Las autoridades del estado de Minesota han interpuesto este martes una demanda federal contra los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional en un tribunal de Washington D. C. La acción legal exige la entrega de pruebas que, según el estado, estas agencias han ocultado en relación con tres tiroteos, dos de ellos mortales, ocurridos durante la operación migratoria de la Administración Trump este año.
Los incidentes se remontan a enero, cuando agentes federales dispararon y mataron a Renée Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses de 37 años residentes en Mineápolis que protestaban contra dicha operación. Durante una persecución a pie, también resultó herido Julio César Sosa-Celis, un inmigrante indocumentado que recibió un disparo en una pierna.
A pesar de que las autoridades federales intentan presentar a Good, Pretti y Sosa-Celis como agresores que atacaron a los agentes de inmigración, poniendo en peligro su vida, los vídeos difundidos sobre estos incidentes han cuestionado las versiones oficiales proporcionadas por el gobierno.
Incumplimiento de promesas de cooperación
La demanda sostiene que «los agentes federales incumplieron rápidamente sus promesas de cooperación». En lugar de facilitar información relevante, las autoridades federales han negado a los investigadores de Minesota el acceso a datos cruciales, incluyendo la identidad de los agentes involucrados.
Además, se argumenta que esta negativa fue una decisión política emanada desde Washington y no resultado de ninguna necesidad específica relacionada con la investigación. Se afirma que altos funcionarios federales ordenaron que las pruebas no fueran compartidas con las autoridades estatales.
Keith Ellison, fiscal general de Minesota, calificó esta situación como sumamente inusual, describiéndola como arbitraria y caprichosa, con serias implicaciones para otras jurisdicciones del país. Ellison señaló que los agentes federales impidieron el acceso al lugar del tiroteo donde falleció Pretti incluso después de haber obtenido una orden judicial, lo que llevó a una demanda previa por parte del fiscal general y otras autoridades estatales.
Investigaciones en curso
Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, aseguró que continuarán con las investigaciones basándose en la evidencia disponible y la información proporcionada por el médico forense. «Confío en que eventualmente contaremos con suficientes pruebas para decidir si se presentan cargos penales», afirmó Moriarty.
El desarrollo de esta demanda refleja tensiones crecientes entre las autoridades estatales y federales sobre la transparencia y el acceso a información crítica en casos relacionados con la aplicación de leyes migratorias.
Si (
No(
Traductor
