Informe sobre la misión de Estado de Derecho a España en febrero
El Parlamento Europeo ha emitido un informe tras la misión de eurodiputados que tuvo lugar los días 16 y 17 de febrero, donde se destaca un deterioro significativo de la confianza en diversas instituciones del Estado. El documento también señala dinámicas preocupantes que podrían comprometer la percepción de imparcialidad y equilibrio institucional exigidos por los estándares europeos. Además, critica al Gobierno por su escasa colaboración con la misión parlamentaria, dado que el presidente y varios ministros se negaron a reunirse con la delegación durante su visita a España.
Entre las principales inquietudes expuestas en el informe, se encuentra la independencia del sistema judicial. Se menciona que el actual método de designación del Consejo General del Poder Judicial genera dudas sobre una posible influencia política. A pesar del compromiso del Gobierno para reformar este proceso conforme a los criterios europeos, no se han realizado cambios significativos. El informe advierte que la acumulación de tensiones institucionales podría erosionar la confianza pública en la Justicia.
Cuestiones específicas abordadas
El informe también aborda temas concretos como el uso reiterado del decreto-ley, las preocupaciones sobre la independencia judicial y el deterioro de los indicadores de percepción de corrupción. Se expresan dudas sobre la neutralidad de ciertos organismos públicos, advirtiendo que estas tendencias pueden afectar negativamente el funcionamiento institucional y minar la confianza ciudadana.
La delegación de eurodiputados señala que el uso frecuente del decreto-ley por parte del Gobierno “puede limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos”, especialmente en reformas políticamente sensibles. También se mencionan problemas como el “bloqueo legislativo, la falta de negociación y el creciente dominio del ejecutivo”.
Preocupaciones sobre corrupción y medios
El informe resalta un empeoramiento en los indicadores de percepción de corrupción, alcanzando su nivel más bajo desde 2012. Además, los retrasos en causas complejas podrían afectar la credibilidad de las acciones contra la corrupción.
En cuanto al ámbito mediático, se identifican preocupaciones relacionadas con la radiotelevisión pública. En particular, se expresa inquietud por la gobernanza independiente de RTVE en un contexto marcado por una alta polarización política.
Deterioro progresivo del Estado de derecho
Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE) y copresidente de la misión a España, ha afirmado que el informe “pone de manifiesto problemas graves y un deterioro progresivo del Estado de derecho en España que ya no puede ser ignorado”. Zarzalejos ha denunciado que “el Gobierno continúa incumpliendo su compromiso para reformar el sistema electoral del Consejo General del Poder Judicial según los estándares europeos” y ha advertido sobre “un abuso continuado del real decreto-ley para debilitar el debate parlamentario”.
Añadió que es necesaria “una estrategia legal, administrativa y política firme contra la corrupción”, subrayando que “cuando se normaliza o tolera la corrupción, acaba contaminando el funcionamiento del Estado de derecho y erosionando la confianza ciudadana en las instituciones”.
Zarzalejos también calificó como un hecho insólito que tanto el presidente del Gobierno como varios ministros y responsables de empresas públicas hayan rechazado recibir a una misión institucional del Parlamento Europeo. Para él, esta negativa es un claro síntoma del deterioro institucional que atraviesa España. Recordó que durante una misión anterior similar en Eslovaquia, el presidente recibió a la delegación europea sin inconvenientes.