GPP impulsa medidas para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad

En la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

La portavoz del GPP en materia de Políticas Integrales de la Discapacidad, Violante Tomás, ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno del mandato legal que establece la aprobación del reglamento de accesibilidad cognitiva antes del 1 de abril de 2025. Tomás advierte que esta falta de acción convierte en ineficaz un derecho ya reconocido por ley. “No puede considerarse una simple demora técnica”, afirmó con firmeza.

La portavoz acusó al Ejecutivo de perpetuar barreras que afectan a miles de personas con discapacidad y exigió una respuesta inmediata. “La falta de aprobación del reglamento no puede entenderse como una cuestión secundaria”, subrayó.

Accesibilidad cognitiva como derecho fundamental

Tomas enfatizó que la accesibilidad cognitiva es esencial para el ejercicio de derechos fundamentales y no debe ser vista como una demanda sectorial. “Comprender no es un lujo, sino una condición imprescindible para ejercer derechos en igualdad de condiciones”, añadió.

Además, advirtió sobre las consecuencias de la ausencia de un marco reglamentario común, que genera inseguridad jurídica y obstaculiza el acceso a servicios esenciales como educación, sanidad o justicia. “No podemos permitir que una conquista legislativa tan importante quede vacía de contenido por falta de desarrollo normativo”, sentenció.

Reclamos sobre movilidad y transporte accesible

El diputado del GPP, Bartolomé Madrid, también se dirigió al Gobierno para exigir que se garantice la disponibilidad de asientos junto a las plazas para usuarios de silla de ruedas en todos los trenes. Esto permitiría a estas personas viajar acompañadas en condiciones seguras y dignas. “La presencia cercana de un acompañante no es algo accesorio, sino una condición necesaria”, afirmó.

Madrid destacó que la falta de asientos cercanos para acompañantes representa una barrera que limita la autonomía personal y el derecho a la movilidad. “Una plaza H sin asiento cercano para el acompañante no permite viajar en condiciones adecuadas”, indicó.

Coordinación administrativa y problemas cotidianos

Por su parte, el diputado Javier Celaya solicitó al Ejecutivo coordinar con las comunidades autónomas un sistema eficiente para facilitar la renovación de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad que cambian de residencia. “Les invito a instarles a coordinar junto a las Comunidades Autónomas un procedimiento de intercambio de información”, propuso.

Celaya denunció los inconvenientes generados por la falta de coordinación administrativa entre territorios, lo cual afecta directamente a las personas con movilidad reducida. “Meses durante los cuales no podrán hacer uso de su tarjeta de estacionamiento”, aseveró.

Dificultades persistentes y necesidad urgente de acción

El diputado también alertó sobre cómo los retrasos en la renovación impactan negativamente a quienes enfrentan dificultades persistentes o agravantes en su movilidad. “La discapacidad y las dificultades de movilidad, cinco o diez años después, no suelen ir a mejor, sino todo lo contrario”, advirtió.

Celaya concluyó resaltando la importancia urgente de abordar problemas concretos que afectan diariamente a las personas con discapacidad. “Si tiene sentido la existencia de una Comisión permanente no legislativa para las Políticas Integrales de Discapacidad es para solucionar asuntos como el que acabo de exponer”, finalizó su intervención.