El PP critica la política de vivienda de Sánchez por fomentar el desorden social

En el Senado

La senadora y coordinadora de Vivienda del PP, Paloma Martín, ha criticado abiertamente la política de vivienda del Gobierno de Sánchez. Según Martín, desde que el actual presidente asumió el cargo, la okupación ha aumentado un 40%, generando alrededor de 45 denuncias diarias. “Cuando legislan propagando el desorden, rompen la convivencia”, afirmó contundentemente.

Martín argumenta que la combinación del colapso en la oferta de vivienda, junto a los precios inalcanzables y la permisividad gubernamental hacia la okupación y la inquiocupación, está creando una “fractura social” y alimentando la “desconfianza en el Estado de derecho”.

Crisis habitacional y sus consecuencias

La senadora subrayó que las personas más vulnerables son las más perjudicadas por estas políticas. La okupación les priva de viviendas sociales, afecta a los barrios más desfavorecidos y altera la convivencia en comunidades vecinales. “Esto tiene un efecto devastador en la cohesión social”, añadió.

Además, advirtió sobre el aumento alarmante de la inquiocupación en los últimos años, lo que ha llevado a que se retire una de cada tres viviendas del mercado de alquiler. Los requisitos para acceder a una casa se han vuelto inalcanzables: “Los inquiocupas dejan de pagar las rentas sin consecuencia alguna”, lamentó.

Acoso legal y falta de seguridad jurídica

Martín acusó al Gobierno de “pervertir” la legalidad con la implementación hace tres años de la Ley de Vivienda y los reales decretos antidesahucios. “Amparan a quienes cometen delitos y desprotegen a quienes sufren”, censuró.

Asimismo, responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por erosionar la seguridad jurídica: “La actual inoperancia, la dilación procesal y la percepción ciudadana de una justicia ineficaz constituyen una erosión directa del Estado de derecho, empujando peligrosamente a la sociedad hacia la autodefensa”.

Propuestas del Partido Popular

La senadora destacó que el recurso a vías extrajudiciales se ha convertido en lo habitual, ya que el 80% de los propietarios ha recuperado sus viviendas mediante pagos a los okupas.

Explicó que la inseguridad normativa impulsada por el Gobierno pone “en riesgo físico y jurídico” a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado durante sus intervenciones en viviendas ocupadas. “Los policías y guardias civiles esperan que sus gobernantes hagan lo correcto, no que propaguen el desorden y debiliten la autoridad”, enfatizó.

Finalmente, recordó que el PP ha presentado diversas medidas para combatir tanto la okupación como la inquiocupación. Entre ellas se encuentran el desalojo en 24 horas, el empadronamiento nulo para los okupas, una evaluación objetiva de vulnerabilidad y refuerzos presupuestarios para servicios sociales.

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