Congreso

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha exigido la dimisión de Francina Armengol, presidenta del Congreso, tras un informe de la UCO que revela su implicación en una trama de corrupción en Baleares. Tellado sostiene que durante la pandemia, Armengol facilitó contratos millonarios por mascarillas defectuosas y critica su falta de transparencia sobre sus relaciones con los involucrados en el escándalo. Además, denuncia que su permanencia como tercera autoridad del Estado es una indignidad y llama a su comparecencia ante los juzgados. La situación política en Baleares se ve afectada por estas acusaciones, mientras el PP busca fortalecer su posición en la región.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, cuestiona al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre la presentación de los presupuestos para este año, acusando al Gobierno de llevar cinco años en "rebeldía presupuestaria". En su intervención en el Congreso, Bravo critica la gestión del Ejecutivo de Sánchez, señalando un aumento en impuestos y deuda, y una disminución en la calidad de los servicios públicos. Además, insta a España a implementar medidas como la deflactación del IRPF y un nuevo modelo de financiación autonómica. También expresa preocupación por el impacto fiscal en las clases medias y critica el trato a los autónomos.

Durante una reunión plenaria del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo criticó al presidente Pedro Sánchez por no ofrecer soluciones efectivas ante la crisis económica y social. Feijóo afirmó que "la gente no quiere más cartitas, quiere más ayudas", haciendo hincapié en la necesidad de una política migratoria legal y ordenada. Reprochó al Gobierno por las insuficientes ayudas frente a la inflación y solicitó medidas como la reducción del IVA en alimentos y el IRPF. Además, se mostró contrario a la regularización masiva de inmigrantes, argumentando que es insostenible e injusta. Feijóo también cuestionó la gestión de Sánchez en temas judiciales y su falta de apoyo parlamentario, augurando un cambio necesario en el futuro político de España.

Tristana Moraleja, portavoz de Comercio del GPP, criticó en la Comisión de Economía del Congreso la falta de políticas efectivas del Gobierno para la juventud, destacando que 7 de cada 10 jóvenes en España siguen siendo económicamente dependientes a los 34 años. Moraleja señaló que el país presenta uno de los mayores retrasos en emancipación juvenil dentro de la UE, debido a la precariedad laboral y las dificultades para acceder a vivienda. Además, cuestionó al vicepresidente del Gobierno por el bajo grado de ejecución de los Fondos Europeos y por su falta de diálogo con el PP sobre ciertos decretos. La diputada concluyó que los resultados de las políticas actuales no están beneficiando a la población.

El Partido Popular ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados relacionada con el caso Forestalia, que investiga graves irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables. El PP ha presentado más de 30 preguntas al Gobierno y solicitado hasta 20 informes al Ministerio para la Transición Ecológica, exigiendo explicaciones sobre posibles delitos como prevaricación y blanqueo de capitales. Las solicitudes incluyen copias de expedientes ambientales y comunicaciones internas relacionadas con Forestalia desde 2015. Además, se piden aclaraciones a varios ministerios sobre su conocimiento y participación en estos asuntos.

Miriam Guardiola, portavoz adjunta del GPP, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser un "lodazal de corrupción" durante el Pleno del Congreso. Denunció varios casos que afectan al PSOE y a su entorno, como los de Ábalos y Aldama, además de otros bajo investigación. Guardiola afirmó que la corrupción no solo implica robar, sino también manipular procesos internos y liberar a terroristas para mantener el poder. Mencionó audios que sugieren pagos para influir en jueces y fiscales, calificando la situación de "cloacas" y "mafia". También cuestionó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por su silencio ante estas acusaciones y lo describió como un "cartucho quemado".

El Congreso de España ha aprobado con 192 votos a favor la tramitación de una Proposición de Ley del Partido Popular (PP) que busca reformar la normativa sobre seguros agrarios. Esta ley tiene como objetivo ampliar la cobertura para los agricultores y ganaderos, incluyendo no solo daños climáticos, sino también la pérdida de ingresos derivada de la volatilidad de los precios. A pesar del rechazo del PSOE, el PP argumenta que es crucial adaptar el sistema a las realidades económicas actuales del campo español y garantizar la seguridad alimentaria. La propuesta se alinea con las políticas de la PAC y modelos de otros países europeos.

