La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha ordenado a la plataforma Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas. Esta medida se lleva a cabo tras la identificación de estos anuncios como infracciones a la normativa vigente en diversas comunidades autónomas.
El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que se han detectado un total de 65.935 anuncios que contravienen las regulaciones sobre la publicidad de alojamientos turísticos. Estos anuncios corresponden exclusivamente a viviendas completas y no incluyen habitaciones individuales. En los últimos meses, el ministerio ha enviado hasta tres resoluciones a Airbnb instando a la eliminación de esta publicidad ilícita.
Acciones judiciales y respaldo legal
A pesar de las solicitudes del Ministerio, Airbnb intentó recurrir ante la justicia para evitar el bloqueo de dichos anuncios. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las acciones del Ministerio al emitir un auto que exige a la compañía retirar 5.800 anuncios de inmediato.
Desde la Dirección General de Consumo se han presentado tres motivos que justifican la ilegalidad de los anuncios en cuestión:
- La falta del número de licencia o registro, un requisito obligatorio según varias normativas autonómicas.
- La omisión sobre si los arrendadores son profesionales o particulares, lo cual es esencial para determinar si los consumidores están protegidos.
- La inclusión de números de licencia incorrectos, lo que puede inducir a error a los consumidores.
Compromiso con la regulación del sector turístico
Los anuncios afectados por esta resolución pertenecen a varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. El ministro Bustinduy ha expresado su intención de colaborar con las administraciones públicas para regularizar el sector y proteger los derechos de los consumidores.
En este sentido, el ministerio está implementando diversas acciones complementarias junto con otras autoridades para abordar el problema del descontrol en alojamientos turísticos y facilitar el acceso a la vivienda. Además, se está recopilando información mediante la Unidad de Análisis de Consumo para apoyar estas iniciativas.
Expedientes sancionadores en curso
No obstante, es importante destacar que la Dirección General de Consumo ya había abierto un expediente sancionador contra una plataforma similar por incumplimientos relacionados con la publicidad del número de licencia. Asimismo, se han iniciado otros expedientes contra grandes gestoras por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
A medida que avanza este proceso regulatorio, el compromiso del ministerio con esta causa se mantiene firme para erradicar prácticas ilegales en el sector turístico y garantizar una mayor protección para los consumidores.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué acción ha tomado el Ministerio de Consumo contra Airbnb?
El Ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma, considerándolos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos.
¿Cuáles son las razones para considerar ilegales estos anuncios?
Las razones incluyen: la falta del número de licencia o registro en los anuncios, la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores (si son profesionales o particulares), y el uso de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.
¿Qué comunidades autónomas están afectadas por esta decisión?
Los anuncios bloqueados afectan a comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
¿Qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia sobre esta situación?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las acciones del Ministerio y ha instado a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos inmediatamente.
¿Cuál es el objetivo del Ministro Bustinduy respecto a esta problemática?
El ministro busca colaborar con administraciones públicas para controlar la ilegalidad en alojamientos turísticos y proteger los derechos de los consumidores, además de favorecer el acceso a la vivienda.
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