En Brasil, la situación democrática se encuentra en un estado crítico, amenazada por una compleja red de censura, persecución judicial y manipulación política. Recientes filtraciones conocidas como los Archivos del 8 de enero han corroborado las denuncias que desde hace años han hecho medios censurados como La Derecha Diario. Estas revelaciones indican que el régimen de Lula da Silva ha utilizado al Tribunal Supremo para criminalizar la libertad de expresión y establecer lo que algunos califican como una dictadura judicial, similar a modelos autoritarios en Cuba o China.
El incidente del 8 de enero de 2023, donde simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro ingresaron a edificios públicos en Brasilia, fue presentado por el gobierno y los medios afines como un “golpe de Estado”. Sin embargo, documentos recientes muestran que muchos de los arrestados no participaron en actos violentos. Personas mayores, enfermos y manifestantes pacíficos fueron igualmente catalogados como “terroristas” y encarcelados.
Nuevas revelaciones sobre la represión
Los archivos filtrados dan cuenta de un grupo de trabajo clandestino, liderado por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien es un aliado cercano del presidente Lula. Este equipo operaba ilegalmente mediante un grupo secreto en WhatsApp, donde elaboraban “informes de inteligencia” falsos o sin validez judicial.
Se mantuvo a los detenidos encerrados mientras se escaneaban sus redes sociales en busca de publicaciones antigubernamentales.
Se utilizaron bases de datos biométricas sin autorización judicial para identificar personas.
Se negó el acceso a las pruebas a los abogados defensores.
Se ordenó prisión preventiva basándose únicamente en posteos de redes sociales, violando principios constitucionales.
Censura mediática y persecución política
Toda esta estrategia tenía como objetivo legitimar una narrativa falsa: la idea de un supuesto golpe de Estado orquestado por Bolsonaro, que serviría como justificación para su proscripción política. Lula llegó a calificar públicamente a los manifestantes como “fascistas”, mientras que Moraes los trató como “enemigos del Estado”.
No solo ciudadanos comunes fueron blanco del aparato represor; también medios independientes sufrieron las consecuencias. La Derecha Diario, el primer medio censurado bajo este régimen, fue bloqueado en Brasil en 2022 tras revelar evidencia concreta de fraude electoral. Esta censura se extendió posteriormente a toda la red social X, después de que Elon Musk se negara a eliminar cuentas opositoras brasileñas.
Fernando Cerimedo, consultor político y colaborador del medio, también fue víctima directa. Al denunciar irregularidades en el proceso electoral brasileño con datos oficiales, sufrió persecuciones y bloqueos en redes sociales sin que sus denuncias fueran investigadas. Plataformas como Facebook colaboraron activamente con la censura impuesta por el Tribunal Superior Electoral (TSE), bajo el control de Moraes.
Anomalías electorales ignoradas
Cerimedo había expuesto graves anomalías: patrones sospechosos en la votación, inconsistencias en las urnas electrónicas y falta de transparencia. En lugar de recibir respuestas adecuadas, enfrentó una respuesta judicial caracterizada por la persecución.
A uno de los objetivos preferidos del sistema represivo le corresponde ser Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente. Conversaciones filtradas entre Marco Antônio Vargas, juez asistente de Moraes, y Eduardo Tagliaferro, jefe de Asesoría Especial contra la Desinformación, evidencian una intención clara: vincular penalmente a Cerimedo con Eduardo Bolsonaro.
Estrategias cuestionables dentro del sistema judicial
El 4 de noviembre de 2022, Vargas escribió: “Quiere atrapar a Eduardo Bolsonaro”. A lo que Tagliaferro respondió: “Hay un video de Eduardo con la bandera del diario que hizo la live ayer; podemos relacionarlo con eso”. Incluso enviaron un informe titulado "Análisis de manifestaciones antidemocráticas Fernando Cerimedo", utilizando imágenes donde Eduardo sostiene la bandera del medio como supuesta evidencia criminal. En una conversación posterior, Vargas afirmó sin reparos: “Este es un delincuente”. Tagliaferro incluso bromeó diciendo: “Si arrestan a EB, Brasil entra en colapso”.
Dicha estrategia incluyó preparar investigaciones dentro del Tribunal Supremo Federal (STF) y manipular material gráfico para justificar detenciones fuera del marco legal habitual.
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