El Senado de Nueva York está avanzando en la tramitación del proyecto de ley S5609, impulsado por la senadora Julia Salazar, que busca prohibir el uso de tecnologías de vigilancia biométrica por parte de las fuerzas policiales. Esta legislación incluye excepciones limitadas para escáneres de huellas dactilares y bases de datos de ADN.
El proyecto S5609 contempla la creación de un Grupo de Trabajo sobre Regulación de Vigilancia Biométrica, encargado de evaluar la efectividad y legalidad de estas herramientas. Además, otorgaría a los individuos el derecho a demandar si sus derechos son vulnerados debido al mal uso de estas tecnologías.
Preocupaciones sobre derechos civiles y sesgos algorítmicos
La propuesta legislativa surge en respuesta a preocupantes informes sobre el uso indebido de fotografías de celebridades en búsquedas con reconocimiento facial y la explotación de registros juveniles sellados, lo que ha suscitado serias inquietudes sobre los derechos civiles y el sesgo algorítmico.
Recientemente, la gobernadora Kathy Hochul firmó también el proyecto S7543B, conocido como el LOADinG Act, que exige supervisión humana y auditorías bienales para los sistemas algorítmicos utilizados por agencias estatales, especialmente aquellos que afectan derechos y beneficios públicos. A pesar del apoyo a ambos proyectos, Hochul ha ampliado la vigilancia en el metro, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia del enfoque del estado respecto a la privacidad y la seguridad pública.
Detalles del proyecto S5609
El Senado aprobó S5609 en mayo con un voto de 5-2 en el Comité de Internet y Tecnología, preparando así el camino para un debate más amplio en el Comité de Códigos del Senado. Este proyecto prohibiría a los departamentos policiales adquirir o utilizar una amplia gama de sistemas biométricos, desde el reconocimiento facial hasta el análisis del andar.
S5609 establece una prohibición explícita sobre sistemas que identifiquen individuos basándose en características biométricas como la estructura facial o patrones irisales. La legislación incluye excepciones definidas para escáneres móviles de huellas dactilares y contribuciones continuas a la base estatal existente de ADN, buscando equilibrar capacidades forenses con restricciones necesarias para evitar abusos.
Un llamado a la regulación
Los recientes incidentes han resaltado los riesgos asociados al uso no regulado de tecnologías biométricas por parte de las autoridades. Expertos advierten que confiar en sistemas sensibles y propensos a errores puede resultar en violaciones del debido proceso y protecciones constitucionales.
Si se aprueba S5609, se establecería un derecho privado para aquellos cuyos derechos sean vulnerados por abusos relacionados con la vigilancia biométrica. Este movimiento legislativo representa un esfuerzo significativo por redefinir el equilibrio entre las libertades civiles y las necesidades del orden público en Nueva York.
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