El regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. ha marcado un cambio significativo en la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe. Esta región, que había perdido protagonismo ante otras áreas geopolíticas como Asia occidental, África y el Pacífico, vuelve a ser una prioridad para Washington.
La reactivación de gobiernos de derecha tras el fin del llamado ‘ciclo progresista’ ha creado un contexto propicio para que EE.UU. recupere su influencia en la región. Esto ha llevado a la Casa Blanca a revivir la Doctrina Monroe, buscando así recuperar posiciones frente a potencias como Rusia y China, incluso si esto conlleva acciones bélicas directas.
En la reciente Estrategia de Seguridad Nacional, se establece que EE.UU. reafirmará esta doctrina para restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental y proteger tanto su territorio como sus intereses estratégicos en la región.
Uso militar como respuesta a amenazas
Este enfoque se basa en el uso de la fuerza militar para enfrentar lo que Washington califica como amenazas a su seguridad nacional, incluyendo el narcotráfico internacional, ahora denominado «narcoterrorismo». Este término abarca una amplia gama de actividades delictivas y permite al gobierno estadounidense actuar contra cualquier entidad o individuo designado como terrorista sin necesidad de controles legislativos estrictos.
Las decisiones del Gobierno de Trump buscan asegurar el control sobre los vastos recursos naturales y logísticos presentes en América Latina, tal como se detalla en su Estrategia de Seguridad Nacional.
El despliegue naval en septiembre de 2025, justificado por la lucha contra el «narcoterrorismo», resultó en una presencia militar significativa cerca de Venezuela. A pesar de informes que indican que este país es solo un punto de tránsito para drogas provenientes de Colombia y Ecuador, las autoridades estadounidenses han culpado a Caracas por la crisis sanitaria causada por opioides sintéticos en EE.UU.
Acoso militar y acusaciones infundadas
Trump y otros altos funcionarios han ido más allá al acusar al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cártel narcotraficante, sin proporcionar pruebas concretas. En contraste, expertos han refutado estas afirmaciones. La recompensa ofrecida por su captura asciende a 50 millones de dólares, una cifra notable considerando que anteriormente se ofrecían cinco millones por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Este despliegue militar no solo ha resultado en un bloqueo efectivo a las costas venezolanas, sino también en ataques a embarcaciones catalogadas como «narcolanchas» sin pruebas claras, lo que ha ocasionado numerosas víctimas mortales. Las operaciones se han extendido al océano Pacífico, donde también han surgido denuncias sobre falta de transparencia y eficacia en las políticas implementadas.
Cambios drásticos y tensiones diplomáticas
El mayor despliegue naval estadounidense en más de tres décadas culminó con bombardeos sobre Caracas y el secuestro de Maduro, lo que llevó a Venezuela a buscar soluciones diplomáticas con la administración estadounidense desde entonces. Mientras tanto, Maduro enfrenta un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde sostiene su inocencia e impugna la legitimidad del proceso judicial debido a su estatus como jefe de Estado.
Bajo esta nueva retórica bélica, Trump ha impulsado operativos conjuntos con países latinoamericanos para combatir el narcotráfico mediante el establecimiento del ‘Escudo de las Américas’, una alianza militar enfocada en hacer frente a las amenazas regionales.
Nuevas alianzas militares y resistencias locales
Lanzada en marzo pasado con varios países miembros incluidos Argentina y Bolivia, esta iniciativa recibió recientemente la adhesión de Colombia tras cambios políticos internos. El secretario de Guerra estadounidense reveló que Colombia había autorizado operaciones militares conjuntas para erradicar redes terroristas.
No obstante, esta decisión depende aún del consentimiento del Senado colombiano. Aunque existen restricciones legales sobre la presencia militar extranjera, algunos analistas creen que esto podría no ser un obstáculo insalvable para EE.UU., sugiriendo que términos vagos como “cooperación” podrían facilitar acciones militares directas sin aprobación legislativa formal.
A medida que avanza esta dinámica regional, otros países como Ecuador también han solicitado apoyo militar estadounidense bajo argumentos similares. Sin embargo, informes recientes indican abusos durante estas operaciones conjuntas, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias.
Tensiones con México y Brasil
A pesar del enfoque agresivo hacia otros países latinoamericanos, México ha rechazado permitir tropas estadounidenses bajo argumentos relacionados con el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende los tratados bilaterales existentes sin comprometer la soberanía nacional ante presiones externas.
Por otro lado, Brasil enfrenta críticas por no actuar con suficiente firmeza contra grupos criminales según Washington. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha respondido contundentemente ante estas acusaciones, denunciando intentos hegemónicos por parte del gobierno estadounidense.
Cuba: enemigo interno según EE.UU.
No solo se limitan las preocupaciones estadounidenses al narcotráfico; Cuba ha sido catalogada recientemente como una amenaza interna estratégica en un documento oficial del Departamento de Estado. Este informe presenta al país caribeño como responsable de fomentar movimientos considerados subversivos dentro de EE.UU., aunque carece de evidencias sólidas que respalden tales afirmaciones.
A través de esta narrativa centrada en Cuba como enemigo interno, Trump busca justificar potenciales intervenciones militares mientras endurece las sanciones económicas ya existentes contra la isla. La posibilidad de acciones militares sigue latente según declaraciones recientes del secretario Hegseth.
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