El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado una de las leyes más estrictas del país en relación con la propiedad inmobiliaria. La nueva legislación, conocida como el Proyecto de Ley del Senado (SB) 17, prohíbe a ciudadanos y empresas de países considerados adversarios, como China, Irán, Corea del Norte y Rusia, adquirir terrenos, viviendas o propiedades comerciales en el estado. Esta medida tiene como objetivo fortalecer la seguridad nacional.
La ley, que entrará en vigor el 1 de septiembre, impide la compra de tierras agrícolas, propiedades residenciales y comerciales, así como derechos sobre aguas subterráneas por parte de individuos o entidades provenientes de los países mencionados. Las violaciones a esta normativa se clasificarán como delitos graves y serán supervisadas por la oficina del Fiscal General de Texas. Sin embargo, se establecen excepciones para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y extranjeros que compren su residencia principal.
Restricciones en un contexto de seguridad nacional
Texas no es el único estado que ha adoptado medidas similares; al menos 25 estados han implementado restricciones sobre la propiedad extranjera desde 2023. Estas acciones reflejan preocupaciones crecientes sobre espionaje extranjero, coerción económica y apropiación estratégica de tierras cercanas a instalaciones militares sensibles.
China ha sido objeto de especial atención debido a sus adquisiciones de terrenos cerca de bases militares estadounidenses y su creciente control sobre infraestructuras críticas. Activistas y analistas advierten que estas restricciones podrían tener repercusiones negativas para inmigrantes respetuosos de la ley y negocios sin vínculos con gobiernos hostiles.
Los defensores de SB 17 argumentan que es necesario protegerse contra influencias extranjeras hostiles. Sin embargo, críticos sostienen que la ley podría dar lugar a discriminación racial al afectar desproporcionadamente a comunidades asiáticas y otros grupos minoritarios. La organización Asian Americans Advancing Justice ha expresado su preocupación señalando que esta legislación crea un marco que podría facilitar el perfilamiento racial.
Desafíos legales en el horizonte
A medida que avanza el debate sobre SB 17, se anticipa que enfrentará desafíos legales basados en argumentos de discriminación y preeminencia federal. Opositores sostienen que asuntos relacionados con la inmigración y la política exterior son competencia del gobierno federal y no deben ser regulados por los estados.
A pesar del respaldo político local hacia esta ley, expertos legales advierten sobre posibles conflictos constitucionales. Con un clima tenso entre Estados Unidos y China, es probable que más estados sigan el ejemplo de Texas en este tipo de legislaciones. Sin embargo, los resultados judiciales determinarán si estas medidas se mantendrán vigentes o enfrentarán revocaciones significativas.
En resumen, mientras Texas adopta una postura firme respecto a la propiedad extranjera en su territorio, el debate sobre quién puede poseer tierras estadounidenses está lejos de resolverse.
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