La administración de Joe Biden se encuentra bajo un intenso escrutinio tras revelarse que los indultos firmados con autopen carecían de la aprobación directa del presidente, lo que ha generado preocupaciones constitucionales. El expresidente Donald Trump ha declarado que estos indultos son nulos, alegando que Biden no estaba al tanto de ellos. En respuesta, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación y ha emitido citaciones a varios colaboradores, algunos de los cuales han invocado la Quinta Enmienda o han eludido las deposiciones, lo que profundiza las sospechas sobre un posible abuso por parte del personal administrativo.
Expertos legales advierten que los indultos firmados mediante máquina podrían ser inválidos, lo que podría reabrir casos como el del Dr. Anthony Fauci y clemencias preventivas. Correos internos contradicen la defensa de Biden, revelando que sus asesores gestionaron las listas de clemencia sin su revisión final en un proceso caótico y poco documentado.
Una crisis constitucional en desarrollo
Las revelaciones plantean interrogantes fundamentales sobre la autoridad presidencial. Según The New York Times, los colaboradores de Biden finalizaron órdenes de clemencia a través del autopen incluso después de revisiones de último minuto—revisiones que supuestamente Biden nunca examinó. Los correos muestran que Jeff Zients, jefe de gabinete, aprobó el uso del autopen para indultos a las 10:31 p.m. del 19 de enero de 2025, solo horas antes del final del mandato de Biden. Entre los indultos firmados se encontraba uno para Fauci, figura controvertida debido a su papel durante la pandemia de COVID-19.
Trump ha aprovechado esta situación, declarando que los indultos realizados con autopen son “nulos” y acusando a la administración de ocultar el deterioro cognitivo de Biden. “Garantizo que él no sabía nada sobre lo que estaba firmando”, afirmó Trump, presentando el uso del autopen como parte de un “escándalo peligroso y preocupante”.
Demandas del Congreso por respuestas
El Comité de Supervisión de la Cámara, presidido por el representante James Comer (R-KY), ha lanzado una investigación exhaustiva, emitiendo citaciones a colaboradores cercanos a Biden como Anthony Bernal, jefe de personal de Jill Biden, quien evitó su deposición; y al médico personal del presidente, Dr. Kevin O’Connor, quien invocó repetidamente la Quinta Enmienda al ser interrogado sobre la salud del mandatario.
Neera Tanden, exdirectora del Consejo de Política Doméstica bajo Biden, declaró haber recibido autorización para usar el autopen sin confirmar cada acción con el presidente—una revelación que alimenta aún más las afirmaciones sobre un descontrol en el personal administrativo. Aunque Tanden negó cualquier irregularidad, su testimonio resalta la falta de transparencia en la toma de decisiones dentro de la Casa Blanca.
La defensa presidencial se debilita
Biden afirmó en una rara entrevista que otorgó los indultos verbalmente y culpó al personal por el uso del autopen. Sin embargo, correos internos contradicen sus afirmaciones al mostrar que sus asesores manejaron las listas finales sin su aprobación explícita. Incluso The New York Times, generalmente favorable a Biden, señaló que este no revisó nombres individuales en los indultos categóricos, solo “criterios generales”.
Los correos revisados por el periódico revelan un proceso apresurado y caótico. En la última noche del mandato presidencial, sus asesores trabajaron hasta las 10 p.m. para redactar indultos; Zients envió su aprobación para el uso del autopen tres minutos después de recibir la lista. Notablemente, se informó que Biden revocó un indulto para el exgobernador de Alabama Don Siegelman tras reconsideraciones tardías en una decisión tomada sin documentación formal.
Este escándalo trasciende las políticas partidistas. Si las acciones presidenciales pueden delegarse al personal sin rendición de cuentas, se socava la esencia misma de la autoridad ejecutiva. La promesa de Trump de investigar a la familia Biden y a “rivales políticos” aviva aún más las llamas del debate sobre un supuesto “estado profundo” corrupto manipulando a un presidente debilitado.
A medida que se intensifica la investigación del Comité de Supervisión, muchos estadounidenses se preguntan: ¿Quién gobernó realmente durante los últimos días de Biden? ¿Y será necesario que la Corte Suprema aborde la legitimidad de su presidencia?