El GPP aprueba enmiendas para mejorar la Ley de multirreincidencia y combatir delitos repetitivos

El Grupo Popular logra avances significativos en la Ley de multirreincidencia

En el marco de la aprobación del Dictamen en la Comisión de Justicia, el Grupo Popular ha conseguido incorporar todas las modificaciones propuestas al texto de la futura norma. Este esfuerzo busca garantizar una aplicación más clara y coherente del derecho penal, así como reforzar la seguridad jurídica y asegurar una respuesta efectiva ante la comisión repetitiva de delitos como hurtos, estafas y pequeños robos cometidos por individuos con antecedentes penales.

El nuevo conjunto de medidas aprobadas incluye siete transacciones y dos correcciones técnicas, que se suman a las cuatro enmiendas previamente aprobadas en Ponencia. Estas enmiendas abordan temas críticos como los hurtos reiterados de teléfonos móviles, casos de estafas multirreincidentes y la tipificación del petaqueo de combustible utilizado para el narcotráfico, que verán un endurecimiento en las penas según lo propuesto por el PP.

Nuevas enmiendas y críticas al Gobierno

Entre las nuevas enmiendas transaccionadas, el diputado del GPP Santi Rodríguez destaca un acuerdo sobre la dotación de jueces de adscripción territorial, basado en los criterios que expresen los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, estableciendo un mínimo necesario para su funcionamiento.

Rodríguez también enfatiza el apoyo del PP a una enmienda presentada por Junts, que busca eliminar indeterminaciones en la valoración de robos ocurridos en explotaciones agrícolas y ganaderas. Sin embargo, critica al PSOE por considerar esta norma como una oportunidad para congraciarse con Puigdemont y prolongar la permanencia del presidente Sánchez en La Moncloa.

Impacto económico y situación legislativa

El diputado subraya que “la norma no puede ser eficaz por sí misma”, ya que depende de “un sistema judicial adecuadamente dimensionado y de recursos humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, algo que considera poco probable bajo el actual Gobierno. Además, destaca que el valor anual de los hurtos y estafas en los comercios españoles asciende a 2.800 millones de euros, lo cual representa más de 500 millones en perjuicio para las Administraciones Públicas.

Finalmente, denuncia que la Proposición de Ley del PP sobre multirreincidencia permanece paralizada “en el congelador” desde hace 17 meses, acumulando 52 prórrogas desde su consideración inicial. Critica que lo lógico habría sido unir este trámite parlamentario con el de Junts en un solo proceso, tal como se hizo con otras iniciativas legislativas relacionadas.

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