Bukele aprueba un impuesto del 30% a ONG extranjeras en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una nueva legislación que transforma significativamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Esta normativa, conocida como la Ley de Agentes Extranjeros, establece un impuesto del 30 % sobre las donaciones internacionales y crea un sistema de registro y autorizaciones previas, además de prever sanciones económicas que oscilan entre los 10.000 y 200.000 dólares.

Esta ley fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido, Nuevas Ideas, siendo aprobada por 57 de los 60 diputados del Congreso, sin contar con ningún respaldo de la oposición. La normativa entrará en vigor ocho días después de su publicación oficial.

Detalles de la Ley y sus Implicaciones

Conformada por 25 artículos, la ley prohíbe a las ONG recibir o utilizar donaciones extranjeras para actividades no previamente declaradas ante el Estado. También se les impide cambiar el destino de los fondos sin notificación, así como recibir recursos de fuentes anónimas. Uno de los aspectos más preocupantes es que el artículo 20 otorga al presidente la facultad de definir los alcances e interpretaciones de la norma mediante reglamentos propios.

"El presidente podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo sean necesarios para establecer definiciones y cumplir con los fines establecidos", señala la legislación. En términos fiscales, esta medida impactará directamente a organizaciones que dependen del financiamiento internacional para llevar a cabo proyectos sociales, educativos o humanitarios.

Reacciones a la Nueva Normativa

La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, ha expresado su rechazo a la ley, advirtiendo sobre sus posibles implicancias autoritarias: "Es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico", afirmó. La legisladora sostiene que esta normativa pone en riesgo la democracia y el respeto a las libertades fundamentales.

A su vez, la organización Human Rights Watch (HRW) ha manifestado su preocupación, vinculando esta ley con antecedentes en regímenes con baja calidad democrática. En un comunicado, HRW indicó: "Hemos documentado cómo leyes similares en países como Rusia y Nicaragua se han utilizado para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil".

Análisis Final sobre el Contexto Político

A pesar del rechazo internacional y local hacia esta legislación, desde el oficialismo se justifica su implementación como una medida necesaria para garantizar transparencia y soberanía financiera frente a posibles injerencias externas. Este nuevo enfoque legal recuerda intentos previos del Gobierno de Bukele en 2021, cuando se propuso un impuesto aún más alto del 40 %, aunque esa iniciativa fue finalmente archivada.

Ahora, con una mayoría legislativa consolidada, el Ejecutivo ha logrado avanzar sin obstáculos en este proyecto que podría tener profundas repercusiones en el ámbito social y político del país.

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