Brasil prohíbe sanciones extranjeras a empresas locales

Brasil adopta medidas contra sanciones extranjeras

La justicia brasileña ha tomado una decisión controvertida al prohibir las restricciones impuestas por actos unilaterales de otros países sobre empresas y organismos con sede en Brasil. Esta resolución fue anunciada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, quien busca neutralizar los efectos de las imposiciones y restricciones que provienen de tribunales extranjeros.

Según el portal G1, la medida establece que ninguna entidad que opere dentro del territorio brasileño podrá aplicar sanciones coercitivas, como el bloqueo de activos o la cancelación de contratos, sin una autorización expresa del STF.

Implicaciones de la resolución

Esta normativa tiene implicaciones significativas, ya que afecta directamente a las sanciones impuestas recientemente por Estados Unidos contra el juez Alexandre de Moraes. La decisión de Dino implica que las medidas coercitivas dictadas fuera de Brasil no serán acatadas automáticamente, lo que representa un desafío a la autoridad extranjera en el ámbito judicial.

Con esta acción, Brasil establece un límite a la aplicación de leyes y órdenes ejecutivas extranjeras, lo cual podría abrir un nuevo capítulo en su relación con Estados Unidos. El ministro Dino ha comunicado su decisión al Banco Central y a la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), instando a estas instituciones a implementar la nueva normativa.

Contexto tenso entre Brasil y EE.UU.

• A finales del mes pasado, De Moraes fue incluido en la "lista de nacionales especialmente designados" por parte de Estados Unidos, lo que permite al país bloquear transacciones o incautar bienes del juez en su territorio.
• El juez sancionado está llevando a cabo un juicio penal contra el expresidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.
• La resolución se produce en un contexto complejo, ya que el expresidente Donald Trump había impuesto aranceles del 50% a Brasil tras calificarlo como un mal socio y describir las decisiones judiciales brasileñas como una "caza de brujas".