La portavoz del Partido Popular, en un acto en Leganés, criticó a Francina Armengol, presidenta del Congreso, acusándola de mentir sobre la trama de corrupción de mascarillas. Muñoz comparó la defensa del PSOE hacia Armengol con la que se hizo por otros casos de corrupción como los de Ábalos y Cerdán, sugiriendo que podría recibir una ovación en el próximo pleno. Además, cuestionó las alianzas del Gobierno con figuras que degradan la democracia y denunció la falta de valores democráticos en la izquierda. La portavoz también abordó temas como la inmigración y el problema de la vivienda, atribuyendo estos problemas a las políticas del actual Gobierno y defendiendo un modelo liberal para mejorar la situación económica.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, interpeló al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Congreso sobre la presentación de los presupuestos para este año. Criticó al Gobierno por llevar cinco años en "rebeldía presupuestaria" y cuestionó si España seguirá el mismo camino que su predecesora, María Jesús Montero. Bravo destacó la obligación constitucional de presentar las cuentas públicas y acusó al Ejecutivo de Sánchez de aumentar la deuda y los impuestos, afectando a las clases medias. También instó a reformas en la financiación autonómica y un trato más justo hacia los autónomos.

El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno prevé aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, aseguró que utilizarán todos los recursos políticos y jurídicos disponibles, tanto a nivel nacional como europeo, para combatir lo que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de regularizar a quienes cumplen con la ley y advirtió sobre las consecuencias negativas de premiar la irregularidad. Además, criticó al Gobierno por su falta de transparencia respecto a los beneficiarios de esta medida. La postura del PP se alinea con el rechazo expresado por diversas instituciones y comunidades autónomas.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado a la Mesa del Congreso la anulación de un acuerdo que vetó dos enmiendas sobre la ley de multirreincidencia. La portavoz Ester Muñoz argumenta que esta decisión, adoptada el 24 de marzo de 2026, es arbitraria e inconstitucional, ya que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional y limita el derecho de los diputados a ejercer su función legislativa. Las enmiendas, aprobadas por el Senado, buscan reforzar la estructura del Ministerio Fiscal y mejorar la seguridad ciudadana frente a la multirreincidencia. El PP exige que se permita el debate y votación de estas enmiendas en el Pleno del Congreso.

El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, argumentando que es "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás criticó que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo que podría perjudicar a muchas cooperativas y ciudadanos. Además, denunció que el Gobierno prioriza la "aritmética parlamentaria" sobre el interés general, creando una norma incoherente que genera inseguridad jurídica. El PP aboga por una economía social basada en resultados y ha presentado propuestas para mejorar la ley, destacando la necesidad de reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica en el sector. También expresó su preocupación por el impacto negativo en cooperativas agroalimentarias y sociedades agrarias.

Héctor Palencia, portavoz de Transportes del GPP, critica al presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, por tardar 65 días en comparecer ante la Comisión de Transportes y solo dedicar 10 minutos a explicar el accidente de Adamuz. Palencia califica esta breve intervención como un "escándalo" y un "insulto" a las víctimas y sus familias. Exige respuestas sobre la falta de información y responsabilidades políticas, cuestionando la gestión del Gobierno en materia ferroviaria. Además, denuncia la ocultación de datos relevantes y la falta de medidas para garantizar la seguridad en el sistema ferroviario español.

Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, ha criticado a la ministra de Sanidad, Mónica García, por sus ataques e insultos hacia los médicos durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. Fúnez defendió la labor de los médicos, quienes se dedican a curar y cuidar a los pacientes, y acusó a García de crear problemas en lugar de solucionarlos. Además, advirtió que pronto podría referirse a los médicos como "fachas con bata". También mostró su solidaridad con los pacientes afectados por las citas canceladas y celebró un acuerdo en Andalucía para beneficiar a 130,000 profesionales del sector sanitario.