La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido claridad a José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen y la valoración de unas joyas que no fueron declaradas.
Durante una entrevista en Espejo Público, Muñoz recordó que el portavoz oficioso de Zapatero, Luis Arroyo, había estimado inicialmente el valor de estas joyas entre 30.000 y 50.000 euros. Sin embargo, a pesar de las disculpas posteriores de Arroyo por posibles confusiones, persisten interrogantes cruciales acerca de la procedencia de las piezas y su correcta declaración ante Hacienda.
Muñoz afirmó: “No hay inducción a error, lo que hay es una intencionalidad de mentir dolosamente a todos los españoles”. Criticó la falta de transparencia y sentenció que solo se ha admitido un error tras ser "pillados con el carrito del helado" cuando salió a la luz la tasación solicitada por un juez. “Me parece gravísimo”, agregó.
Cuestionamientos sobre encuestas y presiones al Poder Judicial
En relación con la última encuesta del CIS, Muñoz acusó al organismo de estar bajo control del PSOE y de utilizar sus resultados para propagar la idea de que Pedro Sánchez puede continuar en el Gobierno. A su juicio, si las encuestas reflejan solo una caída leve en apoyo, “las encuestas de empresas privadas ofrecerían un escenario mucho más desfavorable para el Ejecutivo”.
Además, denunció las presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, calificando como “inédito” en una democracia que los órganos judiciales se vean obligados a emitir comunicados para exigir que cesen los ataques contra la justicia.
Estrategias del Gobierno y protección institucional
Muñoz contextualizó las declaraciones recientes de Óscar López dentro de una estrategia habitual del Gobierno, donde “la mejor defensa es un buen ataque”. Según ella, esto busca desviar la atención y evitar asumir responsabilidades ante las informaciones recientes.
También cuestionó las explicaciones sobre los contactos entre Leire Díez y altos funcionarios como la Dirección General de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado. Sostuvo que existe una coordinación desde instituciones controladas por el PSOE para proteger a Pedro Sánchez. En su opinión, cada vez menos ciudadanos creen en la versión oficial del Gobierno frente a posibles casos de corrupción.
Aseguró que se intenta hacer creer que el fiscal general actuaba bajo instrucciones directas de Leire Díez. Si sus planteamientos eran atendidos tanto en la Guardia Civil como en la Fiscalía, esto indicaría que estaba operando bajo órdenes superiores.