Transparencia

Miguel Tellado, secretario general del PP, critica a Francina Armengol en el Congreso insular del PP de Mallorca, sugiriendo que debería presentarse ante la justicia para aclarar su relación con Koldo García, implicado en una trama de corrupción. Tellado acusa a Armengol de mentir y de ser responsable directa de la corrupción en Baleares, instando a su dimisión y colaboración con las autoridades. Además, destaca el cambio positivo en Baleares tras la salida de Armengol y la llegada de Marga Prohens al poder, resaltando la transparencia y los alivios fiscales implementados por el nuevo gobierno.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al no investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestionó si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contravención del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoció que existen normas para prevenir prácticas anticompetitivas, su respuesta evitó abordar los conflictos de interés planteados. Montserrat exigió una investigación rigurosa para asegurar la transparencia y la igualdad en el mercado europeo, subrayando que no es aceptable una respuesta formalista ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos.

El Senado ha aprobado la creación de una comisión de investigación para analizar los motivos que han llevado a RTVE a ser percibida como "Tele Pedro". La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, busca esclarecer la falta de pluralidad y rigor en la televisión pública, denunciando un intervencionismo que favorece al Gobierno. La senadora Miriam Bravo critica la manipulación informativa y el uso de programas como "Mañaneros 360" y "Malas Lenguas" para difundir propaganda gubernamental. Además, se cuestiona la gestión financiera de RTVE, que enfrenta pérdidas significativas y problemas con la externalización de contenidos. El objetivo es restaurar la independencia y transparencia en el ente público.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha logrado avanzar en sus iniciativas para impulsar la aprobación del nuevo contrato de gestión de la AECID, fundamental para asegurar una cooperación internacional más transparente y responsable. El diputado Antonio Cavacasillas ha exigido al Gobierno que cumpla con la ley y apruebe este contrato, que lleva en vigor desde 2009, advirtiendo sobre la necesidad de mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas. Además, se ha denunciado la situación crítica en Cuba, donde se requiere un mayor apoyo a la sociedad civil independiente y una condena clara a la represión del régimen. La credibilidad de la cooperación española depende de garantizar transparencia y asumir responsabilidades ante cualquier mala praxis.

El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso para abordar el "colapso permanente" del sistema ferroviario en España. Los populares denuncian un deterioro grave que ha llevado a retrasos y una disminución de la calidad del servicio, afectando a millones de usuarios y perjudicando la economía y el turismo. Además, han exigido aclaraciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz, señalando posibles incumplimientos normativos y la ocultación de información por parte del Gobierno. El PP demanda transparencia y medidas urgentes para garantizar la seguridad y fiabilidad del transporte ferroviario en el país.

Fernando Martínez-Maíllo, senador del Grupo Popular, criticó duramente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una interpelación en el Senado. Maíllo lo calificó de "completamente inútil" y afirmó que pasará a la historia como el peor ministro del Interior en España. Señaló que Marlaska es el ministro peor valorado de la democracia y acusó su gestión de provocar la reprobación por parte de diversas asociaciones policiales. Además, cuestionó su política penitenciaria, incluyendo beneficios a presos de ETA, y denunció la falta de transparencia en su departamento. También planteó inquietudes sobre posibles irregularidades en la compra de armas ilegales y la falta de investigaciones sobre incidentes relacionados con la Guardia Civil.

Alexander Butterfield, conocido por revelar la existencia de las grabaciones de Watergate durante la presidencia de Richard Nixon, ha fallecido a los 99 años. Su testimonio fue crucial en el escándalo que llevó a la renuncia de Nixon en 1974. La noticia se produce el 10 de marzo de 2026, marcando el fin de una vida que tuvo un impacto significativo en la política estadounidense y la historia contemporánea.

El Partido Popular ha denunciado irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), situando a José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la controversia. Durante una Comisión de Investigación, Salvador de Foronda, portavoz del PP, criticó los rescates millonarios a empresas como Plus Ultra y Air Europa, señalando que estos préstamos no eran donativos y cuestionando su legalidad. De Foronda destacó que mientras muchas pymes luchaban por sobrevivir, algunas empresas privilegiadas recibían apoyo financiero sin cumplir con los requisitos necesarios. Además, advirtió sobre indicios de blanqueo de dinero y pidió una investigación exhaustiva sobre las operaciones de la SEPI.

El Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seleccione a los candidatos españoles para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales. La iniciativa busca asegurar que las designaciones se realicen con criterios de transparencia y mérito, en cumplimiento de las normativas europeas. Esta reforma surge tras críticas al actual sistema, que permite al Gobierno controlar estas selecciones, lo que el PP considera una amenaza a la independencia judicial. La propuesta también aboga por que los jueces elijan a sus pares, tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo así la autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo.

Carlos Rojas, portavoz de Defensa del GPP en el Congreso, ha criticado al Gobierno español durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional por su postura en la guerra de Irán, advirtiendo que podría comprometer la seguridad nacional y dañar las relaciones con aliados como EE. UU., Reino Unido y Francia. Rojas cuestiona la falta de claridad del Ejecutivo sobre sus acciones militares y la reciente restricción del uso del espacio aéreo español, lo que podría tensar las relaciones dentro de la OTAN. También señala incoherencias en la política de defensa del Gobierno, que aumenta el gasto militar mientras se opone a la guerra. Pide una política exterior coherente y alineada con los intereses de España, así como una estrategia clara para garantizar la seguridad nacional.

El FBI ha revelado la existencia de una sala oculta en su sede que alberga entre 950,000 y 1.9 millones de páginas de documentos gubernamentales que nunca quisieron hacer públicos. Estos archivos, resguardados en un entorno de alta seguridad y no procesados por los sistemas estándar del FBI, incluyen registros de investigaciones cerradas y materiales relacionados con el escándalo Crossfire Hurricane, que investigó la campaña de Donald Trump. La organización Judicial Watch ha presentado una demanda para acceder a estos documentos, que podrían contener información sobre la manipulación política y encubrimientos relacionados con redes de tráfico sexual. La revelación plantea serias preguntas sobre la transparencia y responsabilidad del FBI en sus operaciones.

El Partido Popular (PP) ha presentado una moción en el Senado exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto al control parlamentario. Los senadores José Alberto Armijo y Luis Martínez-Portillo han denunciado la falta de cumplimiento del Gobierno con las normas democráticas, resaltando que solo se ha sometido al control del Senado en una ocasión durante esta legislatura. La moción busca que el Ejecutivo facilite el acceso a la información pública y actúe con más transparencia, criticando su opacidad y el absentismo de los ministros en las sesiones de control. Además, se destaca que el Gobierno actual es considerado el más opaco desde la instauración de mecanismos de control, lo que vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se toman decisiones que les afectan.

El Partido Popular ha llevado al Parlamento a la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro Jordi Hereu para exigir transparencia en el gasto en Seguridad y Defensa. Esta acción se produce en medio de la guerra en Irán y ante la falta de información del Gobierno sobre inversiones no presupuestadas. El PP solicita explicaciones sobre los 33.936 millones de euros adjudicados en este ámbito y los criterios de subcontratación utilizados. La formación política denuncia la opacidad en las decisiones del Ejecutivo y busca garantizar que las adjudicaciones respondan a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.