El Senado ha aprobado un requerimiento del Partido Popular para que el Tribunal Constitucional evalúe la legalidad de la presencia de ministros franceses en el Consejo de Ministros español, a raíz del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia. Los senadores Miquel Jerez y Pepa Pardo han expresado preocupaciones sobre la posible contradicción entre este tratado y la Constitución, argumentando que solo el Rey puede asistir a dichas reuniones. Critican al Gobierno por no modificar el tratado y por intentar validar su contenido mediante interpretaciones posteriores. Además, Pardo ha calificado el tratado como "fake", enfatizando la necesidad de respetar la soberanía nacional y defender el orden constitucional.
En el debate de un requerimiento a propuesta del PP, en el Pleno
- El Pleno del Senado ha aprobado un requerimiento impulsado por el Grupo Parlamentario Popular para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posible contradicción entre la Constitución y el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia. Este tratado permite la asistencia de ministros franceses a las reuniones del Consejo de Ministros del Gobierno español.
- Los senadores Miquel Jerez y Pepa Pardo han expresado su preocupación por la inseguridad jurídica que genera el artículo 2.4 del Tratado, que establece la asistencia rotativa de ministros franceses cada tres meses. Ambos subrayan que la Constitución solo permite la presencia del Rey en estas reuniones.
- Durante su intervención, Jerez destacó que esta iniciativa busca “utilizar el mecanismo previsto por la propia Constitución” ante dudas sobre la constitucionalidad de un tratado internacional. “Pedimos seguridad jurídica. Pedimos respeto a la Constitución”, enfatizó.
- El senador criticó al Gobierno por no aclarar las dudas mediante una modificación del tratado, sugiriendo que está pidiendo “un acto de fe” para validar un acuerdo que plantea serias interrogantes constitucionales.
Sistema jurídico en cuestión
- El portavoz de Constitucional del PP cuestionó la explicación ofrecida por el Gobierno respecto a la participación de ministros franceses, argumentando que este concepto carece de definición jurídica en la Constitución. “La Constitución conoce el Consejo de Ministros; lo que no conoce son sus márgenes”, afirmó.
- Jerez también acusó al Ejecutivo de intentar “construir una coartada para permanecer en el error”, en lugar de corregir el tratado y presentar un texto compatible con la Constitución.
- Asimismo, criticó la gestión del Gobierno de Sánchez, señalando que tiende a cuestionar cualquier institución que actúe como contrapeso al poder. “Cuando la Constitución les pone límites, no cambian su decisión; intentan mover los límites”, advirtió.
- Para finalizar, Jerez aseveró que “el sanchismo no es el destino de España, sino un paréntesis en nuestra vida institucional”, abogando por devolver la voz a los ciudadanos a través de elecciones anticipadas.
Críticas al tratado firmado
- Por su parte, Pepa Pardo, portavoz de Justicia, argumentó que el Ejecutivo firmó un tratado consciente de su posible vulneración a la Constitución. Criticó los intentos del Gobierno por resolver esta situación mediante notas interpretativas sin modificar el texto original del tratado.
- Pardo afirmó: “Si el Gobierno considera necesario interpretar ese precepto es porque está mal hecho y genera dudas de constitucionalidad”.
- La senadora defendió que recurrir al Tribunal Constitucional es necesario para garantizar el respeto al orden constitucional y a la soberanía nacional. “Defender la Constitución y defender la soberanía nacional no es una tropelía”, aseguró.
- Pardo concluyó afirmando: “Ustedes le vendieron un tratado fake a Francia y firmaron un acuerdo sabiendo que vulneraba nuestra Constitución”.
- Además, Pardo reivindicó el papel del Senado como garante del Estado de Derecho frente a cualquier acción que comprometa el marco constitucional. “El Senado es y continuará siendo el guardián de nuestra Constitución y soberanía nacional”, subrayó.
- Finalmente, exigió al Gobierno asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales, asegurando que “España volverá a ocupar su lugar con una política exterior acorde con nuestros intereses nacionales”.