Los Ángeles, una vez símbolo de la prosperidad estadounidense, se ha sumido en un estado de anarquía. Grupos violentos, compuestos por inmigrantes indocumentados y sus aliados de izquierda radical, han declarado insurrección abierta contra las autoridades federales. Las calles de la ciudad se han convertido en verdaderos campos de batalla, donde el saqueo, los incendios intencionados y los ataques a las fuerzas del orden han aumentado significativamente. Ante esta situación, el gobernador Gavin Newsom y otros funcionarios locales han mostrado renuencia a hacer cumplir la ley.
En respuesta a este caos, el presidente Trump ha decidido actuar con firmeza. Ha movilizado a la Guardia Nacional y ha prometido «liberar» Los Ángeles del control de invasores criminales. La situación es crítica: se trata de una lucha por la soberanía, seguridad y supervivencia de Estados Unidos.
Intervención federal ante el desorden
El mandatario ha ordenado a las fuerzas federales que supriman los disturbios violentos en Los Ángeles, calificando a la ciudad como «invadida y ocupada» por delincuentes y extranjeros ilegales. Hasta el momento, más de 100 personas han sido arrestadas mientras los saqueadores aprovechan la confusión reinante. Esto ha llevado a la implementación de un toque de queda en toda la ciudad, mientras que los agentes federales enfrentan ataques por parte de grupos pro-migrantes.
El gobernador Newsom ha criticado la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional, considerándola inconstitucional, a pesar del fracaso evidente de las autoridades locales para controlar la violencia. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional advierten que algunos políticos de izquierda están facilitando esta situación de desorden, mientras que el equipo del presidente promete deportaciones masivas para restaurar el orden.
La agenda detrás del caos
Detrás de estos disturbios se encuentra una agenda más profunda: la erosión deliberada del cumplimiento migratorio por parte de funcionarios demócratas y grupos radicales. La alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador Newsom han resistido durante mucho tiempo colaborar con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), incluso cuando inmigrantes ilegales con antecedentes violentos permanecen en libertad. Ahora, mientras los agentes federales enfrentan una guerra abierta en las calles, estos mismos líderes acusan a Trump de sobrepasar sus límites legales.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no ocultan su frustración. «En lugar de provocar disturbios, deberían agradecer a los oficiales de ICE cada día por hacer nuestras comunidades más seguras», afirmó Tricia McLaughlin, asistente del secretario del DHS. Tom Homan, encargado del control fronterizo bajo Trump, fue aún más contundente al señalar que aunque tienen derecho a manifestarse, quienes crucen ciertos límites serán procesados.
Un futuro incierto para Estados Unidos
El ultimátum del presidente es claro: no habrá más medidas intermedias. Con tropas de la Guardia Nacional ya desplegadas y Marines listos para intervenir, la administración se prepara para una purga histórica de inmigrantes ilegales —comenzando con aquellos elementos criminales que alimentan el colapso en Los Ángeles. Se estima que hasta 20 millones podrían enfrentar deportación en una operación monumental que transformaría las ciudades estadounidenses y pondría fin a la agenda pro-inmigrante radical.
Las implicaciones son enormes. Esta crisis no solo afecta a Los Ángeles; representa un punto decisivo sobre si Estados Unidos continuará siendo un país regido por leyes o cederá ante bandas anárquicas y sus manipuladores políticos. A medida que avanza la intervención federal, se hace evidente que la lucha por el alma americana se libra en las calles de Los Ángeles; quien prevalezca determinará el futuro del país.
Fuentes:
RT.com
Northcom.mil
TruthSocial.com
RT.com
Si (
No(
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