Durante años nos han vendido un relato que hoy sabemos era un auténtico engaño.
Nos dijeron que David Sánchez, hermano del presidente, trabajaba para la Diputación de Badajoz.
Que residía en Elvás, Portugal, y que por eso estaba exento de tributar en España.
Pero la verdad es otra.
David no vivía en Portugal.
Vivía en La Moncloa, junto a su esposa japonesa, Kaori Matsumoto, instalada en la residencia oficial del presidente del Gobierno.
Mientras tanto, seguía cobrando como funcionario de la Diputación, con un contrato que nadie entiende, y con unas condiciones que no se aplican a ningún otro trabajador.
Se ha mantenido la farsa de que cruzaba la frontera cada día, que cumplía con su obligación laboral en Badajoz.
Una mentira sostenida durante años para ocultar que en realidad vivía a costa de todos los españoles en la residencia más exclusiva del país.
Este caso no es un simple desliz administrativo.
Es un fraude institucional, consentido y silenciado por quienes tenían que fiscalizarlo.
Un engaño calculado que demuestra el nivel de impunidad con el que se mueve Pedro Sánchez y su familia.
El relato oficial se derrumba.
La realidad es que David Sánchez vivía como un rey en La Moncloa, con todos los privilegios, mientras nos decían que residía en Portugal para justificar que no pagaba impuestos en España.
Un fraude a la Hacienda pública y una burla a los ciudadanos.
Y aquí la pregunta clave:
¿Quién autorizó esta situación?
¿Quién miró hacia otro lado mientras el hermano del presidente se beneficiaba de una residencia oficial y de un contrato ficticio?
Porque esto no es un rumor, es un escándalo político de primera magnitud.
El caso David Sánchez revela, una vez más, el doble rasero del poder socialista: exigir sacrificios a los ciudadanos, mientras ellos utilizan las instituciones como si fueran una finca privada.
Un engaño prolongado en el tiempo, que retrata la falta de ética y el abuso de poder en el corazón de La Moncloa.
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