En los últimos meses, el DHS ha estado reasignando personal de diversas agencias federales para aumentar su capacidad operativa. Aproximadamente 2,000 agentes del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), del Servicio de Alguaciles de EE. UU. y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) han sido redirigidos para apoyar a las unidades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus operaciones de arresto. Estos agentes han desempeñado un papel crucial al asegurar ubicaciones durante las operaciones y al reforzar los equipos en campo que persiguen a inmigrantes indocumentados.
Estrategia ampliada y colaboración con fuerzas locales
La administración también ha ampliado su cooperación con departamentos policiales locales mediante acuerdos que permiten a los oficiales detener a individuos sospechosos de violaciones migratorias. Una operación reciente en Florida resultó en más de 1,000 arrestos, lo que refleja una estrategia coordinada para cumplir con la promesa del presidente Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
A medida que se intensifica esta estrategia, el DHS ha instruido al Departamento de Defensa (DoD) a incrementar drásticamente su capacidad para hacer cumplir las leyes migratorias, utilizando recursos tanto estatales como federales. Un funcionario del DoD, que pidió permanecer en el anonimato, confirmó que los abogados del Pentágono están revisando las implicaciones legales y operativas de esta solicitud.
Desafíos legales y críticas a la judicatura
Este desarrollo ocurre en un contexto donde los tribunales migratorios y jueces federales enfrentan una creciente presión por parte tanto de la administración como de defensores legales. Esta situación ha generado un estancamiento legal en los procedimientos de deportación. Críticos dentro del entorno cercano al presidente Trump han calificado esta resistencia judicial como un bloqueo coordinado por «jueces activistas» designados o influenciados por la administración Biden.
Trump ha expresado su frustración hacia el sistema judicial en publicaciones recientes, argumentando que no es posible ofrecer juicios individuales a todos los indocumentados debido a limitaciones temporales y recursos. Estas declaraciones reflejan una creciente inquietud dentro del gobierno sobre el ritmo y la escala de las deportaciones.
Para más información sobre este tema y otros relacionados con políticas migratorias, se puede consultar InvasionUSA.news.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 20,000 |
Tropas de la Guardia Nacional solicitadas por el DHS. |
| 2,000 |
Agentes federales redirigidos para asistir a ICE en operaciones de arresto. |
| 1,000 |
Arrestos realizados en una operación conjunta en Florida. |
Si (
No(
Traductor
