El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la revocación del visado estadounidense al juez brasileño Alexandre de Moraes, así como a su familia y a sus aliados en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Esta decisión se produce en medio de un contexto político tenso tras la reciente orden de Moraes que establece que el expresidente Jair Bolsonaro debe utilizar una tobillera electrónica durante su arresto domiciliario.
La medida se enmarca dentro de una serie de acciones judiciales intensificadas por el gobierno de Lula Da Silva contra Bolsonaro. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Rubio calificó esta situación como una "caza de brujas política" y afirmó que las acciones del juez representan una violación de los derechos fundamentales. Según él, el proceso judicial en Brasil ha trascendido fronteras y constituye un ataque directo a la libertad de expresión.
Reacciones ante la revocación
Rubio enfatizó que la administración del expresidente Trump está comprometida con exigir responsabilidades a aquellos extranjeros involucrados en la censura a la libertad de expresión en Estados Unidos. La decisión coincide con el aumento de la persecución judicial contra Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones infundadas sobre su supuesta implicación en los disturbios ocurridos el 8 de enero de 2023, calificados por el gobierno actual como un intento de golpe de estado.
El juez Moraes ha estado liderando diversas investigaciones contra Bolsonaro y su círculo cercano, implementando medidas como la incautación del pasaporte del exmandatario y ahora, la imposición del uso de un dispositivo electrónico para monitoreo. Además, se encuentra investigando una presunta red dedicada a la desinformación y discursos incendiarios promovidos por los aliados del expresidente.
Implicaciones políticas
La revocación de visas por parte del Departamento de Estado es interpretada por analistas como una estrategia política interna del gobierno estadounidense, orientada a reafirmar su oposición frente a lo que consideran abusos judiciales perpetrados por las autoridades brasileñas. Este movimiento refleja no solo tensiones diplomáticas, sino también un enfoque claro hacia la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos.
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