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Miguel Tellado, secretario general del PP, critica al Gobierno de Sánchez por su gestión durante la crisis en Ceuta, calificándola de "imperdonable" y un indicativo de un "estado de colapso". Asegura que los servicios de inteligencia advirtieron sobre el riesgo de la situación y responsabiliza a altos funcionarios del Gobierno por no actuar para proteger la frontera. Tellado señala que la falta de respuesta adecuada ha puesto en peligro a los 85.000 habitantes de Ceuta y exige dimisiones y elecciones anticipadas. Además, denuncia la alianza entre PNV y PSOE como responsable de la mala gestión en el País Vasco.

El Senado ha aprobado un requerimiento del Partido Popular para que el Tribunal Constitucional evalúe la legalidad de la presencia de ministros franceses en el Consejo de Ministros español, a raíz del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia. Los senadores Miquel Jerez y Pepa Pardo han expresado preocupaciones sobre la posible contradicción entre este tratado y la Constitución, argumentando que solo el Rey puede asistir a dichas reuniones. Critican al Gobierno por no modificar el tratado y por intentar validar su contenido mediante interpretaciones posteriores. Además, Pardo ha calificado el tratado como "fake", enfatizando la necesidad de respetar la soberanía nacional y defender el orden constitucional.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de mentir en sus declaraciones y de ser responsable de la conflictividad en el ámbito sanitario debido al Estatuto Marco que ha presentado. Fúnez sostiene que el Gobierno de Sánchez ha "incendiado" el sector y critica la falta de diálogo con los sindicatos. Además, advierte sobre la creciente tensión en el Sistema Nacional de Salud y demanda mejoras en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. También destaca la necesidad de un consenso previo para reformar leyes clave en el sector y reclama un presupuesto adecuado para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

El secretario general del PP, en una reciente Junta Directiva en Barcelona, criticó fuertemente a José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que nunca estuvo en el lado correcto de la historia, sino en el rentable. Denunció que la corrupción del sanchismo ha llegado a niveles alarmantes y destacó que Zapatero es responsable de muchas decisiones corruptas en el gobierno de Pedro Sánchez. Además, hizo hincapié en que la situación actual del sanchismo es esperpéntica y que los socios de gobierno de Sánchez comparten la responsabilidad. También instó al PP a mantenerse como una alternativa seria al socialismo y al nacionalismo en Cataluña.

El senador del PP por Almería, Juan José Matarí, critica la falta de acción y recursos del Gobierno de Sánchez en materia de seguridad, señalando que el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal están en aumento en la costa andaluza. Durante una sesión de control al Gobierno, Matarí exigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil ante el incremento de delitos en la región. Destacó la precariedad de los cuarteles y la insuficiencia de medios materiales, lo que ha llevado a un aumento del 25% en las infracciones penales en los últimos cinco años. El senador subrayó la necesidad urgente de inversiones para garantizar la seguridad y dignidad de las fuerzas del orden.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, interpeló al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso sobre la presentación de los presupuestos para este año. Criticó al Gobierno por llevar cinco años en "rebeldía presupuestaria" y cuestionó si España seguirá el mismo camino que su predecesora, María Jesús Montero. Bravo destacó la obligación constitucional de presentar las cuentas públicas y acusó al Ejecutivo de Sánchez de aumentar la deuda y los impuestos, afectando a las clases medias. También instó a reformas en la financiación autonómica y un trato más justo hacia los autónomos.

El Partido Popular ha señalado irregularidades en el rescate de Plus Ultra, atribuyéndolas a gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE, el senador Juan José Sanz Vitorio expuso que estas irregularidades se produjeron gracias a un supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Se argumenta que la influencia del exmandatario en Venezuela permitió obtener un aplazamiento de la deuda de la aerolínea y facilitar su rescate mediante la SEPI. Además, se mencionó la creación de una sociedad pantalla relacionada con este proceso, donde gran parte de los fondos públicos habrían beneficiado a la familia de Zapatero. La comparecencia reveló conexiones entre las empresas familiares y el rescate, así como preguntas sobre posibles comisiones y vínculos societarios sin respuestas claras.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunió con familias afectadas por las ayudas para el cuidado del menor (CUME) en la sede nacional del partido. Durante el encuentro, Feijóo destacó el compromiso del PP para ampliar la protección de estas familias a través de una proposición de ley que busca garantizar derechos sin importar la edad del hijo afectado por enfermedades graves. La iniciativa incluye mejoras en la normativa actual, facilitando la corresponsabilidad entre progenitores y extendiendo la protección a empleados públicos. Feijóo criticó al Gobierno de Sánchez por desamparar a estas familias y no abordar adecuadamente sus necesidades.

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha denunciado la falta de responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el Estado de la Red Ferroviaria en España. Mario Samper, presidente de la asociación y superviviente del accidente que dejó 46 muertos y 352 afectados, criticó que el ministro no acudió a reunirse con las víctimas tras la tragedia y que sus respuestas fueron insatisfactorias. Además, se evidenció una falta de coordinación institucional y una burocracia lenta en las indemnizaciones, lo que ha dejado a muchas víctimas sin apoyo adecuado. La senadora del PP, María Jesús Bonilla, exigió verdad y justicia para las víctimas y destacó la necesidad de mejorar la seguridad ferroviaria en España.

El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, ha cuestionado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmando que su gestión está condenando a una generación de jóvenes a la precariedad. Durante un debate, criticó la falta de viviendas y la ineficacia del Gobierno para abordar el problema habitacional, señalando que no se han construido las 184.000 viviendas prometidas. Además, destacó que tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años no pueden independizarse debido a las políticas actuales. Díez de Revenga instó al Gobierno a escuchar las necesidades de los jóvenes en lugar de repartir culpas.

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha exigido la dimisión de Francina Armengol, presidenta del Congreso, tras un informe de la UCO que revela su implicación en una trama de corrupción en Baleares. Tellado sostiene que durante la pandemia, Armengol facilitó contratos millonarios por mascarillas defectuosas y critica su falta de transparencia sobre sus relaciones con los involucrados en el escándalo. Además, denuncia que su permanencia como tercera autoridad del Estado es una indignidad y llama a su comparecencia ante los juzgados. La situación política en Baleares se ve afectada por estas acusaciones, mientras el PP busca fortalecer su posición en la región.

Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al no investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestionó si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contravención del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoció que existen normas para prevenir prácticas anticompetitivas, su respuesta evitó abordar los conflictos de interés planteados. Montserrat exigió una investigación rigurosa para asegurar la transparencia y la igualdad en el mercado europeo, subrayando que no es aceptable una respuesta formalista ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos.

El Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seleccione a los candidatos españoles para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales. La iniciativa busca asegurar que las designaciones se realicen con criterios de transparencia y mérito, en cumplimiento de las normativas europeas. Esta reforma surge tras críticas al actual sistema, que permite al Gobierno controlar estas selecciones, lo que el PP considera una amenaza a la independencia judicial. La propuesta también aboga por que los jueces elijan a sus pares, tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo así la autonomía del Poder Judicial frente al Ejecutivo.