Normativa

El Ministerio de Consumo de España ha iniciado una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de entradas para conciertos de un artista internacional, tras recibir denuncias de asociaciones de consumidores. Estas denuncias señalan el cobro de recargos ilícitos durante la compra online, sin la debida transparencia ni justificación. La investigación forma parte de un expediente más amplio que busca evaluar si los cargos adicionales cumplen con las normativas legales. Además, se están implementando cambios legislativos para garantizar que los precios finales sean claros y evitar prácticas abusivas en la venta online. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha creado un grupo de expertas para mejorar la normativa contra las violencias hacia la infancia y adolescencia. Este órgano, que cuenta con 13 especialistas en áreas como judicatura, psicología y trabajo social, tiene como objetivo analizar y proponer reformas normativas para erradicar la violencia de género que afecta a menores. La magistrada Isabel Giménez preside el grupo, que se centrará en definir el interés superior de los niños y niñas y en evaluar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). La ministra Sira Rego destacó la importancia de reconocer las señales de violencia contra menores y anunció un acto público para presentar los avances del grupo. Para más información, visita el enlace.

El Gobierno de Javier Milei en Argentina ha implementado una nueva normativa que obliga a los negocios a mostrar los precios de los productos sin incluir impuestos. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de abril, busca aumentar la transparencia y permitir a los consumidores entender mejor el impacto fiscal en los precios finales. Los comercios deberán exhibir tanto el precio neto como el precio final, y quienes no cumplan con esta regulación enfrentarán sanciones. La resolución también permite la presentación de precios en dólares, contribuyendo a un mayor acceso a la información para los consumidores.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 de Andalucía advierte sobre la importancia del uso responsable del material pirotécnico durante las fiestas navideñas para prevenir accidentes. Se recomienda a la ciudadanía seguir pautas de seguridad, como no permitir que menores manipulen fuegos artificiales sin supervisión y adquirir productos en establecimientos autorizados. Además, se enfatiza la necesidad de respetar las normativas locales y elegir espacios seguros para su uso, evitando lanzarlos desde balcones o en lugares cerrados. En caso de emergencias, se debe contactar al 112, disponible las 24 horas. Para más información, visita el enlace.

La Comunidad de Madrid ha implementado drones y medidores láser en sus inspecciones urbanísticas para mejorar la precisión y eficiencia en la recopilación de datos, especialmente en áreas de difícil acceso. Esta tecnología avanzada permitirá reducir el tiempo de inspección y garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística. Desde julio de 2023, se han realizado más de 200 inspecciones y se han detectado numerosas incidencias a través de fotografía aérea. La iniciativa busca proteger suelos no urbanizables y espacios naturales, asegurando un desarrollo territorial sostenible. Para más información, visita el enlace.

El Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas comerciales no consentidas. Este nuevo marco legal obligará a las compañías telefónicas a identificar con códigos específicos las llamadas comerciales y de atención al cliente, permitiendo el bloqueo de aquellas que no cumplan con esta normativa. Además, se declararán nulos los contratos obtenidos a través de estas llamadas no autorizadas y se exigirá la renovación del consentimiento cada dos años. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores frente al creciente número de quejas sobre acosos telefónicos. Para más información, visita el enlace.

Los consumidores en la Unión Europea siguen enfrentando problemas debido al bloqueo geográfico injustificado, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Aunque se han realizado avances desde la implementación del Reglamento sobre el bloqueo geográfico en 2018, las normas varían significativamente entre los Estados miembros y no abarcan sectores clave como los servicios audiovisuales. Esto limita las oportunidades de los consumidores y crea barreras en el mercado único digital. Los auditores sugieren que se refuercen los mecanismos de ejecución y se amplíe la normativa para incluir más sectores. La falta de información sobre opciones de protección también es un desafío para los consumidores.

La Unión Europea ha implementado nuevas normas para un cargador común que permitirá a los usuarios cargar todos sus dispositivos electrónicos con un solo cargador USB-C. Esta iniciativa busca aumentar la comodidad del consumidor, reducir el desperdicio electrónico y ahorrar dinero al eliminar la necesidad de comprar cargadores adicionales. A partir del 28 de diciembre de 2024, todos los nuevos dispositivos vendidos en la UE, incluidos teléfonos móviles, tabletas y cámaras digitales, deberán cumplir con estas regulaciones. Se estima que esta medida podría ayudar a los consumidores a ahorrar alrededor de 250 millones de euros anuales en compras innecesarias de cargadores. Para más información sobre las normas del cargador común de la UE, visita el enlace proporcionado.

El Gobierno de Perú ha promulgado una nueva ley que elimina la prisión preventiva para los policías que utilicen sus armas "de forma reglamentaria". Esta norma, publicada en el diario oficial El Peruano, impide que fiscales soliciten detenciones preliminares a agentes que, en cumplimiento de su deber, causen lesiones o muertes. La medida busca brindar mayor protección a los efectivos policiales y se implementará a partir del 12 de diciembre. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfatizó la importancia de que los policías utilicen las herramientas proporcionadas por el Estado para garantizar la seguridad.