La ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció recientemente ante la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado en materia de violencia de género en el Congreso. Durante su intervención, enfatizó la necesidad de lograr «el máximo consenso» para llevar a cabo las 461 medidas que han sido aprobadas en este marco. Redondo subrayó que es fundamental repetir «el esfuerzo, la generosidad y el tesón» necesarios para avanzar en la implementación del pacto.
En sus declaraciones, la ministra expresó su deseo de ser coherente con el espíritu del acuerdo y buscar el consenso entre los grupos parlamentarios sobre cómo tramitar las medidas y su contenido esencial. Resaltó que «la violencia machista no es una cuestión partidista ni ideológica; es una violación sistemática de los derechos de las mujeres», y afirmó que combatirla debe ser una prioridad para todas las instituciones, independientemente de las diferencias políticas.
Avances en la implementación
A lo largo de su comparecencia, Ana Redondo destacó los logros del ministerio, como la implementación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha permitido abrir casi todos los centros de crisis disponibles las 24 horas. Además, anunció la creación de una guía que establecerá los servicios básicos que deben ofrecerse en estos centros, asegurando así la igualdad de derechos para las víctimas en todo el país.
Asimismo, mencionó la aprobación del Real Decreto que regula las ayudas económicas destinadas a víctimas de violencia sexual. Destacó también avances como la asistencia jurídica gratuita para estas víctimas y la posibilidad de realizar declaraciones o interrogatorios telemáticos con el fin de evitar un mayor sufrimiento o revictimización.
Nuevas medidas propuestas
Entre otras iniciativas relevantes, Redondo hizo alusión a la Instrucción del 28 de abril que actualiza el Régimen Registral relacionado con los nacimientos mediante gestación subrogada. Esta medida busca hacer «coherente» el sistema español al considerar esta práctica como una forma de violencia hacia las mujeres.
En cuanto a la hoja de ruta presentada por la ministra, se incluyeron acciones dirigidas a abordar problemáticas como la violencia digital, vicaria y económica, así como a mejorar la formación del personal judicial. En relación con la violencia digital, Redondo informó sobre un proyecto de ley destinado a proteger a menores en entornos digitales, estableciendo regulaciones ambiciosas para afrontar este desafío social.
Compromiso institucional
La ministra también hizo hincapié en la urgencia por regular adecuadamente la violencia vicaria. Anunció que se presentará un paquete normativo enfocado en definir esta forma de violencia como parte integral del ordenamiento jurídico y en reconocer expresamente a sus víctimas. Se implementarán protocolos específicos para detectar casos durante procedimientos civiles relacionados con familia.
Redondo reiteró su compromiso por proteger a las madres supervivientes y propuso modificaciones al Código Penal para evitar que delincuentes puedan comunicarse con medios que difundan sus relatos. Además, anunció planes para abordar la violencia económica mediante propuestas normativas estructurales y preventivas.
Formación judicial y colaboración interinstitucional
Finalmente, Ana Redondo abordó el tema crucial de la formación dentro del ámbito judicial. Afirmó que no se puede permitir que los tribunales perpetúen injusticias que deben ser erradicadas. Por ello, se prevén reformas en leyes relacionadas con el Poder Judicial para incluir una perspectiva de género en toda formación judicial.
Además, se planteará crear un grupo interministerial junto con comunidades autónomas para desarrollar programas específicos destinados a capacitar a profesionales encargados de atender a víctimas de violencia sexual. La ministra concluyó reafirmando el compromiso del ministerio por colaborar estrechamente con esta comisión y garantizar que cada medida acordada se implemente lo antes posible.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 461 |
Número total de medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género |
| 24 horas |
Horario operativo casi total de los centros de crisis |
| 28 |
Fecha relacionada con la Instrucción sobre gestación subrogada |
Preguntas sobre la noticia
¿Quién es Ana Redondo?
Ana Redondo es la ministra de Igualdad en España, quien ha comparecido en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
¿Cuál es el objetivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género?
El objetivo del Pacto de Estado es implementar medidas para combatir la violencia machista, alcanzando un máximo consenso entre los grupos parlamentarios para su desarrollo.
¿Qué medidas se han aprobado recientemente?
Se han aprobado 461 medidas que buscan abordar diversas formas de violencia de género, incluyendo la violencia digital, vicaria y económica, así como la formación de la judicatura.
¿Qué importancia tiene el consenso político en este contexto?
Ana Redondo ha enfatizado que combatir la violencia machista no debe ser una cuestión partidista y que todas las instituciones deben trabajar juntas para erradicarla.
¿Cuáles son algunas iniciativas específicas mencionadas por la ministra?
Entre las iniciativas se incluyen la creación de centros de crisis 24 horas, asistencia jurídica gratuita para víctimas, y regulaciones sobre gestación subrogada y violencia económica.
¿Qué acciones se están tomando respecto a la violencia digital?
Se está tramitando un proyecto de ley que busca regular el acceso a entornos digitales para menores y abordar problemas como los 'deep fakes' y sesgos de género en estos espacios.
¿Cómo se abordará la violencia vicaria según Ana Redondo?
Se planea definirla como una forma específica de violencia de género y establecer protocolos para detectar casos en procedimientos civiles relacionados con familia.
¿Qué propuestas hay para mejorar la formación judicial?
Ana Redondo ha anunciado reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir formación en perspectiva de género y colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para un plan específico.
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