El Gobierno de Argentina ha puesto en marcha una reforma en el sistema de contratación de obras públicas, con el objetivo de eliminar prácticas de cartelización y promover la competencia entre las empresas del sector. Esta iniciativa fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien subrayó que durante más de 70 años existió un sistema que limitaba la capacidad constructiva de los oferentes, favoreciendo un reparto entre actores establecidos y restringiendo la entrada de nuevos competidores.
Nueva normativa y su implementación
La reforma se formalizó a través de la Disposición 24/2025, publicada en el Boletín Oficial, e introduce el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO). Este nuevo sistema reemplaza los registros tradicionales y elimina la necesidad de presentar testimonios extensos que abarquen hasta diez años. Además, permite incluir experiencias tanto en obras públicas como privadas.
Para aquellas empresas que no cuentan con experiencia previa, se evaluará el capital social como criterio para la participación en licitaciones. Esta medida busca facilitar el acceso a nuevos actores en el mercado y fomentar una mayor diversidad en las ofertas presentadas.
Contexto y relevancia del cambio
Sturzenegger también hizo referencia al caso conocido como los Cuadernos de Centeno, una investigación sobre corrupción relacionada con la gestión anterior. Este contexto resalta la urgencia de implementar cambios que eviten la repetición de prácticas corruptas en la adjudicación de obras públicas.
El ministro afirmó que la nueva normativa tiene como finalidad principal prevenir situaciones irregulares en futuros procesos licitatorios. La reforma es parte del plan de ajuste estatal promovido por el presidente Javier Milei, que incluye la suspensión temporal de ciertos proyectos de obra pública.
Expectativas del Gobierno
Las autoridades confían en que esta reforma incrementará la participación empresarial en las licitaciones y mejorará la eficiencia del gasto público destinado a infraestructuras. Con estos cambios, se espera un fortalecimiento del sistema constructivo nacional y una mayor transparencia en los procesos relacionados con las obras públicas.
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