estado de derecho

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha criticado al Gobierno por comparar a jueces y magistrados con "lobos solitarios" tras un auto del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos. En una sesión de control, cuestionó al ministro de Justicia sobre esta comparación y acusó al Ejecutivo de ser dócil con Marruecos mientras ataca a quienes defienden el Estado de derecho. Gamarra enfatizó que las instrucciones no son leyes y exigió respeto por el censo electoral en democracia, advirtiendo sobre posibles irregularidades en la modificación de derechos relacionados con la nacionalidad y el voto. Además, lamentó la falta de contundencia del Gobierno ante la invasión de Ceuta.

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del GPP en el Congreso, reafirmó la posición del Partido Popular sobre Ceuta y Melilla, declarando que "son España" y que no se negociarán ni compartirán con Marruecos. Durante su intervención, criticó la inacción del Gobierno de Sánchez ante un aviso del CNI sobre un posible asalto masivo a estas ciudades. Álvarez de Toledo acusó al Gobierno de dejar indefensa a Ceuta y propuso medidas contundentes para proteger las fronteras, incluyendo la expulsión de asaltantes y el fortalecimiento de la autoridad en la zona. Además, denunció lo que considera una falta de firmeza por parte del Ejecutivo hacia Marruecos y reclamó un enfoque más decidido para garantizar la soberanía española.

El portavoz del Partido Popular, en una entrevista en Antena 3 TV, ha defendido la profesionalidad de la Guardia Civil, asegurando que resistirán las presiones y que el Estado de derecho prevalecerá a pesar de las acciones del gobierno de Sánchez. Criticó la falta de responsabilidad política en situaciones recientes, como el accidente de Adamuz y el apagón nacional. Además, exigió explicaciones al Gobierno sobre los procesos de nacionalización relacionados con Cuba, cuestionando su transparencia y rigor. Sémper abogó por un acceso a ayudas basado en el arraigo y la reciprocidad con el territorio.

Luis Santamaría, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, criticó a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, por no responder durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Caso Koldo. Santamaría afirmó que González tendrá que dar explicaciones más adelante y que sus evasivas contribuyen a la degradación institucional del Gobierno de Pedro Sánchez. El senador exigió claridad sobre las investigaciones internas y acusó a González de ocultar información y mentir al Senado. También cuestionó su relación con miembros del PSOE y la protección otorgada a figuras políticas bajo sospecha. La comparecencia se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia el Gobierno y sus acciones relacionadas con la corrupción.

El Partido Popular (PP) ha criticado la política de vivienda del Gobierno de Sánchez, señalando un aumento del 40% en la okupación desde su llegada a La Moncloa. La senadora Paloma Martín advirtió que esta situación genera desorden y socava la convivencia, con 45 denuncias diarias por okupación. Además, acusó al Ejecutivo de erosionar la seguridad jurídica y de afectar especialmente a las personas más vulnerables, quienes pierden acceso a viviendas sociales. El PP propone medidas como desalojos rápidos y refuerzos en servicios sociales para abordar el problema de la okupación y la inseguridad normativa.

Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz del Partido Popular, ha señalado a Pedro Sánchez como el 'One' en medio de las revelaciones sobre corrupción en el caso Leire, al que califica de "delincuencia de Estado organizada". Sémper critica la falta de credibilidad del Gobierno y del PSOE, afirmando que lo importante es la opinión de los ciudadanos tras una legislatura fallida. Además, insta a disolver las Cortes y convocar elecciones debido a la parálisis del Gobierno y la creciente corrupción. Califica la situación actual como "insostenible" y asegura que el Estado de Derecho será implacable en la investigación de los delitos cometidos.

El Partido Popular ha denunciado que la Fiscalía General del Estado se niega a otorgar beneficios a Víctor de Aldama, quien colaboró en el 'caso Mascarillas', lo que consideran un indicio de sometimiento al Gobierno. Esta decisión contradice el principio de que la colaboración con la Justicia debería resultar en consecuencias jurídicas favorables. El PP exige la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique la situación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante y sus deficiencias estructurales. Además, han solicitado la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ante lo que consideran una purga política en el Ministerio Fiscal. La denuncia subraya la preocupación por el control político sobre la Fiscalía y la necesidad de garantizar su independencia para mantener el Estado de derecho.

El Senado ha aprobado un requerimiento del Partido Popular para que el Tribunal Constitucional evalúe la legalidad de la presencia de ministros franceses en el Consejo de Ministros español, a raíz del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia. Los senadores Miquel Jerez y Pepa Pardo han expresado preocupaciones sobre la posible contradicción entre este tratado y la Constitución, argumentando que solo el Rey puede asistir a dichas reuniones. Critican al Gobierno por no modificar el tratado y por intentar validar su contenido mediante interpretaciones posteriores. Además, Pardo ha calificado el tratado como "fake", enfatizando la necesidad de respetar la soberanía nacional y defender el orden constitucional.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, quien se encuentra declarando como imputado en la Audiencia Nacional. Gamarra señala que este hecho representa un "hecho histórico desde el punto de vista negativo" y lo sitúa "en el lado incorrecto de la historia". Además, acusa al presidente Pedro Sánchez de evitar que se vote una enmienda que podría llevar a elecciones anticipadas, argumentando que busca evadir la acción de la Justicia. También critica la gestión de Mercedes González en relación con la Guardia Civil y denuncia intentos de sabotear investigaciones que afectan al Gobierno. Gamarra advierte sobre la fortaleza del Estado de derecho frente al sanchismo y llama a los socios del Gobierno a ser responsables ante la corrupción.

El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea que evalúe el posible desvío de fondos destinados a la campaña electoral del PSOE para las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Esta petición surge en el contexto de una investigación judicial que sugiere que un pago de 18.000 euros, declarado como gasto electoral, podría haberse utilizado para obtener grabaciones comprometedoras relacionadas con el entorno del presidente Pedro Sánchez. Los eurodiputados Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos subrayan la importancia de la transparencia en la financiación política y piden a la Comisión que se pronuncie sobre si tales prácticas son compatibles con los principios de integridad electoral establecidos en el Tratado de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo ha emitido un informe contundente sobre el deterioro institucional en España, destacando la creciente corrupción y la falta de colaboración del Gobierno. Tras una misión de eurodiputados en febrero, el documento señala una pérdida de confianza en las instituciones y critica la negativa del Gobierno a reunirse con la delegación. Se subraya la preocupación por la independencia judicial y el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial, así como el uso excesivo del decreto-ley que limita la deliberación parlamentaria. El informe también destaca un alarmante descenso en los indicadores de percepción de corrupción, lo que podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.

El Partido Popular (PP) ha exigido la dimisión del ministro Félix Bolaños tras sus críticas a la Justicia, en el contexto del procesamiento de la esposa del presidente Pedro Sánchez. El diputado Fernando de Rosa argumenta que las acciones del Gobierno representan un ataque a la independencia judicial y cuestionan el Estado de Derecho. Además, critica que las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo han debilitado el Poder Judicial. La diputada Silvia Franco también ha señalado la falta de atención del Gobierno hacia las víctimas de violencia de género y ha instado a reforzar los tribunales para mejorar su funcionamiento.