Fraude

La Fiscalía Europea ha incautado 1,1 millones de euros en una investigación sobre fraude y corrupción en Italia, que involucra a un oficial de policía y funcionarios públicos. La operación, llevada a cabo por los Carabineros en la provincia de Salerno, afecta a 14 de los 39 sospechosos investigados. Se descubrió una asociación criminal que solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural mediante información falsa, con la complicidad de funcionarios regionales. Además, se identificó a un miembro de la Guardia di Finanza que ayudaba al grupo delictivo al alertar sobre investigaciones. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión en línea falsa. La operación, que involucró la colaboración de investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. Los delincuentes utilizaban tácticas de presión psicológica y gráficos falsos para persuadir a las víctimas a transferir grandes sumas de dinero, que nunca eran invertidas. Las investigaciones continúan para identificar a más víctimas y miembros del grupo criminal. Esta acción es parte del esfuerzo europeo contra el crimen organizado y las estafas financieras.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una importante operación en Italia, resultando en la detención de 12 personas y la incautación de más de 9.6 millones de euros en un caso de fraude relacionado con fondos agrícolas europeos. La investigación, que involucra a 67 individuos y 27 empresas, revela que entre 2018 y 2022 se obtuvieron fraudulentamente más de 12.5 millones de euros al presentar falsamente una empresa como Organización Productora reconocida, lo que les permitió acceder indebidamente a subsidios de la Política Agrícola Común (PAC). Las autoridades italianas han puesto a los sospechosos bajo arresto domiciliario mientras continúan las indagaciones por fraude agravado y asociación delictiva.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en París ha llevado a cabo una serie de registros y ha arrestado a siete personas en varias ciudades de Francia, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude al IVA relacionado con vehículos de lujo. La operación, que se desarrolló entre el 4 de febrero y el 10 de abril de 2025, ha revelado la creación de empresas ficticias para evadir impuestos utilizando reglas de la UE sobre transacciones intracomunitarias. Tres sospechosos han sido acusados de fraude organizado y lavado de dinero, enfrentando medidas cautelares estrictas. Se estima que este esquema fraudulento ha causado un daño económico de aproximadamente 3.4 millones de euros al presupuesto nacional y a los intereses financieros de la UE. Además, se han realizado confiscaciones por valor de 240,000 euros en efectivo y bienes de lujo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a las administraciones a implementar urgentemente las medidas del Gobierno para combatir el fraude en el alquiler turístico. Durante una reunión con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM) en Madrid, Rodríguez destacó que solo el 7% de los alojamientos turísticos son legales, lo que afecta gravemente a la convivencia vecinal y al acceso a viviendas asequibles. La ministra subrayó el compromiso del Gobierno con el derecho a la vivienda y anunció iniciativas para empoderar a los vecinos en la regulación de estos alojamientos. Además, mencionó que es posible reducir los alquileres en Madrid, siguiendo el ejemplo de Barcelona. Para más detalles, visita el enlace.

La Cámara Federal de Casación Penal ha rechazado el último recurso de Cristina Fernández de Kirchner, lo que podría llevarla a cumplir una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Este fallo marca un momento crucial en la lucha contra la corrupción en Argentina, ya que se considera que su gestión causó un daño económico al Estado de $85.000 millones. A pesar de sus intentos por evitar la condena y buscar inmunidad política, el tiempo se agota para la ex presidenta, quien enfrenta la posibilidad de ser encarcelada el próximo martes. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. ha prohibido su entrada al país debido a su implicación en una red de corrupción internacional. La situación actual resalta la importancia de la justicia en casos de corrupción y la creciente presión pública por sanciones ejemplares.

Seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas en Croacia por fraude en subvenciones agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) presentó la acusación tras una investigación que reveló que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a la agricultura. Se alegó que uno de los acusados utilizó documentación falsa para obtener pagos indebidos, lo que podría resultar en penas de hasta 10 años de prisión y multas significativas para las empresas implicadas. Para más detalles, visita el enlace.

Una mujer está siendo investigada por la Ertzaintza tras defraudar más de 46.000 euros a Lanbide. La investigación se inició después de que Lanbide informara sobre irregularidades en la recepción de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda. Desde noviembre de 2020, se confirmaron fraudes que suman un total de 46.380 euros. La Ertzaintza ha abierto diligencias contra la implicada y ha informado a la Autoridad Judicial.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) lidera una investigación sobre un fraude aduanero a gran escala relacionado con la importación de e-bikes desde China. Se realizaron dieciséis registros en Bélgica, Alemania, Países Bajos y Portugal para recolectar pruebas. La investigación, denominada Pedelecs, revela que una empresa portuguesa ha estado importando bicicletas eléctricas desensambladas para evadir derechos antidumping aplicables a las bicicletas completamente ensambladas, causando un daño estimado de 2.25 millones de euros al presupuesto de la UE. Las autoridades fiscales y policiales de varios países europeos participaron en las operaciones. Para más información, visita el enlace.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha ordenado el congelamiento de 800,000 euros en una investigación sobre fraude en fondos de la UE relacionados con la producción de cerámica. Se han incautado bienes raíces, cuentas bancarias y efectivo de cinco individuos y una empresa sospechosos de haber obtenido fraudulentamente alrededor de 560,000 euros en fondos estructurales entre 2018 y 2021. Los implicados habrían inflado los costos de maquinaria mediante sobre-facturación y transacciones falsas. Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, enfrentará un juicio oral por extorsión y fraude con dinero público. El juez federal Sebastián Casanello ha enviado el caso a juicio, que también involucra a 17 coacusados. La investigación revela un esquema delictivo que explotó a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, manipulándolos para obtener fondos mediante amenazas. El fiscal Gerardo Pollicita destacó la gravedad de la situación, mientras que la defensa cuestiona la legitimidad del proceso. Este caso pone de relieve el uso indebido de programas sociales en Argentina. Para más detalles, visita el enlace.

El 28 de marzo de 2025, el Tribunal Criminal Central de España condenó al administrador único de una empresa por obtener fraudulentamente subvenciones de la UE destinadas a la promoción del vino español en mercados de terceros países. La Fiscalía Europea (EPPO) llevó el caso a juicio, revelando que entre 2019 y 2022, el condenado presentó facturas falsas por actividades que no correspondían a gastos reales, acumulando un fraude superior a 55,000 euros. El tribunal impuso una multa y prohibió al acusado beneficiarse de ayudas públicas, además de exigir la devolución del monto defraudado. La EPPO se encarga de proteger los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo cuatro registros en la provincia de Galați, Rumania, en una investigación sobre un fraude de 850,000 euros relacionado con un proyecto de modernización de sistemas de riego financiado por la UE. Se investiga a una cooperativa agrícola que presentó documentos falsos para obtener fondos y manipuló el procedimiento de contratación pública para favorecer a una empresa vinculada a uno de los sospechosos. Dos personas han sido colocadas bajo control judicial y se han congelado sus cuentas bancarias para recuperar daños al presupuesto de la UE. La EPPO es responsable de investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.