Demandas en Panamá cuestionan contrato de puertos con CK Hutchison

Demandas contra el contrato de administración de puertos en Panamá

El contralor general de Panamá, Anel Flores, anunció la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema relacionadas con el contrato para operar puertos en el país. Este acuerdo fue firmado entre el Estado panameño y la filial local de la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, tras detectar una serie de irregularidades significativas.

Una de las demandas se centra en la inconstitucionalidad del acuerdo de concesión, mientras que la otra busca anular una prórroga otorgada por el Gobierno en 2021. Esta compañía gestiona importantes puertos como Balboa y Cristóbal, situados en los extremos del canal.

Irregularidades detectadas

Flores calificó el contrato de concesión como «leonino», lo que implica que favorece desproporcionadamente a una de las partes involucradas. El contralor afirmó que «malos panameños permitieron que más de 1.300 millones [de dólares] no entraran a las arcas nacionales». Además, describió el contrato como perjudicial y abusivo para los intereses del país.

La decisión de presentar estas demandas surge a raíz de irregularidades identificadas durante una auditoría realizada por la Contraloría General sobre la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), donde CK Hutchison posee un 90% de participación.

Tensiones geopolíticas y venta de puertos

Estas acciones legales se producen en un contexto marcado por tensiones entre Estados Unidos y China respecto a la venta de los puertos. Recientemente venció el plazo exclusivo para que el fondo estadounidense BlackRock y Terminal Investment Limited (TIL) adquirieran las 43 terminales operadas por CK Hutchison en 23 países, incluidas Balboa y Cristóbal, por aproximadamente 23.000 millones de dólares.

A medida que se desarrolla esta situación, la empresa china Cosco Shipping podría entrar en la operación. Por su parte, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, anunció que Pekín supervisará la venta de dos puertos del canal para proteger sus intereses nacionales y asegurar condiciones equitativas en el mercado.

Cautela del Gobierno panameño

El Gobierno chino ha manifestado su intención de implementar regulaciones legales para salvaguardar su soberanía nacional y defender los intereses de desarrollo. En este sentido, Flores también expresó su preocupación sobre cómo se están llevando a cabo las negociaciones para la venta de los puertos. «Se están discutiendo acuerdos multimillonarios que no incluyen a Panamá, el verdadero propietario», advirtió.

Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro manejo y control de los recursos estratégicos del país, así como sobre las implicaciones económicas y políticas derivadas del conflicto entre potencias globales.

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