Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), respaldados por tropas de la Guardia Nacional, llevaron a cabo una serie de redadas en dos granjas de marihuana en el sur de California, específicamente en Carpinteria y Camarillo, el pasado 10 de julio. Durante estas operaciones, se descubrieron diez menores indocumentados, ocho de ellos sin compañía, lo que generó violentas confrontaciones con los manifestantes que protestaban contra las acciones federales.
Las redadas, dirigidas a instalaciones autorizadas para la producción de cannabis por parte de Glass House Farms, han reavivado intensos debates sobre la aplicación de leyes migratorias, violaciones laborales infantiles y el alcance del gobierno federal en un estado donde el uso recreativo de la marihuana es legal.
Consecuencias inmediatas de las redadas
Los agentes ejecutaron órdenes de búsqueda en ambos lugares y detuvieron a varios trabajadores sospechosos de estar en el país ilegalmente. El comisionado de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP), Rodney Scott, confirmó posteriormente que los diez menores encontrados eran indocumentados, lo que llevó a una investigación sobre posibles abusos laborales infantiles.
La situación rápidamente se tornó caótica. Manifestantes, algunos armados, chocaron con los agentes federales, lo que resultó en el uso de gas lacrimógeno y reportes de disparos, así como múltiples heridos. El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura atendió a varias personas por exposición al gas lacrimógeno. Además, el Bureau Federal de Investigaciones (FBI) anunció una recompensa de $50,000 por información sobre un sospechoso que supuestamente disparó contra las fuerzas del orden.
Tensión política ante las redadas
El gobernador de California, Gavin Newsom, condenó las redadas al publicar videos donde se observaba a niños huyendo del gas lacrimógeno y familias separándose. En respuesta, el comisionado Scott acusó a Newsom de ignorar la explotación infantil en la industria del cannabis, afirmando: «Esta es la California de Newsom».
Legisladores demócratas, incluyendo al representante federal Salud Carbajal, calificaron la operación como “deplorable” y “una militarización excesiva”, mientras que funcionarios locales como el alcalde de Oxnard, Luis McArthur, criticaron las tácticas utilizadas como innecesariamente agresivas. Por su parte, las autoridades federales defendieron las redadas alegando que estaban cumpliendo con las leyes migratorias y investigando crímenes potenciales relacionados con el trabajo infantil.
Glass House Farms bajo escrutinio
Glass House Farms, uno de los mayores productores licenciados de cannabis en California, declaró haber cumplido con las órdenes federales pero no ofreció más detalles. La empresa se enfrenta ahora a graves acusaciones por emplear a trabajadores indocumentados menores de edad —una revelación que podría acarrear serias consecuencias legales y reputacionales.
El inversionista Marc Cohodes calificó las redadas como “más allá de lo escandaloso”, pero las autoridades federales mantienen su postura firme. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó categóricamente: «Nuestros valientes oficiales continuarán haciendo cumplir la ley.»
Crisis entre federalismo y derechos estatales
Este incidente representa un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre California y el gobierno federal respecto a las leyes migratorias y sobre la marihuana. A pesar de que California legalizó el cannabis recreativo en 2016, esta sustancia sigue siendo ilegal bajo la legislación federal, generando tensiones entre los negocios autorizados por el estado y las agencias federales encargadas del cumplimiento legal.
Además, las políticas del estado californiano como "estado santuario" han chocado frecuentemente con las ofensivas federales contra inmigrantes. Las estrategias agresivas del gobierno durante la administración Trump llevaron a redadas notorias en bastiones liberales, provocando protestas y desafíos legales.
Diversidad nacional frente a un dilema compartido
Las redadas evidencian profundas divisiones sobre temas migratorios y derechos estatales frente a la autoridad federal. Mientras algunos defienden la aplicación rigurosa de leyes migratorias para proteger a los trabajadores vulnerables —especialmente a los niños— otros critican estas tácticas como represivas e intimidatorias para comunidades inmigrantes.
A medida que continúan las investigaciones relacionadas con estas redadas, es probable que surjan más batallas políticas y legales, situando nuevamente a California en el centro del debate sobre políticas públicas más controvertidas en Estados Unidos. Lo cierto es que en este choque entre cumplimiento federal y autonomía estatal no existen respuestas sencillas; solo un conflicto creciente.
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La noticia en cifras
Cifra |
Descripción |
10 |
Número de menores indocumentados encontrados durante las redadas. |
8 |
Número de menores indocumentados que estaban no acompañados. |
$50,000 |
Recompensa ofrecida por el FBI por información sobre un sospechoso que disparó a la policía. |
2 |
Número de granjas de marihuana en California que fueron objeto de las redadas. |