La administración de Donald Trump ha expresado su firme oposición a una propuesta de las Naciones Unidas que busca gravar las emisiones del transporte marítimo, calificándola como un "impuesto global al carbono sobre los estadounidenses". Además, ha advertido sobre posibles represalias económicas contra los países que apoyen esta iniciativa.
En una declaración conjunta emitida el 12 de agosto por el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario de Transporte Sean Duffy, el Secretario de Energía Chris Wright y el Secretario de Comercio Howard Lutnick, se condenó el "Marco de Cero Neto" promovido por la Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU encargada de regular los estándares del transporte marítimo a nivel mundial. Este marco penalizaría a los barcos con altas emisiones a partir de 2027.
Rechazo a la influencia extranjera en políticas energéticas
Esta negativa se alinea con el esfuerzo más amplio del presidente Trump por eliminar la influencia extranjera sobre la política energética estadounidense y reafirmar el control nacional sobre las regulaciones ambientales. En su primer día de mandato en enero, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, argumentando que ello ahorraría al país más de un billón de dólares y evitaría cargas injustas para los contribuyentes estadounidenses.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA), bajo la dirección del Administrador Lee Zeldin, está desmantelando las regulaciones climáticas establecidas durante la administración Obama, buscando aliviar las normativas en los sectores automotriz y manufacturero y eliminar lo que la administración considera "impuestos ocultos" sobre negocios y familias.
Impacto económico del marco propuesto
La propuesta adoptada por un comité de la OMI en abril y programada para votación completa en octubre tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono marítimas mediante un nuevo conjunto de estándares de combustible y un mecanismo global de precios. Según este marco, los barcos que superen ciertos umbrales de emisiones enfrentarían tarifas punitivas, mientras que aquellos que cumplan con las normas recibirían incentivos financieros. De ser aprobadas, estas modificaciones entrarían en vigor en 2027.
Los secretarios han afirmado que Estados Unidos espera que otras naciones miembros de la OMI rechacen esta enmienda. Advirtieron que si la propuesta avanza, el país "no dudará en tomar represalias o explorar soluciones para nuestros ciudadanos si este esfuerzo fracasa".
Estrategia hacia la soberanía energética
Este rechazo forma parte de una estrategia más amplia destinada a minimizar el gobierno global sobre las regulaciones energéticas y ambientales estadounidenses. La administración busca "reclamar la soberanía estadounidense sobre la producción energética" y eliminar "restricciones globalistas" que perjudican a empresas y consumidores locales.
A medida que avanza esta agenda, se observa un enfoque decidido hacia el desmantelamiento de regulaciones ambientales previas. Las medidas propuestas incluyen cambios significativos en los estándares de eficiencia del combustible y límites a las emisiones, lo cual ha generado críticas debido al potencial aumento en las emisiones de gases efecto invernadero.
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