La Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha desclasificado documentos que revelan que los estadounidenses que se opusieron a los mandatos relacionados con la COVID-19, incluyendo confinamientos, órdenes de vacunación y uso de mascarillas, fueron incluidos en la lista de vigilancia de terroristas domésticos.
La administración Biden etiquetó a aquellos que discrepaban con la postura del gobierno como “Extremistas Violentos Domésticos” (DVE por sus siglas en inglés). Según Gabbard, el gobierno federal abreviaba este término a DVE.
Implicaciones de la Clasificación
Catherine Herridge, una periodista que obtuvo los registros recientemente desclasificados, señala que “la designación creó un ‘propósito articulable’” para que agentes del FBI u otras entidades gubernamentales iniciaran una “evaluación de individuos.”
Esto implica que el gobierno estaba legitimando la acción contra disidentes conocidos que no habían infringido ninguna ley. Un exagente del FBI comentó a Herridge que esta situación “es a menudo el primer paso hacia una investigación formal.”
Narrativas de Violencia y Extremismo
El informe indica que los “extremistas violentos anti-gubernamentales o anti-autoridad”, específicamente las milicias, caracterizan los mandatos de vacunación y uso de mascarillas como evidencia de abuso de poder por parte del gobierno. Se menciona también que una amplia gama de narrativas sobre la COVID-19 han resonado con estos DVE, motivados por teorías como QAnon.
El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) coautorizaron un producto de inteligencia fechado el 13 de diciembre de 2021 titulado “Los DVE y sus Análogos Extranjeros Pueden Reaccionar Violentamente ante los Mandatos de Mitigación de la COVID-19”. Este documento señala críticas a los mandatos como “narrativas prominentes” relacionadas con el extremismo violento.
Reacciones a las Revelaciones
Las afirmaciones sobre la supuesta violencia extremista se centraron en preocupaciones legítimas expresadas por padres, médicos y ciudadanos preocupados por la seguridad de las vacunas experimentales contra la COVID-19. Lo que inicialmente fue considerado “desinformación peligrosa” ahora se reconoce como inquietudes válidas que tanto las grandes farmacéuticas como las agencias gubernamentales están comenzando a admitir.
En un giro notable, la Administración Federal de Medicamentos (FDA) ha requerido a los fabricantes de vacunas contra la COVID-19, Pfizer y Moderna, actualizar sus advertencias sobre posibles riesgos asociados como miocarditis y pericarditis.
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