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El Partido Popular ha solicitado en el Parlamento Europeo una ley de vivienda que facilite la construcción mediante licencias más ágiles y menores impuestos, distanciándose del enfoque populista promovido por la izquierda. Durante un debate sobre la propuesta de ley de vivienda asequible impulsada por Teresa Ribera, el PP criticó las políticas intervencionistas del Gobierno español, que han llevado a un aumento significativo en los precios de compra y alquiler. El eurodiputado Borja Giménez Larraz destacó la necesidad de aumentar la oferta de viviendas y propuso medidas como movilizar suelo y reducir la burocracia para abordar la crisis habitacional en Europa. Además, se enfatizó la importancia de crear incentivos fiscales para ayudar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda.

Silvia Franco, diputada del GPP, critica al Gobierno por su falta de soluciones para Ceuta dos meses después de la invasión. Durante una sesión de control en el Congreso, denunció los cambios de criterio del Ejecutivo y subrayó que la situación en Ceuta es insostenible desde finales de julio. Franco cuestionó la respuesta del Gobierno ante lo que considera una crisis de Seguridad Nacional, señalando que han muerto más de 100 personas, incluidos 13 niños, sin que se haya pedido perdón. Además, destacó la instrumentalización de la inmigración y criticó la negativa del PSOE a reconocer esta situación.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, ha anunciado que el PP registrará una proposición no de ley para solicitar al Ministerio de Sanidad el despliegue del equipo START en Ceuta, un grupo especializado en emergencias sanitarias. Esta medida busca abordar la "absoluta excepcionalidad" que enfrenta la ciudad y mejorar la situación sanitaria de los profesionales. Además, el PP llevará la problemática al Parlamento Europeo para obtener apoyo internacional. Fúnez criticó la falta de acción del gobierno ante la crisis y subrayó que el sistema sanitario ceutí se sostiene gracias al esfuerzo de sus trabajadores, quienes están atendiendo un número significativamente mayor de pacientes en urgencias.

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, critica al Gobierno por el aumento de la inseguridad en Ceuta, afirmando que la situación ha empeorado significativamente. En una rueda de prensa, destacó que los problemas de seguridad ciudadana se han multiplicado drásticamente en el último año. Sémper advirtió que la política social de Marruecos no puede ser ignorada y exigió responsabilidades al Gobierno por su gestión. También mencionó que el Parlamento Europeo debatirá sobre la situación en Ceuta, donde el PP buscará condenar el asalto a la frontera sur de Europa. Además, criticó la falta de acción del Gobierno ante la crisis habitacional y cuestionó la efectividad de sus políticas.

Dolors Montserrat, secretaria general del PPE, ha acusado al Gobierno de España de incumplir el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, exigiendo su inmediata aplicación para identificar a los menores en Ceuta. Criticó al presidente Sánchez por no defender adecuadamente las fronteras y rechazar la ayuda de la Unión Europea, a pesar de que esta cuenta con recursos como Frontex y Europol. Montserrat subrayó la importancia de conocer la situación de los menores no identificados y responsabilizó al Gobierno por su gestión. Además, destacó el papel del PP en la convocatoria de una reunión en el Parlamento Europeo para abordar la crisis migratoria en Ceuta, lamentando la ausencia de ministros del Gobierno español en este encuentro.

El Parlamento Europeo ha emitido un informe contundente sobre el deterioro institucional en España, destacando la creciente corrupción y la falta de colaboración del Gobierno. Tras una misión de eurodiputados en febrero, el documento señala una pérdida de confianza en las instituciones y critica la negativa del Gobierno a reunirse con la delegación. Se subraya la preocupación por la independencia judicial y el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial, así como el uso excesivo del decreto-ley que limita la deliberación parlamentaria. El informe también destaca un alarmante descenso en los indicadores de percepción de corrupción, lo que podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones.

