El Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha anunciado la revocación de una interpretación de 1998 que permitía a los inmigrantes indocumentados acceder a ciertos programas financiados por el gobierno federal. Esta decisión se fundamenta en la consideración de que dicha interpretación era inconsistente con la intención original de la ley federal.
El departamento está reinstaurando una lectura más estricta de la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA) de 1996, que prohíbe a los inmigrantes ilegales recibir la mayoría de los beneficios públicos. Programas como Head Start, el Subsidio para Servicios Comunitarios, PATH y el Programa de Planificación Familiar Título X han sido reclasificados como «beneficios públicos federales», lo que significa que ya no estarán disponibles para quienes se encuentren en Estados Unidos sin autorización legal.
Cambios inmediatos ante la crisis fronteriza
Las modificaciones entran en vigor de inmediato con el objetivo de abordar la «emergencia continua en la frontera sur» y evitar el uso indebido de los fondos públicos. Este cambio de política sigue a una orden ejecutiva emitida en febrero de 2025 por el presidente Donald Trump, quien instruyó a todas las agencias federales a suspender los beneficios para los inmigrantes ilegales y a fortalecer los sistemas de verificación de elegibilidad conforme a PRWORA.
La interpretación original de 1998 permitía un acceso más amplio a programas como Head Start por parte de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, el Departamento liderado por Kennedy considera que esta interpretación era demasiado permisiva y no reflejaba adecuadamente el propósito inicial del marco legal.
Restauración del orden y protección de recursos
«Durante demasiado tiempo, el gobierno ha desviado los dólares fiscales de estadounidenses trabajadores para incentivar la inmigración ilegal», declaró Kennedy. «La acción tomada hoy cambia eso: restaura la integridad a los programas sociales federales, refuerza el estado de derecho y protege recursos vitales para el pueblo estadounidense».
Bajo la nueva política, se regresa a una interpretación más amplia sobre qué constituye un «beneficio público federal», tal como fue definido originalmente en 1996. Esto incluye cualquier subvención, préstamo, contrato o asistencia directa vinculada a servicios médicos, vivienda, educación o bienestar social que requiera prueba de residencia legal o estatus migratorio.
Los programas recientemente clasificados como «beneficios públicos federales» incluyen Head Start, que ofrece educación infantil y cuidado para familias de bajos ingresos; el Subsidio para Servicios Comunitarios, destinado a esfuerzos contra la pobreza; Proyectos para Asistencia en Transición desde la Condición de Personas Sin Hogar (PATH), que apoya a personas con enfermedades mentales graves; y el Programa Título X de Planificación Familiar, que proporciona servicios relacionados con la salud reproductiva.
Ejecución inmediata tras orden presidencial
Este cambio es resultado directo de una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero bajo el título «Terminando la Subvención Fiscal para Fronteras Abiertas». En este documento se instruye a las agencias federales identificar y revisar cualquier programa que permita actualmente a inmigrantes ilegales acceder a beneficios públicos.
Trump enfatizó que es política nacional que «los extranjeros dentro del territorio no dependan de recursos públicos para satisfacer sus necesidades», subrayando que existe un interés gubernamental apremiante por eliminar cualquier incentivo hacia la inmigración ilegal proporcionado por la disponibilidad de beneficios públicos.
Las agencias deben tomar medidas inmediatas para negar beneficios a quienes no estén legalmente autorizados en el país y asegurar que los fondos federales no respalden indirectamente políticas santuario en niveles estatales o locales.
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