Estado de Derecho
La eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha llevado a la Comisión Europea una pregunta escrita que pone de manifiesto las serias intimidaciones e interferencias que ha denunciado la magistrada Beatriz Biedma. Esta jueza es la encargada de investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La iniciativa surge tras la comparecencia de Biedma ante la Audiencia Nacional, donde reveló haber sido objeto de amenazas y maniobras intimidatorias dirigidas hacia ella y su familia durante el desarrollo de su investigación. Esta causa involucra a Sánchez por delitos como prevaricación, tráfico de influencias, malversación y otros delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, siendo finalmente confirmada su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.
Denuncias graves y seguimiento inquietante
Un informe elaborado por la UCO, que forma parte de la investigación, documenta testimonios sobre seguimientos a Biedma y contactos con individuos relacionados con el narcotráfico, en los que se habría discutido la posibilidad de “eliminar” a la magistrada.
“Europa no puede mirar hacia otro lado en un caso como este: una jueza denuncia haber sido intimidada por ejercer su función, mientras los investigadores que trabajan en causas similares también reportan presiones. La independencia judicial no debería depender de quién esté involucrado. Es un pilar fundamental del Estado de Derecho europeo”, afirmó Montserrat.
La eurodiputada solicita a la Comisión Europea que examine si estos hechos son compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, así como con las garantías europeas sobre independencia judicial para los Estados miembros.
Preguntas sobre garantías judiciales
Además, Montserrat cuestiona qué tipo de garantías establece el Derecho de la Unión frente a las presiones ejercidas sobre investigadores que manejan casos relacionados con personas cercanas al poder político. También indaga sobre las acciones concretas que está dispuesta a tomar la Comisión para verificar estos hechos y evaluar si comprometen la independencia judicial en España.
La pregunta busca que la Comisión Europea asuma su rol como garante de los Tratados, determinando si lo investigado debe ser objeto de seguimiento dentro de los mecanismos europeos destinados a proteger el Estado de Derecho.
“La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los jueces deben estar protegidos contra intervenciones o presiones externas que puedan afectar su juicio independiente. Si se confirma que se obtuvo información sobre sus movimientos y los de sus hijas, se investigaron sus rutinas diarias, se difundieron imágenes de sus hijos o se contactó con individuos potencialmente violentos para intimidarla, además de intentar influir en la investigación mediante presiones sobre agentes, el problema para el Estado de Derecho europeo sería considerable”, concluyó Dolors Montserrat.
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