El Parlamento Europeo enviará una misión a Ceuta del 16 al 18 de noviembre para evaluar las consecuencias de la reciente crisis migratoria y la violación de la integridad territorial de España y la UE. La delegación de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) se reunirá con autoridades locales y representantes de la sociedad civil para abordar la situación crítica que enfrenta la ciudad, donde más de 10,000 inmigrantes permanecen. Esta acción sigue a un seguimiento político intensivo por parte del Parlamento, que ha condenado las entradas masivas desde Marruecos y ha instado a reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Yulia Méndel, exvocera de Vladímir Zelenski, ha denunciado en una entrevista que la persecución de voces críticas al conflicto ucraniano es una práctica corrupta entre los políticos de Kiev. Afirmó que esta situación permite a los líderes silenciar a quienes abogan por la paz y calificó la política actual de Zelenski como "absolutamente suicida", citando altas tasas de bajas en el conflicto. Además, reveló que su discurso fue prohibido en el Parlamento Europeo, lo que atribuyó a sanciones impuestas por Zelenski. Méndel advirtió sobre el deterioro de Ucrania y comparó su situación con la de Afganistán, instando a buscar soluciones realistas para alcanzar la paz.

El Partido Popular ha logrado que el Parlamento Europeo reconozca a los policías, agentes de frontera y aduanas como profesiones de alto riesgo, sin el apoyo del PSOE. Esta iniciativa se enmarca en una resolución sobre la lucha contra el narcotráfico, destacando la peligrosa labor de estos profesionales frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas y violentas. La resolución también exige una respuesta europea coordinada para combatir el narcotráfico y mejorar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros, así como un aumento en los recursos operativos y financieros destinados a esta lucha.

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que reconoce la invasión sufrida en Ceuta el 30 de julio y exige a Marruecos que respete la soberanía española. La resolución, respaldada por varios grupos políticos, reclama al Gobierno español que restablezca la normalidad en Ceuta y refuerce la seguridad. Asimismo, insta a Marruecos a asumir responsabilidades en el control fronterizo y a acelerar los retornos de migrantes irregulares. Se destaca que lo ocurrido no es solo una crisis migratoria, sino un ataque a la integridad territorial de un Estado miembro de la UE, calificando las entradas masivas desde Marruecos como una herramienta de "guerra híbrida".

El Partido Popular (PP) ha convocado a una concentración en Bruselas el 2 de septiembre, Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria que ha enfrentado. Esteban González Pons, jefe de la Delegación española del PP en el Parlamento Europeo, ha hecho un llamado a eurodiputados y funcionarios para que se unan a este acto de unidad política. La concentración se llevará a cabo en la plaza de Luxemburgo y busca resaltar la necesidad de solidaridad con Ceuta, que continúa lidiando con las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes irregulares. El PP enfatiza que es crucial que las instituciones europeas apoyen a España en la defensa de sus fronteras exteriores.

La diputada del GPP, María Eugenia Carballedo, ha instado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a no permanecer impasible ante el deterioro de la democracia en España y la reciente imputación del expresidente Zapatero. Durante su comparecencia, Carballedo destacó un informe del Parlamento Europeo que critica la situación actual y cuestionó las acciones del Gobierno respecto a la regularización masiva de inmigrantes sin una planificación adecuada. También abordó temas como el tratamiento de los etarras en libertad, la necesidad de reconocer a la Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo, y la falta de respuesta a las quejas sobre la enseñanza en castellano en Cataluña. Además, criticó el manejo gubernamental de problemas como la vivienda y el transporte ferroviario.

El Parlamento Europeo ha desautorizado cualquier intento de suavizar las sanciones al régimen venezolano, exigiendo que se mantengan hasta que se logren avances significativos hacia la democracia. En una votación mayoritaria, el Parlamento subrayó la necesidad de la liberación total de los presos políticos, la anulación de procesos judiciales contra la oposición y un calendario para elecciones libres. La resolución critica la ineficacia de la Ley de Amnistía y denuncia que aún hay 470 personas detenidas por motivos políticos. Además, se insta al régimen a cesar la represión y realizar reformas profundas en el sistema judicial y electoral. La posición del Parlamento representa un claro rechazo a los intentos del Gobierno español de flexibilizar las sanciones sin garantías democráticas.