El Departamento de Educación de Estados Unidos ha decidido revocar una política establecida durante la administración de Bill Clinton, que permitía a los inmigrantes indocumentados acceder a programas de educación técnica, profesional y para adultos financiados con fondos federales. Esta modificación se alinea con la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA) de 1996, que restringe los beneficios federales a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.
La decisión fue anunciada tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 19 de febrero, que instruye a todas las agencias federales a eliminar los beneficios financiados por los contribuyentes para los inmigrantes indocumentados. En consecuencia, las agencias ahora deben mejorar sus sistemas de verificación de elegibilidad, asegurar el cumplimiento con la ley federal y reportar cualquier uso indebido de beneficios al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional.
Cambios en la política educativa federal
La nueva política entrará en vigor el 9 de agosto, y las instituciones educativas que no cumplan con esta normativa podrían enfrentar la pérdida de financiamiento federal. Según declaraciones del secretario de Educación, Linda McMahon, «los programas educativos postsecundarios financiados por el gobierno federal deben beneficiar a los ciudadanos estadounidenses, no a inmigrantes indocumentados». McMahon enfatizó que bajo el liderazgo del presidente Trump, los contribuyentes estadounidenses ya no financiarán la participación de inmigrantes ilegales en programas educativos.
Este cambio representa un giro significativo respecto a la guía emitida por la administración Clinton en 1997, que eximía erróneamente ciertos programas educativos de las restricciones impuestas por la PRWORA sobre beneficios federales para no ciudadanos. La carta informativa emitida en aquel entonces permitía a los proveedores omitir la verificación de elegibilidad para los participantes en programas educativos técnicos y para adultos.
Directrices para el cumplimiento federal
Los funcionarios del Departamento han señalado que la carta emitida durante la administración Clinton «malinterpretó la ley al crear distinciones artificiales entre programas de beneficios federales basadas en el método de asistencia». A partir de ahora, se instruirá a los proveedores educativos a verificar la elegibilidad de los participantes conforme a lo estipulado por la ley federal.
El orden ejecutivo firmado por Trump también establece directrices clave para limitar el acceso a beneficios federales por parte de inmigrantes indocumentados. Se requiere que todas las agencias federales realicen una revisión exhaustiva de sus programas y identifiquen aquellos que actualmente permiten que individuos indocumentados reciban beneficios. Además, deberán tomar las medidas adecuadas para cumplir con lo establecido en la PRWORA.
Las agencias también están obligadas a garantizar que los fondos federales proporcionados a estados y gobiernos locales no sean utilizados para apoyar políticas denominadas como «santuarios» o facilitar la inmigración ilegal. Para reforzar esta normativa, se les instruye mejorar sus sistemas de verificación para excluir mejor a los indocumentados del acceso a beneficios financiados por los contribuyentes.
Cualquier instancia de uso indebido debe ser reportada al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, quienes tomarán las acciones legales pertinentes.
Para más información sobre este tema, se puede consultar diversas fuentes relacionadas con estas decisiones administrativas.
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