El Salvador prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas públicas
La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, anunció este jueves mediante un memorando dirigido a la comunidad educativa que se prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en los centros escolares públicos y en las dependencias de su ministerio. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre la inclusión y el uso del idioma.
En una publicación en su cuenta de X, Trigueros explicó que esta medida, de carácter obligatorio, busca garantizar el "buen uso" del español en todos los materiales y contenidos educativos. Además, enfatizó la necesidad de "proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas" que puedan afectar su desarrollo integral.
Directrices claras sobre el lenguaje
El documento emitido por la ministra establece que términos como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs y nosotrxs son considerados deformaciones lingüísticas que no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia. Esta postura refleja una clara intención de mantener lo que se considera un uso tradicional del idioma español dentro del sistema educativo.
El presidente Nayib Bukele también se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, afirmando: "Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país". Su declaración refuerza la política educativa impulsada por su administración.
Contexto regional y antecedentes
Esta no es la primera vez que El Salvador toma medidas similares. En febrero del año pasado, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, anunció la eliminación de la ideología de género de las escuelas públicas. La institución argumentó que los contenidos con influencia ideológica habían sido retirados de guías y materiales educativos elaborados anteriormente.
Este anuncio coincidió con una decisión similar tomada por el presidente argentino Javier Milei, quien prohibió el uso del lenguaje inclusivo y las menciones en femenino en documentos oficiales. Argentina fue reconocida como la primera nación en adoptar este tipo de políticas lingüísticas en su administración pública. Estas acciones reflejan una tendencia creciente entre algunos gobiernos latinoamericanos hacia un enfoque más conservador respecto al lenguaje y la educación.