DEA

El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que amplía el acceso al cannabis, marcando un cambio significativo en la política de drogas de EE. UU. Al reclassificar el cannabis de narcótico de la Lista I a la Lista III, se permitirá más investigación sobre sus beneficios potenciales. Aunque el cannabis seguirá siendo ilegal a nivel federal, esta nueva clasificación facilitará deducciones fiscales para dispensarios autorizados y permitirá a algunos beneficiarios de Medicaid acceder al CBD sin costo. A pesar del apoyo público creciente hacia la legalización del cannabis, algunos legisladores republicanos han expresado preocupaciones sobre los efectos en la salud y el impacto en la economía. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/trump-expands-access-to-cannabis-in-a-major-shift-in-drug-policy/

En una operación federal sin precedentes, 75 inmigrantes ilegales y un ciudadano estadounidense fueron arrestados en un operativo antidrogas cerca de Coachella, California. Agentes de la DEA llevaron a cabo redadas en tres extensas operaciones ilegales de marihuana que abarcaban 790 acres, revelando condiciones inhumanas para los trabajadores, incluidos dos hombres encontrados encerrados en un tráiler sucio. La operación involucró a más de 500 agentes de múltiples agencias federales y expone la explotación laboral y el impacto del comercio ilegal de cannabis en la región. A pesar de las afirmaciones del gobierno estatal sobre el control del mercado negro, este caso destaca la creciente crisis relacionada con los carteles y la necesidad urgente de una mayor seguridad fronteriza. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

México ha extraditado a 29 líderes de cárteles, incluido Rafael Caro Quintero, a Estados Unidos para combatir la violencia relacionada con las drogas y evitar los aranceles amenazados por Trump. Caro Quintero, vinculado al asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, enfrenta cargos en EE. UU. y una posible pena de muerte. Esta acción marca un cambio significativo en las relaciones entre EE. UU. y México, enviando un mensaje claro a los cárteles sobre la justicia. La extradición también incluye a figuras como Vicente Carrillo Fuentes y líderes más jóvenes acusados de tráfico de fentanilo.

Un informe del New York Times revela que la DEA entregó a las autoridades mexicanas 23.000 mensajes de texto, declaraciones de testigos y documentos de investigación que evidencian la colusión entre el cártel Guerreros Unidos y militares y políticos mexicanos. Se señala que agentes de policía obedecieron órdenes directas de narcotraficantes en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y se menciona la participación de un médico forense y el uso de un crematorio para deshacerse de los cuerpos. A pesar de las pruebas, el crimen sigue siendo un misterio debido a la obstrucción por parte de las autoridades.

Tres personas han sido detenidas durante la operación, entre ellas un destacado y conocido lanchero que se encontraba en busca y captura por otro transporte de cocaína que fue frustrado en el mes de marzo del año pasado. Se le consideraba el 'número uno' de la nueva generación de narcotraficantes gallegos, tal y como apuntan los medios locales.

El Departamento de Guerra de EE. UU. ha intensificado su lucha contra el narcotráfico con 16 ataques aéreos letales desde septiembre, resultando en la muerte de cinco presuntos contrabandistas en el Pacífico. Esta estrategia marca un cambio significativo de las intervenciones no letales anteriores y ha sido justificada por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien califica a los objetivos como "narco-terroristas" relacionados con la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Sin embargo, críticos advierten sobre el riesgo de una expansión militar no controlada y violaciones del derecho internacional, especialmente en el contexto de posibles acciones militares contra facciones venezolanas vinculadas al narcotráfico. La militarización de la política antidrogas podría llevar a conflictos prolongados y desestabilizar regiones, ignorando las causas subyacentes del problema.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado al Departamento de Defensa (DoD) el despliegue de más de 20,000 tropas de la Guardia Nacional para apoyar las operaciones de inmigración bajo la administración del presidente Donald Trump. Esta medida, sin precedentes, busca intensificar la aplicación de la ley en el interior del país. Además, aproximadamente 2,000 agentes federales han sido reasignados para asistir a ICE en operaciones de arresto, aumentando así la capacidad para deportaciones masivas. La colaboración con fuerzas locales también se ha ampliado, resultando en más de 1,000 arrestos en una reciente operación en Florida. Sin embargo, los abogados del Pentágono están revisando la legalidad de esta solicitud debido a obstáculos judiciales que han ralentizado los procesos de deportación. La administración critica a lo que llama "jueces activistas" que obstaculizan su agenda migratoria. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, acusó a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque de financiar a la opositora María Corina Machado con dinero proveniente del narcotráfico. Durante una rueda de prensa, Cabello afirmó que este financiamiento apoya a grupos terroristas que buscan desestabilizar el país y provocar violencia. Además, mencionó que la estrategia de la extrema derecha está respaldada por instituciones estadounidenses como la CIA y la DEA. El ministro también advirtió sobre las consecuencias para aquellos que intenten invadir Venezuela, prometiendo una respuesta contundente. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.